Presupuesto europeo, regiones y agricultura

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, hasta noviembre primer ministro liberal belga, quiere cerrar el Presupuesto de la UE para 2021-2027 aplicando el método de la alambicada política de ese país. Sin partidos nacionales y con seis parlamentos en el que todos gobiernan con y contra todos, fue capaz de ser el único líder francófono en un Gabinete en el que predominaban los nacionalistas flamencos. La llamaban la coalición Frankenstein, pero duró tres años.  

En la política de la UE, los belgas se encuentran como pez en el agua: la práctica de negociar hasta la extenuación seguramente dará buenos resultados, aunque es probable que no en esta cumbre. Sólo queda aún la Presidencia del principal contribuyente neto Alemania, en la segunda mitad de 2020. 

Además, los llamados marcos financieros plurianuales (MFF, en sus siglas en inglés) rara vez comienzan en el año correspondiente. Para empezar, porque buena parte de los fondos del Presupuesto actual (2014-2020) aún no se han gastado. En el caso español, la Comisión Europea se quejó en septiembre pasado de que algo menos de la mitad de los fondos estructurales asignados aún no se habían empleado. También es cierto que éstos, un tercio del Presupuesto europeo, se pueden gastar en los tres años siguientes (regla N+3).

En cuanto a las muy publicitadas reducciones del 12% para la Política de Cohesión y del 14% para la Política Agrícola Común, hay que tener en cuenta la contribución del Reino Unido, que ya no está. Descontando esto, y a precios constantes de 2018, la propuesta total de Michel es de 1.094.000 millones de euros, esto es, 12.000 millones más que lo presupuestado en 2014-2020 para la UE-27. En todo esto hay mucho de presentación y estrategias negociadoras.

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Ya se ha hablado mucho de los ‘Amigos de la Cohesión’, entre los que se incluye España a pesar de convertirse, por la salida del Reino Unido y sus 10.000 millones anuales, en contribuyente neto; y de los habituales cuatro frugales contribuyentes netos escandinavos y neerlandés (esta vez, sin que se les sume explícitamente Alemania y Francia). Es parte de los posicionamientos habituales y viene de lejos.  

Para contentar a los contribuyentes netos, Michel propone una disminución del Presupuesto de la UE de 39.756 millones de la propuesta que hizo la Comisión en mayo de 2018; una leve mejora respecto a la muy controvertida propuesta de la Presidencia finlandesa del Consejo el semestre pasado. 

Ahora bien, las posiciones están más cerca de lo que parece, ya que la propuesta sí concilia los  intereses fundamentales de cada grupo. Se sube mínimamente (2.500 millones) el Pilar 1 de la PAC, que supone otro tercio del Presupuesto europeo total y que es el que da ayuda directa a las explotaciones agrarias, sobre todo a las más industrializadas.

Respecto a la propuesta anterior, Michel aumentó las asignaciones de la Política de Cohesión (los llamados fondos estructurales) para las regiones menos desarrolladas en 4.400 millones, y en 2.700 millones para las regiones en transición. Estas últimas son las que tienen el PIB per cápita por debajo del 100% de la media de la UE, como es el caso de la mayoría de regiones francesas. Por la salida del Reino Unido y el rebufo de la crisis, también es el caso de Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Valencia, Murcia, Baleares y La Rioja. Castilla-La Mancha y Andalucía vuelven por el mismo efecto a estar por debajo del 75% de la media y a la casilla de las autonomías más pobres y, por tanto, con mayor financiación.

Comparación de las asignaciones de los estados miembros (periodo 2014-2020 vs. 2021-27)

Fuente: CPMR. Según la propuesta de la Comisión, a precios de 2018.

De hecho, además de recibir más fondos se ha propuesto una nueva ‘red de seguridad’ para que ninguna estas regiones que pierda más del 35% de la asignación que recibieron en 2014-2020. Si bien es cierto que, en la propuesta original de la Comisión, España llegó a optar (por carambolas ligadas a Polonia y Hungría) a recibir un 5% más en fondos estructurales, lo planteado no es un balance del todo malo.

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Los grandes sacrificados son las regiones competitivas: aquéllas por encima de la media de la UE, como Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra, pero sobre todo muchas de los países más ricos y contribuyentes netos. Recibirían casi un 20% menos. Si bien los representantes de esas regiones ponen en grito en el cielo, ya que con semejante reducción resulta poco viable por los costes de gestión aparejados por usar los fondos europeos, los ministerios de Finanzas de los frugales están encantados.  

Están también contentos porque la mayoría de partidas fuera de Cohesión y Agricultura, como es el caso de Mercado Interior e Innovación (y en cuyas licitaciones estos países tienen más éxito que los del sur) van a ser mucho más importantes, un 25% más, que en el periodo actual. Incluso la Comisión, por lo bajini, está contenta: se avanza en los recursos propios (aquéllos que no están ligados a las contribuciones nacionales y, por tanto, a las tensiones entre contribuyentes netos y beneficiarios), pudiendo llegar hasta el 12% el Presupuesto financiado directamente con tasas medioambientales, IVA y tasas aduaneras externas.

Pero la mayor víctima de la propuesta sobre la mesa es el otro pilar de la PAC, el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (Feader), que ya había sufrido un gran recorte en la propuesta original de la Comisión pero que ahora experimentaría una reducción adicional del 19%. Y no sólo eso: Michel se ha sacado de la manga que sea el Feader, un fondo rural, el que financie los 7.500 millones del Fondo de Transición Justa (una partida para la reconversión industrial de la hulla y la electro-intensiva, como los fondos Miner de antaño), por lo que el recorte real es aún mayor. El Feader, al menos en teoría, no se destina a financiar la producción, sino a la diversificación y modernización de la actividad agrícola, aunque un mínúsculo 5%, denominado Leader, se dedica al desarrollo rural no agrícola. En tiempos de chalecos amarillos en el campo español, es una situación poco recomendable.

De hecho, el Parlamento Europeo ha propuesto que áreas como provincias o condados con una pérdida de población de al menos el 1% por año desde el comienzo de la crisis reciban el 5% del Feader, una iniciativa que vino de líderes políticos y sociales españoles. Michel recogió la fórmula, pero sólo para los estados, como los países bálticos y el este, que también sufren esta sangría, con 500 euros adicionales por persona. Por lo tanto, es una oportunidad para que el Gobierno español lidere esta iniciativa en la UE y, si no es posible, asigne una participación equivalente dentro de los fondos estructurales concedidos a España. La propia Comisión Europea sugería tímidanente esto mismo en su ‘Informe de país’ de 2019, donde se encuentran sus peticiones para que España incluya los nuevos programas 2021-2027.

La vicepresidenta Teresa Ribera, responsable de Transición Justa y Reto Demográfico, anunció en el Congreso que se crearía una Comisión Delegada para este último fin y se convocaría a comunidades autónomas y administraciones locales. Dado que, por desgracia y debido a batallas internas dentro de la Comisión, en 2021-2027 el Feader se ha quitado del marco común de los fondos estructurales y se ha animado al Fondo Social Europeo a que vaya por libre respecto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es más imperioso que nunca que todos los niveles de gobierno sumen esfuerzos. Dado los problemas de España en el diseño y gestión de los fondos europeos, igual sería útil optar al dinero al fondo perdido del nuevo Programa de Reformas Estructurales, para modernizar e integrar mejor las administraciones.

Finalmente, respecto a la propuesta de cooperación transfronteriza (Interreg), si bien se mantiene en su conjunto estable en 7.000 millones (aparte de lo que pase finalmente de los 970 millones para regiones innovadoras, muy queridos por autonomías como Navarra y País Vasco), las nuevas normas propuestas priorizan la asignación de fondos a aquellos territorios donde la mayoría de la población vive a 25 kilómetros de la frontera, lo que no es el caso de las que España comparte con Portugal y Francia.

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