Post-‘Brexit’ y mercantilización de la salud

La disforia subsiguiente a la formalización del Brexit comienza a mostrar sus efectos menos emotivos y más prosaicos. Esto se corresponde con un creciente interés por optimizar negocios a ambos lados del Atlántico Norte. Business is business. Y, de esta forma, auspiciados por los deseos de Boris Johnson en pos de una asociación comercial con los Estados Unidos de Donald Trump que sustituya a su anterior alianza con los socios de la UE, se trata ahora de maximizar los potenciales beneficios de una progresiva mercantilización de la salud y la atención sanitaria.

La Administración de Washington y las élites económicas apoyadas en el sector sanitario-farmacéutico pretenden un acceso sin restricciones a los registros de 55 millones de británicos del universal y público Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés), cuya utilización podría valorarse en 10 millardos de libras esterlinas. Según la información aparecida en The Guardian, durante el año pasado se mantuvieron reuniones más o menos discretas en las que se trató de negociar la adquisición, por parte de la industria farmacéutica estadounidense, de la mayor cantidad de información médica disponible y digitalizada de los usuarios del NHS británico.

En realidad, el Departamento de Salud y Asistencia Social de los últimos gobiernos conservadores británicos ha estado vendiendo datos médicos de millones de pacientes del NHS no sólo a compañías farmacéuticas estadounidenses, sino también a otras multinacionales, y ha engañado al público asegurando que dicha información era anónima. Resulta, sin embargo, que han surgido dudas sobre si esto es así. Como ha asegurado el profesor Eerke Boiten, de la Universidad De Montfort, “la respuesta es que no es anónima. Suprimir o hacer opacos algunos identificadores, como por ejemplo el nombre del paciente o su número de NHS, no resulta automáticamente en una anonimización de su historial. Basta con tu registro médico con las incidencias biográficas para marcarte durante el resto de tu vida”.

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Considérese que los datos vendidos por altas sumas de dinero pueden re-vincularse rutinariamente con los historiales clínicos de los pacientes a través de los datos disponibles en las consultas de atención primaria. De éstas puede obtenerse una comprensiva e ingente cantidad de información de millones de sus pacientes. Como consecuencia, el NHS ha sido cuestionado por malas prácticas con la venta de historiales médicos. No hay, además forma eficiente para controlar quién los posee y utiliza, material de potencial rentabilidad no sólo para la industria farmacéutica, sino también para aquellas mutuas con ánimo de lucro que optimizan la profusa realización de pruebas médicas en virtud de los historiales de sus pacientes.

Tampoco sería de extrañar que la AIC (la Comunidad de Inteligencia Americana, en sus siglas en inglés), controlada políticamente por el Ejecutivo estadounidense, pudiera haber accedido ya a informaciones médicas sensibles por motivos de seguridad nacional. El propio Edward Snowden afirma en su muy recomendable libro ‘Permament record’ (Vigilancia permanente) que internet es fundamentalmente estadounidense: “La WWW (World Wide Web) puede que se inventara en el Cern de Ginebra (Organización Europea para la Investigación Nuclear) en 1989, pero los modos de acceso a la red están controlados por EE.UU. […] Más del 90% del tráfico de internet se realiza a través de tecnologías desarrolladas, de propiedad y operadas por el Gobierno y corporaciones estadounidenses”.

Relacionada de algún modo con lo anterior está la reciente noticia sobre las actividades desencriptadoras de la CIA aireada en medios como The Washington Post y las cadenas televisivas ZDF y SRF, y según la cual los servicios de inteligencia de EE.UU. y Alemania habrían espiado sistemáticamente a otros gobiernos durante décadas.

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Las muy avezadas compañías médicas y farmacéuticas estadounidenses saben que la rentabilidad futura del uso de la información de los pacientes británicos puede reportarles pingües beneficios. Un repaso breve y general a la situación sanitaria en EE.UU. ayudará al lector a calibrar la envergadura de las cifras e intereses económicos en juego. En 2017, el gasto sanitario en Estados Unidos alcanzó los 3,5 billones de dólares (o sea, millones de millones en nomenclatura española), lo que supone más de doble del promedio de gasto en otros países desarrollados.

De estos 3,5 billones de dólares, menos de la mitad (concretamente 1,5 billones) son de financiación pública bajo responsabilidad del Gobierno federal. Un número elevado de estadounidenses dispone de cobertura sanitaria que es financiada privadamente (por los empleadores o por los mismos ciudadanos) y provista o gestionada por compañías privadas. Buena parte de estas últimas son criticadas por los abultados costes involucrados en su asistencia médica.

El sistema tiene reputación de ser ineficiente. Especial atención, además, han recibido los sueldos de los dirigentes de dichas compañías, no pocos de los cuales tienen siete cifras. Según el Tribunal de Cuentas norteamericano (Government Accounting Office), los márgenes de beneficio para los laboratorios de diagnósticos médicos y la industria farmacéutica superaron el 15% en el período 2006-2015.

Por comparar, en España el gasto sanitario supera los 100 millardos de euros (105.000 millones), de los cuales dos terceras partes corresponden al gasto sanitario público (el 6% del PIB, o 70.000 millones de euros). El total se sitúa en el 9% del PIB y está algo por encima de la media de los países de la OCDE, aunque algunos países europeos superan nuestras cifras. Por ejemplo, Francia dedica el 11,5% de su PIB a la sanidad; Alemania, un 11,1%; Reino Unido ,un 9,8%, e incluso nuestro vecino Portugal, el 9,1%.

En cambio, en cuanto al gasto sanitario privado, el de España es de los más altos de la OCDE. La media de este club es del 26,5% del total, y muchos de los países de nuestro entorno se sitúan por debajo. Es el caso de Holanda, con un 19%, Francia, con un 17,1% o Alemania, con un 15,4%. Sólo el gasto sanitario privado representa en España casi el 3% el PIB. En números absolutos, se acerca a los 30.000 millones de euros. Durante el último decenio, ha experimentado una tasa de crecimiento del 2,5%. Si al gasto privado total se suma el procedente de los conciertos (unos 7.700 millones en tratamientos, pruebas y terapias que se hacen para el sector público), el mercado de la sanidad privada ha alcanzado en España una cifra superior los 36.000 millones, equivalente al 3,5% del PIB; es decir, más un tercio del gasto sanitario total.

Pero el sistema universal de salud español, como el de otros países que asumen el modelo social europeo, no es como el de Estados Unidos. Los estadounidenses tienen seguros que pagan mayormente a las compañías médicas privadas a través de su salario y de manera individual. Se calcula que cerca de 50 millones de estadounidenses carecían de cobertura médica antes de implementarse en 2010 el ‘Obamacare’; un 15,7% de la población. Recuérdese que la Administración federal cubre la asistencia sanitaria pública a los mayores de 65 años, con el programa Medicare, y a los pobres, con el Medicaid. Con la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible de Obama se habían producido muchos menos desahucios de ciudadanos que tenían que confrontar el dilema de elegir entre pagar los costes de una estancia hospitalaria o perder su vivienda por no poder cumplir con sus préstamos hipotecarios o sus alquileres.

Trump ha hecho todo lo posible por alinearse con los intereses de los proveedores con ánimo de lucro de la sanidad privada estadounidense. Su intención inicial fue derogar el Obamacare, pero en marzo de 2017 los propios parlamentarios republicanos no se pusieron de acuerdo y la pretendida contrarreforma sanitaria del presidente fracasó en su primer intento legislativo. Posteriormente, y por la vía de un decreto ejecutivo de octubre de 2017, Trump propuso facilitar otros planes de seguros de salud, aunque no incluyesen protecciones garantizadas por el Obamacare original. Los nuevos planes permiten que las pequeñas empresas ofrezcan a sus empleados coberturas de salud menos costosas, pero que no cubren prestaciones y servicios que sí estaban garantizados por el Obamacare (los cuales incluían servicios ambulatorios y de emergencia, cobertura de maternidad o salud mental, pruebas de laboratorio o prescripciones y medicinas). Se facilitó que las empresas con ánimo de lucro volviesen a beneficiarse de la libertad de mercado sanitario.

Las propuestas del ‘welfare’ post-‘Brexit’ en el Reino Unido parten de la premisa de que el ciudadano debe mercantilizar su propia capacidad individual para procurarse el bienestar personal necesario. Los riesgos inherentes a la vida social deben ser cubiertos, en primera instancia, por los propios individuos. La acción de protección del Estado se configura de manera residual, con un tratamiento homogeneizador de derechos y titularidades ciudadanas y que no impida la extensión del negocio sanitario, ahora facilitado por el acceso a los historiales médicos de los pacientes.

Se alinea ello con los propósitos del nuevo proyecto de Presupuesto desvelado hace unos días por la Administración Trump. Los proyectados 4,8 trillones de dólares (nuestros billones, o millones de millones) incidirán en recortes en programas asistenciales y sanitarios como Medicaid, el Programa de Seguros para la Salud Infantil (Children’s Health Insurance Program), Medicare y la Seguridad Social.

Los europeos continentales quedan avisados: el negocio es el negocio. Tras el empuje privatizador de la sanidad, quizá asistamos a un nuevo intento de demolición del Estado del Bienestar respecto a las pensiones. Y es que si el gasto sanitario se sitúa en torno al 9% del PIB, el de las pensiones supera ya la cota del 10% en un número creciente de estados miembros de la UE. Se insistirá en que la situación es imposible de sostener y que los ciudadanos harán bien en prevenir el futuro con la compra de planes privados de pensiones y vejez a bancos y entidades financieras. Todo sea en aras de una más intensa mercantilización, como la de la salud anglosajona post-Brexit.

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