Políticas anticorrupción en un contexto de pandemia

Han pasado ya nueve meses desde la declaración, por parte de la Organización Mundial de la Salud, de la pandemia de Covid-19 y, sin embargo, el desafío de gestionar políticas públicas para combatirla de forma transparente sigue estando muy presente en muchos países, y en especial en Latinoamérica. El destino de las ayudas estatales, las compras y contrataciones realizadas por el procedimiento de emergencia, junto a la adquisición y distribución de las dosis de las próximas vacunas son algunas de las cuestiones que han hecho sonar las alarmas en materia de anticorrupción. Y no es un asunto menor, ya que a la larga cuestionan la capacidad de las democracias y sus gobiernos para dar respuestas inmediatas y transparentes ante coyunturas especiales que afectan a los derechos de los ciudadanos.

Existen numerosas convenciones y tratados internacionales y regionales, e iniciativas de colaboración entre gobiernos y sociedad civil (entre otras, Open Government Partnership y Open Contracting Partnership) que promueven la elaboración y ejecución de planes o estrategias para definir los lineamientos y parámetros de un país en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública. Además, desde hace algunos años varios países han comenzado a implementar estrategias y planes nacionales anticorrupción: Reino Unido, Perú, Argentina y Colombia, entre otros.

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La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) promueve, en su artículo 5, su prevención mediante políticas coordinadas y eficaces que faciliten la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la Ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas, entre otros aspectos. Este artículo es lo suficientemente amplio para que cada Estado diseñe su propia estrategia, pero también lo suficientemente específico para incluir aquellas cuestiones fundamentales para el éxito de una estrategia.

No es la única herramienta. La Recomendación de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también hace hincapié en la necesidad de que cada país elabore un enfoque estratégico, adecuado a sus particularidades pero con datos empíricos que permitan fijar objetivos y prioridades para un mejor seguimiento de las metas propuestas. En este sentido, el análisis de Mariana Prats y Federico Bohem advertía de los riesgos de la corrupción y los desafíos que teníamos por delante. Asimismo, en la Agenda 2030 el objetivo 16º trata de la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, las cuales no pueden desarrollarse si prevalece la corrupción y el crimen organizado.

Este año, frente a los desafíos que la pandemia ha generado, el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G-20 elaboró los Principios de Alto Nivel para el desarrollo y la implementación de Estrategias Nacionales Anticorrupción. Este documento recoge las distintas herramientas y experiencias de implementación de esas estrategias nacionales en distintos países y plantea algunas líneas de trabajo para alcanzar el objetivo.

Si bien las estrategias nacionales pueden variar entre países, ya que deben responder a distintas realidades sociales, económicas y culturales, existen algunos puntos a ser tenidos en cuenta en su elaboración y su implementación:

1. Debe ser una política de Estado. El compromiso con el cumplimiento de los objetivos de la estrategia debe estar garantizada por los más altos cargos públicos.

2. Debe elaborarse sobre la base de datos concretos y plantear metas medibles y alcanzables a medio y largo plazos.

3. Los objetivos deben ser más que la sumatoria de metas a alcanzar. La estrategia debe fortalecer la sinergia intergubernamental y la sustentabilidad de esos objetivos.

4. Es muy importante que, por lo menos en algún momento del proceso de elaboración, la sociedad civil sea convocada y escuchada, y que puedan plantear aportaciones para enriquecer la estrategia.

5. Realizar un seguimiento (monitoreo) de los objetivos cumplidos y comunicarlos en forma eficiente. La sostenibilidad de la estrategia radica en mostrar los avances y las dificultades de forma transparente.

6. Incorporar la cooperación internacional en materia de lucha contra la corrupción como un mecanismo de apoyo y fortalecimiento para la gobernabilidad y el desarrollo socio-económico de los países.

Ahora bien, como se ha visto, las herramientas están y existen desde hace un tiempo. Por tanto, el desafío que tienen nuestros gobiernos es garantizar, a través de estos instrumentos, la gobernabilidad democrática. En este sentido, entre varias de las soluciones mencionadas, la elaboración de una estrategia y plan nacional anticorrupción por parte de los gobiernos puede ayudar a prevenir posibles actos de corrupción y facilitar los procesos de toma de decisiones. Esto es así porque favorece la coordinación intergubernamental y promueve la rendición de cuentas y la participación informada de la ciudadanía.

Gestionar en un contexto de pandemia permanente ha sido un reto inesperado para los gobiernos, pero debe servir de aprendizaje de que se puede gestionar de forma transparente aun en un contexto de emergencia continuada. La pandemia ha puesto sobre la mesa, una vez más, la urgencia de contar con políticas anticorrupción.

Además, fomentar y fortalecer la cooperación internacional en la materia entre países y organizaciones es fundamental para asegurar el camino hacia un desarrollo inclusivo y sostenible. Lamentablemente, no será ésta la última crisis mundial. Sin embargo, tenemos experiencias y herramientas suficientes para fortalecer la lucha contra la corrupción. El desafío existe; la oportunidad, también.

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