Presupuestos 2019: buenas y malas noticias desde Bruselas

En medio del debate sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez debe presentar sus Presupuestos (circunstancia que analizamos en Agenda Pública con la conclusión de que sí debe hacerlo), la Comisión Europea ha emitido su veredicto sobre el plan presupuestario presentado a todo correr en octubre: suspenso… pero al estilo de las reformas educativas, pasa de curso. Un jarro de agua fría que cae en el equipo económico gubernamental, que aspiraba a pasar con mejor nota después de haber presentado las aclaraciones pertinentes a la carta de la Comisión; y otro jarro de agua fría para la oposición, que llegó a reclamar que la Comisión tumbara el proyecto de Presupuestos antes de que éstos tumbaran a España. Como suele suceder con los jueces salomónicos, ni la euforia del respaldo, ni el varapalo del rechazo, situación en la que la Comisión sitúa exclusivamente el caso de Italia.

No somos el único país que ha recibido un toque de atención: Portugal, Eslovenia, Bélgica y la Francia de nuestro tan admirado Macron han sido obsequiados con la misma calificación; y por detrás de todos, Italia. No es la primera vez que España recibe esta reprimenda. De hecho, desde la puesta en marcha del mecanismo hace cinco años, nuestros Presupuestos sólo han recibido un aprobado, en noviembre de 2017, para unas cuentas de las que en mayo de 2018 -es decir, antes de la moción de censura- ya se sabía que se iban a desviar más de 5.000 millones de euros. Sin embargo, no todo son malas noticias en el escenario presupuestario. Analicemos los pormenores de la situación fiscal que dibuja el dictamen de la Comisión para entender en profundidad su significado.

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En primer lugar, y por primera vez desde 2009, España sale del Procedimiento de Déficit Excesivo, siendo el último país en hacerlo. Esta circunstancia es una buena noticia porque España mantenía hasta este mismo año el mayor déficit público de la eurozona, dudoso galardón de farolillo rojo que ahora cedemos a Italia y a Francia. La salida del Procedimiento de Déficit Excesivo supone cierta graduación de nuestras cuentas, pero también plantea un nuevo marco de exigencias basadas en otro tipo de criterios y, en particular, en lo que se denomina esfuerzo estructural. Y ésta es la razón por la que en 2018 una desviación de cinco décimas de PIB era considerada broadly compliant (aprobado raspado) y una desviación para 2019 de tres décimas es calificada como risk of non compliance (suspenso): porque al pasar del brazo correctivo al brazo preventivo, se ha cambiado el mecanismo de medida y el nivel de exigencia. De mirar el déficit total (2018), hemos pasado a examinar el déficit estructural (ver aquí)y ahí, pese al compromiso de España de una mejora del 0,4%, la Comisión no ha encontrado ningún esfuerzo relevante.

Esta afirmación es cierta, aunque hay que matizarla: España lleva varios años empeorando su déficit estructural y, de mantenerse la tendencia actual, para 2019 habría sido todavía mayor (en concreto, dos décimas mayor). El esfuerzo fiscal que realizan las cuentas de 2019 sirven para compensar ese empeoramiento no previsto, pero no para mejorar la situación. Circunstancia que la Comisión no tiene en cuenta en sus cálculos. De haber mantenido un déficit estructural constante en los Presupuestos de 2018, la mejora de 2019 habría sido de un 0,2% y quizá hubiera válido para aprobar. Pero eso queda en el ámbito de la política ficción.

En segundo lugar, conviene señalar la valoración que la Comisión hace de las nuevas medidas de ingresos, que tanto revuelo han levantado entre los partidarios y detractores del proyecto de Presupuestos. La desviación del déficit que señala la Comisión reparte dos décimas de PIB del lado de los ingresos (unos 2.400 millones de euros menos de los anunciados) y una décima correspondiente a los gastos. Se alinea de esta manera con las estimaciones más bajas de la AIReF, que situaba el peor escenario en unos 2.100 millones de euros. La cifra es bastante plausible y ya se anticipaba que algunos ingresos estaban sobre-estimados, pero quedan muy lejos de los escenarios catastróficos de la oposición, que situaban (en una estimación dudosamente rigurosa) la desviación en más de 4.000 millones de euros, extremo que nadie más ha confirmado.

Vistos los números, vayamos a la letra. Ya señalamos en Agenda Pública la primacía de la política en las valoraciones presupuestarias de la Comisión, que, con independencia de lo que planteen los números, deben entenderse en el contexto de una guerra abierta frente al desafío italiano. Este año, la Comisión tenía que cumplir con el difícil equilibrio de señalar claramente a Italia como incumplidora y, al mismo tiempo, evitar cualquier tipo de trato de favor al resto de países. El impacto que este equilibrio ha podido tener en la decisión de las calificaciones es incierto y difícil de valorar, pero tengan por seguro que ha pesado en este proceso. A fin de cuentas, la Comisión es un órgano político que interpreta las reglas, a veces extraordinariamente confusas, del pacto fiscal; para lo que también hemos pedido una reforma en este blog.

Dicho todo esto, España debe esforzarse en la aplicación de las recomendaciones y ofrecer a la Unión Europea una política fiscal más sólida. Consolidado el necesario y conveniente giro de estrategia (mejorar los ingresos públicos para tener recursos suficientes para las policies, en vez de recortar ingresos y gastos, y salir así del país del 38%), que era lo verdaderamente novedoso de este proyecto presupuestario, toca ahora afinar y ofrecer un marco fiscal de largo plazo más fiable y consistente. En la actualización del programa de estabilidad de 2019-2021 tendremos una nueva oportunidad, que esperemos se pueda aprovechar mejor. Entre hoy y ese día, el Gobierno debe presentar los Presupuestos. Como dijimos al comienzo, no sólo es necesario, sino muy conveniente que lo haga. Y que el Parlamento decida qué país quiere.

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