Pena de muerte

El pasado 19 de enero, Pablo Ibar volvió a ser condenado por un jurado en Fort Lauderdale (Florida) como supuesto coautor de un triple asesinato y no es descartable que se le imponga la pena de muerte, si bien no se trata de una sentencia firme y será, seguramente, recurrida.

En estas líneas no se analizarán las vicisitudes del caso ni la aparente endeblez de las pruebas en que se basó la condena de Ibar, sino la vigencia, en 30 estados norteamericanos y en los códigos penales federal y militar, de la pena capital, aplicada en 2018 a 25 condenados en ocho estados (13 en Texas; tres en Tennessee; dos en Florida, Georgia y Alabama, y una en Ohio, Nebraska y Dakota del Sur), algo que contrasta con Europa, donde únicamente está vigente en Bielorrusia (dos ejecuciones en 2017) y Rusia (sujeta a moratoria desde 1996). La abolición de la pena de muerte, de iure o de facto, es necesaria para ingresar en el Consejo de Europa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama, en su artículo 2.1, que “nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado”. Otro contraste con Europa lo ofrece Japón, donde fueron ejecutadas 15 personas en 2018, el número más alto, junto con el correspondiente a 2008, en los últimos 25 años.

Volviendo a Estados Unidos, los recursos presentados por los condenados a la pena capital sirvieron para que el Tribunal Supremo introdujera algunas modulaciones a las reglas de imposición y aplicación: en el famoso asunto ‘Furman v. Georgia’, de 1972, concluyó que era inconstitucional la discrecionalidad reconocida a los jurados porque se aplicaba de manera discriminatoria contra las personas de raza negra, pero en ‘Gregg v. Georgia’, de 1976, avaló las nuevas garantías procesales establecidas en ese Estado.

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En ‘Payne v. Tennessee’, de 1991, revocó una doctrina anterior contraria a tener en cuenta información sobre el carácter, la reputación o la familia de la víctima y basada en que todas las víctimas son iguales; dicho cambio originó castigos más duros para ciertos delitos y procesos más emocionales, y ello a pesar de estar documentado que en ciertos estados del Sur la combinación ‘acusado negro-víctima blanca’ aumentaba exponencialmente las condenas a muerte.

Hasta 2002 (‘Atkins v. Virginia’) y 2005 (‘Roper v. Simmons’), el Supremo de EE. UU. no declaró la inconstitucionalidad de la pena de muerte por los delitos cometidos por personas con discapacidad mental o siendo menores de edad, y hasta 2008 (‘Kennedy v. Louisiana’) que tampoco es constitucional imponerla en ausencia de delito de homicidio. También es inconstitucional un método de ejecución si implica un riesgo de daño sustancial en comparación con un método alternativo conocido y disponible, pero corresponde al condenado la carga de la prueba (‘Glossip v. Gross’, de 2015). Finalmente, y puede ser relevante para Pablo Ibar, es el jurado, y no el juez, el que debe determinar si existen factores agravantes para la imposición de la pena de muerte (‘Hurst v. Florida’, 2016).

Este sombrío panorama legal y jurisprudencial, agravado si cabe con los no infrecuentes errores judiciales, sigue contando en Estados Unidos con respaldo social mayoritario (60%, según Gallup en 2016) y no han hecho mella relevante ni la negativa de laboratorios farmacéuticos europeos a suministrar productos que se usan para la inyección letal ni las condenas del Tribunal Internacional de Justicia por no respetar los tratados que garantizan el derecho de los detenidos extranjeros a ser asistidos por autoridades consulares de su país. A pesar de todo, y como dice Bryan Stevenson, promotor de Equal Justice Initiative, frente a esta pena es obligado “seguir tocando el tambor de la Justicia”.

Artículo de AGENDA PÚBLICA en la web de EL PAÍS

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