Por un plan nacional de prevención del suicidio

Cada día se suicidan en España 10 personas, duplicando a las muertes por accidentes de tráfico. Este problema, que no se limita a nuestro país, se visibiliza cada 10 de septiembre desde 2003, cuando la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio lo fijó como Día Mundial. Pese a ser un fenómeno silenciado, existe un consenso académico e institucional que lo define como la acción consciente e intencional de una persona de quitarse la vida, tenga éxito o no. Es decir, incluye su ideación, planificación y ejecución.

En general, el suicidio es un fenómeno relativamente numeroso y heterogéneo en cuanto a sus causas y a las personas que lo llevan a cabo. Por un lado, es un fenómeno multi-causal. Entre los múltiples factores de riesgo que empujan a alguien a cometerlo, los principales son el estado de salud mental, el nivel de facilidad de acceso a medios para el suicidio, la violencia de género, la vulnerabilidad social o la pertenencia a colectivos de personas migrantes, refugiados o del colectivo LGTBIQ. Además, es transversal: se produce en diferentes edades, géneros y rentas, sin perjuicio de que aumente si se añaden intersecciones como el país de origen. 

Frente a un problema tan enrevesado, surge la pregunta: ¿cómo le hacemos frente? Las políticas de prevención surgen en los años 90, con Finlandia como pionera. En 1996, la ONU publicó una guía al respecto. Años después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó un Plan de Acción de Salud Mental con el objetivo de rebajar un 10% la tasa de suicidios de cada país para 2020. Cinco años antes, esta meta se incluyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte del tercer objetivo (salud y bienestar).

Hoy son más de 40 países los que cuentan con estrategias nacionales de prevención, siendo Suecia el que tiene el objetivo más ambicioso: lograr que nadie se suicide. Su política de Cero Suicidios se centra en lograr que nadie se encuentre en una situación de vulnerabilidad tal que lo considere como la única salida. Esta política, diseñada por la Agencia de Salud Pública Sueca y aprobada por consenso en el Parlamento de este país, pone de manifiesto la centralidad en la que varios partidos políticos suecos han querido poner el suicidio como problema que hay que resolver. Los principales ejes del plan se centran en mejorar las oportunidades de los menos privilegiados, reducir del consumo de alcohol entre la población, restringir el acceso a instrumentos de suicidio y reforzar su consideración como un asunto que tienen que tratar psicólogos. En ese sentido, Suecia ha puesto el énfasis en aumentar las habilidades de los trabajadores de los servicios sociales para identificar tendencias suicidas y sus causas, para ser así capaces de poner en marcha medidas preventivas. Además, existe un importante apoyo tanto el sector público como del privado a las ONGs que se dedican a la prevención de esta lacra.

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El principal logro de esta política ha sido conseguir eliminar el estigma del suicidio en Suecia. Además, ahora se comprenden mejor los factores que fomentan las actitudes suicidas y, por tanto, se pueden hacer mejores políticas públicas de reducción de dichos factores. Por su lado, los ciudadanos conocen mejor los mecanismos de protección que pueden poner en marcha al identificar estas tendencias en su entorno.

¿Y cómo vamos en España? En nuestro país se producen casi nueve suicidios por 100.000 habitantes, menos que la media europea, de alrededor de 11. Sólo dos territorios, Galicia y Asturias, superan la media europea, con una tasa de 13 y 12 respectivamente. Como hemos señalado, cada día se quitan la vida 10 personas en nuestro país, y eso sin tener en cuenta la potencial subestimación de casos por problemas de registro. De hecho, se estima que lo intentan 200 personas al día

Aunque, en general, los datos sean mejores que la media europea, siguen siendo preocupantes. Primero, porque el suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Y segundo, porque salimos malparados al compararnos con nuestros socios europeos con condiciones socio-territoriales similares; por ejemplo, Grecia, que, con solo cinco suicidios por cada 100.000 habitantes, es el Estado miembro con menor incidencia. Por tanto, sería razonable situar dicha tasa como objetivo realista para España. Para ello necesitamos una política pública ambiciosa a nivel estatal.

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De momento, la única actuación a este nivel fue la publicación, en 2011, de la ‘Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida’ por parte del Ministerio de Sanidad; pero, a 2020, seguimos sin un plan nacional de prevención. Y ello pese a recomendaciones de la OMS o del Congreso de los Diputados, que a través de su Comisión de Sanidad ya ha instado al Gobierno a aprobarlo, por unanimidad y hasta en dos ocasiones (2012 y 2017). De momento, solo algunas comunidades autónomas se han empezado a tomar en serio este problema. Una de las pioneras fue Navarra, en 2014, con su protocolo de prevención y actuación ante conductas suicidas. Cataluña, Euskadi, la Comunitad Valenciana, Galicia, Asturias, las dos Castillas y Extremadura también han puesto en marcha políticas públicas en ese sentido.

Pese a los esfuerzos de las administraciones autonómicas, un plan estatal es hoy más necesario que nunca. Y ello porque, al igual que se observó un repunte de suicidios en España durante la crisis económica de 2008, ahora podría suceder lo mismo; o peor. Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) no vaya a publicar los datos de suicidios de 2020 hasta dentro de dos años, desde el Teléfono de la Esperanza aseguran que nunca, en sus 50 años de historia, habían recibido tantas llamadas. 

Instituciones como el Defensor del Pueblo recomiendan tomar una primera medida urgente: contratar a más psicólogos para nuestra Sanidad y, así, aumentar la ratio por habitante. De momento, contamos con seis psicólogos por cada 100.000, tres veces menos que la media europea. Es hora de que el Gobierno de España asuma el suicidio como una prioridad y lo aborde con las políticas públicas necesarias; no sólo para evitar un repunte como el de 2009, sino para bajar el número de víctimas a la mitad y llegar a cifras como las de Grecia. Como país, podemos acabar con estas muertes evitables. Ya lo logramos con los accidentes de tráfico: de 10 fallecimientos diarios en 2006 pasamos a cinco desde 2011. Pongámonos manos a la obra.

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