Pensiones: derogar el índice de revalorización tiene costes

El Gobierno ha aprobado un real-decreto Ley (28/2018) para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y empleo. Manejó hasta el último momento la decisión de derogar el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP), en vigor desde 2013 como fórmula de actualización anual de estas prestaciones. La propuesta inicial, desechada según los medios de comunicación la víspera de su aprobación, sustituía el IRP por la tasa media anual del IPC medida de diciembre a noviembre.

Al final, el real-decreto ley, en su Disposición Adicional Primera, incluye una declaración de intenciones con criterios no demasiado precisos, estableciendo que «el Gobierno adoptará en los próximos seis meses las medidas necesarias para modificar la norma actual (IRP) y establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social».

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La medida de actualizar las pensiones con el IPC cumple con un objetivo deseable (mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en cualquier situación social y económica), pero también incorpora un riesgo cierto de incremento significativo del gasto (entre tres y seis puntos del Producto Interior Bruto, dependiendo de la evolución futura de la actividad económica, como se puede ver aquí, aquí y aquí) y de ampliar el actual déficit si no se acompaña de otras medidas adicionales de aumento de ingresos o de moderación de crecimiento del gasto. En este punto, conviene recordar que la tasa de reposición española (último salario/pensión) es la más alta de la zona euro y supera en casi 30 puntos la media de los 19 países que la componen.

Del IRP se ha hablado mucho; habitualmente, con poco conocimiento de causa o, directamente, con fines distintos al de explicarlo correctamente a la sociedad. Una de las justificaciones para su derogación es la demanda de los pensionistas movilizados ante la perspectiva de ver disminuido su poder adquisitivo de forma continuada.

Esta afirmación no se ajusta a la realidad: en primer lugar, porque las pensiones han mantenido el poder adquisitivo en el periodo de aplicación del IRP (2013-2017), pero sobre todo porque esta fórmula, a pesar de la antipatía que puede provocar su presentación matemática magnificada desde algunos sectores, se limita a ser una restricción presupuestaria que obliga a igualar los ingresos y gastos del sistema de pensiones. Así, aunque el mensaje más habitual trasladado por buena parte de los representantes políticos y agentes sociales (y comprado por los medios de comunicación) es que el IRP condenaba a las pensiones a perder poder adquisitivo con subidas del 0,25% anual, el incremento mínimo aunque el sistema tuviera déficit), lo cierto es que si un Gobierno (con el apoyo del Parlamento) quería subir las pensiones por encima de ese porcentaje, lo único que tenía que hacer era inyectar los ingresos necesarios para conseguir el equilibrio financiero. La fórmula no impone ni niega ninguna decisión, sólo reclama la responsabilidad de la política de no incurrir en deudas excesivas a futuro.

El sistema contributivo de la Seguridad Social, en el que la mayor parte del gasto corresponde a pensiones, finalizará 2018 con un déficit cercano al 1,7% del PIB (en torno a 19.000 millones de euros). Un déficit que, conviene recordar, es en buena parte resultado de la decisión de la sociedad española de proteger a los pensionistas durante la última crisis, en la que se mantuvo el poder adquisitivo las pensiones vigentes, se aumentó el número de pensiones (+14,8%) y su cuantía media (+19%, después de deducir la inflación), con la contrapartida de aumentar el gasto en este capítulo en 42.900 millones de euros nominales (+4% del PIB).

El déficit en el que se incurrirá en 2018 obligará a utilizar una parte del Fondo de Reserva (en torno a 7.000 millones) y será necesario emitir una cantidad nada despreciable de deuda pública (10.592 millones de euros). El déficit señala la dimensión del esfuerzo que se debe hacer para elevar las pensiones por encima del 0,25% sin cargar de deuda a las futuras generaciones.

En estas circunstancias tan delicadas, el real-decreto aprobado declara su intención de mejorar los ingresos e incorpora una serie de medidas para mejorar la recaudación: incremento de la base máxima (7%) y de la base mínima del Régimen de Trabajadores Autónomos (1,2%), que se suman al aumento de la base mínima de cotización de los trabajadores asalariados asociada a la mejora del Salario Mínimo Interprofesional (22,3%). Entre las repercusiones de estas medidas, no todas positivas para la coherencia del sistema y el mercado laboral (como el incentivo de los falsos autónomos, al establecer una base mínima de cotización inferior a los autónomos respecto a la de los asalariados), se prevé un aumento de la recaudación vía cuotas de aproximadamente 2.000 millones de euros.

Desafortunadamente, es una cantidad pequeña para las necesidades del sistema porque el déficit en 2019 no va a variar mucho del incurrido en 2018, ya que el gasto en pensiones aumentará en 6.500 millones de euros (más pensiones, revalorización anual con el IPC de las pensiones vigentes, subida de las mínimas en un 3% y elevación de la base reguladora de las de viudedad desde el 56% al 60%) y la evolución anual de los ingresos difícilmente superará los 7.000 millones, incluyendo los 2.000 millones mencionados anteriormente.

Se necesitan, por tanto, más medidas para abordar el abultado déficit. Una puede ser traspasar recursos desde impuestos o de otras cotizaciones, pero hay que tener en cuenta que entonces, como contrapartida, otras administraciones aumentarán su déficit y el agregado de las cuentas públicas se mantendrá como uno de los más altos de la zona euro.

Una cuestión que genera cierta perplejidad es la inquina mostrada por algunos partidos y organizaciones sociales al IRP y su firme y declarado compromiso de acabar con el déficit de la Seguridad Social. Sorprende su actitud porque, en el caso de no existir déficit en el sistema, la revalorización anual de las pensiones con el IRP estaría incluso por encima a la conseguida con el IPC (más cerca de la productividad nominal del trabajo). Sus críticas continuadas, sustentadas en débiles argumentos, parecen más bien obedecer a una cacería contra algo (el IRP y el Factor de Sostenibilidad) por el hecho de haber sido aprobado por otros y no por los nuestros.     

Alguien podría, de forma malévola, pensar que la derogación del IRP forma parte de una operación cortoplacista para contentar a 10 millones de votantes sin tener en cuenta los intereses de las siguientes generaciones, que pueden verse sujetas a la pesada carga de una deuda acumulada por déficits no resueltos en tiempo y forma. Su sesgo hacia la defensa de la suficiencia de las pensiones parece olvidar la defensa de la necesaria equidad individual y entre generaciones que debe tener un sistema de pensiones; no sólo para ser sostenible financieramente, sino sobre todo para legitimarse socialmente.

No conviene descartar, sin embargo, que la próxima crisis obligue al Gobierno de turno a tomar decisiones impopulares (también en el apartado de pensiones), al mantener un déficit estructural demasiado elevado y no disponer de márgenes fiscales para enfrentarse a problemas de financiación de una deuda pública demasiado elevada (la actual supera el 96% del PIB, cuando en 2007 era del 37%).

De acontecer este (no deseable) suceso, se pondría de manifiesto que acceder a la pensión no garantiza inmunidad frente a los acontecimientos negativos de la economía española, como parecen querer transmitir algunos discursos. Por eso, para evitar que ocurran, puede ser mejor idea buscar ahora una solución para diseñar un gasto en pensiones razonable que beneficie a todas las generaciones, combinando suficiencia y equidad mediante un reparto de los esfuerzos entre los actuales pensionistas (revalorización), los futuros (tasa de reposición) y el resto de la sociedad (impuestos).

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