¿Por qué quieren eliminar las medidas contra la violencia de género?

Vox anunció que no apoyará el pacto de gobierno en Andalucía entre PP y Ciudadanos si no se eliminan los apoyos para luchar contra la violencia de género. En concreto, exige a PP y Cs suprimir el punto 84 de su acuerdo: “Impulsaremos un Gran Acuerdo contra la Violencia de Género en Andalucía que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018, a fin de acabar con esta lacra social”.

Este partido se opone así a dotar de presupuesto las medidas contra la violencia de género recientemente adoptadas en Andalucía y España, sin mucha más argumentación que negar que la violencia de género sea un problema o la invención de que los hombres puedan sufrir discriminación o violencia de género. Pero ¿qué suponen estas nuevas normas? ¿qué implicaría su eliminación? y ¿por qué se oponen a ellas o quieren diluirlas en una amalgama de violencias?

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La ley integral andaluza contra la violencia de género, Ley 7/2018, de 30 de julio, modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género con el objeto de incorporar a la legislación andaluza las novedades introducidas por el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, de 11 de mayo de 2011, ratificado por España en 2014, otras Directivas europeas y leyes nacionales recientes, así como las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017 por todos los partidos políticos, también PP y Ciudadanos.

Tanto la Ley andaluza contra la violencia de género, como el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, lo que hacen es incluir algunas de las medidas propuestas por el Convenio de Estambul. Se amplía así el concepto de víctima y la tipificación de las agresiones hacia las mujeres, y se considera violencia de género, los crímenes fuera de la pareja o expareja que tengan como base la discriminación por motivos de género, incluyendo así casos recientes de asesinatos de mujeres por hombres con los que no habían tenido ninguna relación sentimental, y que hasta ahora se encontraban excluidos. También introduce la violencia vicaria, como aquella ejercida sobre los hijos e hijas, personas con discapacidad o en situación de dependencia que estén sujetos a tutela o guarda y custodia de la mujer maltratada.

La ley andaluza considera víctima a cualquier mujer en territorio andaluz, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, e incorpora el derecho a recibir atención adecuada sin previa interposición de denuncia siempre que exista un informe de los servicios sociales, sanitarios o del ministerio fiscal o un atestado de la policía. Con esta medida se pretende proteger a muchas mujeres que no denuncian. En España hubo 47 mujeres asesinadas por violencia de género en 2018, pero solo 14 habían denunciado. Asimismo, tiene en cuenta la especial situación de las mujeres con discapacidad, aquellas que residen en zonas rurales, las jóvenes y las que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Se tipifica la explotación sexual, la prostitución o la ciberviolencia como formas de violencia contra las mujeres y se garantiza la atención a las prostitutas y víctimas de trata y un plan para su erradicación. Se prohíben actos que promuevan la discriminación o inciten a la prostitución, las campañas publicitarias que usen el cuerpo de la mujer como reclamo o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación de las mujeres.

Incluye también, como eje central, medidas para reforzar “la coeducación”. La administración educativa andaluza integrará la igualdad de género en el diseño y desarrollo curricular de las diferentes etapas educativas, incluyendo conocimientos sobre la contribución histórica de las mujeres, la corresponsabilidad en el ámbito doméstico, resolución pacífica de los conflictos y prevención de la violencia de género. Una comisión de personas expertas revisará los contenidos de los libros de texto y materiales curriculares y se dará formación en igualdad al profesorado. Por último, la norma andaluza hace especial hincapié en la formación obligatoria “del personal responsable de la atención a las víctimas de violencia de género”.

De manera que la nueva legislación andaluza, al igual que la estatal, trata simplemente de adaptar nuestra normativa a las europeas e internacionales, armonizando las definiciones de víctimas y los mecanismos de protección de las mismas. Derogar la ley andaluza supondría, por tanto, distanciarnos del resto de países avanzados de nuestro entorno y volver atrás en la lucha contra la violencia de género.

La petición de eliminar estas medidas no puede deberse a una exigencia de no aumentar el gasto público. La ley andaluza contra la violencia de género no cuenta con una dotación presupuestaria adicional. Por una parte, 15,3 millones de euros proceden del pacto estatal a través del sistema de financiación. Por otra parte, los presupuestos andaluces de 2019, prorrogados del ejercicio anterior, cuentan con una partida de 4,3 millones de euros para la dirección general contra la violencia de género y 41,9 millones de euros para el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer. Este presupuesto no es superior al de años anteriores, como podemos ver en el gráfico 1, el importe destinado a estas partidas se mantiene estable desde 2013. En 2019, las dos partidas representan el 0,133% del presupuesto total de Andalucía, menos de una centésima más que el presupuesto de 2008. Es decir, por cada 100 euros del presupuesto andaluz, únicamente 13 céntimos se dedican a acciones de protección contra la violencia de género y acciones para la igualdad de género.

En cuanto al presupuesto estatal, este se redujo considerablemente durante los años de crisis (ver gráfico 2). El presupuesto para políticas de igualdad cayó a la mitad a partir de 2012 y nunca ha llegado a recuperarse. El presupuesto destinado a la violencia de género descendió en un 25%, lo que condujo, por ejemplo, en España a una bajada considerable en el número de mujeres con protección policial, según el estudio realizado para Naciones Unidas de Gálvez y Rodríguez (2014). El Presupuesto General del Estado de 2018, y la prórroga para 2019, incorporan la dotación de 200 millones de euros para su aplicación, de los que 80 corresponden a la Administración central y el resto a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 43 millones de euros se destinan al Ministerio del Interior para la protección de las víctimas. El Ministerio de Justicia recibe una partida de 13,6 millones para los juzgados de Violencia sobre la Mujer (4,5), asistencia jurídica gratuita (4,2) y unidades de valoración forense (3,8). Así como 7,4 millones para la renta activa de inserción de víctimas de violencia de género y 4,9 millones a mejorar las pensiones de orfandad, que actualmente reciben del estado una pensión de solo 160 euros al mes.

Ante este atentado de Vox contra las leyes de violencia de género, la respuesta del PP ha sido, por ahora, la concesión de volver a su vieja terminología de violencia doméstica o intrafamiliar, concepto absolutamente distinto al de violencia de género. La violencia doméstica es la que se produce en la casa, el hogar, y la puede ejercer y sufrir cualquiera de los miembros del núcleo familiar. Mientras que la violencia de género, según el convenio de Estambul, es una manifestación del desequilibrio histórico entre las mujeres y los hombres, que ha conducido a la discriminación de las mujeres. La violencia de género tiene causas estructurales muy diferentes de las motivaciones que hay detrás de otros tipos de violencia y, por tanto, requiere medidas y políticas específicas para lograr su erradicación. Integrar la violencia de género con otras formas de violencia solo escondería su verdadera dimensión e impacto y conduciría a un mal diseño de políticas públicas para combatirla.

De manera que la petición de Vox nos alejaría de la normativa de los países de nuestro entorno, haciéndonos retroceder en los avances logrados en materia de derechos humanos, y no supondría ninguna reducción de gasto significativa. Por tanto, solo puede entenderse asociada al auge del ataque a la igualdad y los derechos humanos como uno de los elementos fundamentales de la agenda ultraconservadora, ya sea en Andalucía, en los Estados Unidos de Trump o en el Brasil de Bolsonaro. Como muestra un estudio reciente de la UE sobre la geografía del descontento europeo, la falta de oportunidades de empleo en territorios que han sufrido gravemente la crisis o en declive constituye el caldo de cultivo perfecto para los sentimientos antisistema y el voto a la ultraderecha. Con este tipo de órdagos y atentados contra los avances en igualdad, los partidos ultraconservadores sencillamente pretenden explotar este descontento social con la situación económica y social actual para captar a los votantes insatisfechos, ofreciéndoles volver a épocas mejores. Aquellas en las que los varones tenían un empleo que les permitía “mantener” a la familia y, sobre todo, les otorgaba una posición social, dominante por encima de otros, y la violencia de género simplemente no existía porque no se nombraba.

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