Primarias en Argentina: hiper-electoralismo coactivo con tintes populistas

Imagínese que una mañana se acerca a tocar la puerta de mi casa el delegado del partido local A. Abro y me pide que vaya al comité a escoger candidatos para las próximas elecciones. “No soy miembro del partido A”, respondo excusándome. Sigue la mañana y tocan otra vez la puerta, esta vez un delegado del partido B, que me ordena concurrir al comité para escoger representantes para las próximas elecciones. Nuevamente, alego: “No soy miembro del partido, gracias”. Una hora después, me tocan otra vez la puerta, esta vez un delegado del partido C. Le respondo -ya sin abrirle la puerta- que no estoy afiliado al partido.

Más tarde. el delegado del partido C viene con un policía y una orden de un juez. Me llevan por la fuerza a votar. Insisto en que no pertenezco a ningún partido y que no deseo participar en ninguna elección interna. “Usted está obligado a participar y concurrir a votar en las elecciones internas de algún partido”, me dice. “Pero esto es una violación a mi libertad”, contesto. A lo cual el policía responde: “Usted siempre tiene la libertad de votar en blanco”. Entonces concurro por la fuerza al comité del partido C y emito un voto en blanco.

Esta escena, en escala agregada, se reproduce en Argentina cada vez que convocan a Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), por medio de las cuales los ciudadanos no partidistas se ven injustamente obligados a concurrir a votar en las elecciones primarias de algún partido político. Se trata de una coacción ilegítima a la libertad personal, y por ello deben ser abolidas. 

Ante este argumento, muchos sostienen que el voto en Argentina es obligatorio para las elecciones a gobernantes, y no por ello se considera que existe una coacción ilegítima a la libertad. Se podría replicar, con John Stuart Mill, que no existe el deber moral de votar, sino el deber moral de hacerlo con responsabilidad, y que el sufragio obligatorio siempre es injustificado.

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Pero no voy a tomar ese camino. Incluso si el voto obligatorio fuera defendible para elegir gobernantes, existen buenas razones para oponerse a él cuando se trata de escoger sólo candidatos partidarios. Así como tengo el derecho a asociarme con quienes estimo conveniente, nadie tiene derecho a obligarme a concurrir a una reunión de una asociación a la que no pertenezco. Esto forma parte de mis libertades básicas. En las elecciones a gobernantes, en cambio, hay otros valores en juego, como el cometido común de elegir un buen gobernante, para el cual -tal vez cabría esgrimir- todos debiéramos contribuir en pie de igualdad. Pero, en las elecciones primarias, este cometido común sencillamente no existe, con lo cual el deber moral de contribuir al bien común desaparece. Elegir candidatos, pues, no es moralmente equivalente a elegir gobernantes, y si el voto obligatorio es de dudosa justificación, muchísimo más cuando se trata de intervenir en asuntos internos de los partidos. Las Paso significan, pues, una coacción ilegítima de la libertad personal. 

Los inventores de esta criatura (gestada en el año 2009) la venden como una “innovación democrática” quirúrgica, que contribuye a democratizar los partidos políticos, a reducir la oferta electoral en las elecciones de primera vuelta presidenciales (ya que las candidaturas deben recibir al menos un 1,5% de votos) y a coordinar las expectativas de los ciudadanos, en un entorno plagado de incertidumbre: ideológica, habida cuenta que las etiquetas partidarias ya no expresan ideas programáticas claras; e incertidumbre electoral, en tanto que la volatilidad imperante no se traduce en ninguna garantía de que se vayan a conseguir las intenciones de voto que arrojan las encuestas, siempre sospechosas de estar sesgadas.

Al cabo ya de de 10 años de su creación, lo cierto es que, aun cuando el número de candidaturas se redujo levemente en las generales (si en 2007, sin Paso, hubo 13 candidaturas, en 2011 hubo siete y en 2015 sólo seis), la oferta de partidos políticos se mantuvo casi constante en las Paso (10 precandidaturas en 2011, 15 en 2015, y habrá nueve en 2019).

Pero más importante que esto, con el tiempo las Paso han dejado de instrumentarse para que los pre-candidatos partidarios compitan entre sí. De hecho, sólo en 2015 se utilizaron para dirimir internas, y no en todos los partidos ni alianzas: sólo Cambiemos y la coalición UNA dirimieron sus candidatos presidenciales en elecciones internas, y El Frente para la Victoria las utilizó únicamente en la provincia de Buenos Aires para gobernador. Pero en 2019 no habrá internas, al igual que no hubo en 2011. Las Paso se han convertido, así, en un ejercicio de ratificación popular obligatoria de las candidaturas que ofrecen los partidos políticos. Cualquier semejanza con la cultura del populismo plebiscitario no es mera coincidencia. 

Los defensores de este sistema alegan que, a pesar de que no se celebran primarias al interior de los partidos y de que sus efectos han sido -por decir mucho- tímidos, éstas siguen siendo valiosas para coordinar las estrategias partidarias. Funcionan como una encuesta que muestra, con credenciales oficiales, la viabilidad electoral de las distintas candidaturas. En función de sus resultados, los candidatos pueden negociar entre sí diferentes alianzas electorales y, de este modo, estabilizar expectativas.

Resulta inquietante observar que una institución que lleva el nombre de ‘primarias’ no sea usada para lo que dice ser su cometido fundamental. Quizá porque los argentinos venimos de siglos acostumbrados -como Humpty Dumpty– a que las palabras tienen el significado que el jefe les da (ya se sabe, los federales no eran realmente federalistas, los liberales en realidad eran conservadores y los conservadores son los que promulgaron la educación laica obligatoria), que las Paso lleven por nombre primarias no parece ser ningún problema, porque llamar a las cosas por su nombre ya no vale nada. Lo que vale, según parece, es la astucia que hay detrás de ellas, al servicio de la coordinación y la financiación de los partidos políticos. Porque, todo hay que decirlo, las Paso son carísimas: este año costarán 4.100 millones de pesos (¡unos 97 millones de dólares!). 

Todas las ideas políticas tienen su sueño noble y su pesadilla. Si el sueño noble de la democracia electoral es -bajo el minimalismo procedimental de autores como Przeworski- elegir en pie de igualdad gobernantes sin derramamiento de sangre y que los gobernantes pierdan elecciones, la pesadilla es una caricatura maximalista de aquello: obligar a los ciudadanos a intervenir en las elecciones partidarias, usar ingentes cantidades de dinero de los impuestos ciudadanos sólo para dirimir asuntos internos de los partidos, vaciar de contenido el carácter programático de los partidos políticos, fortalecer el personalismo de la política y acostumbrar a las personas al ejercicio plebiscitario del poder.

En un país acostumbrado al corporativismo, a la compulsividad de los sindicatos, al populismo en el ejercicio del poder, el Gobierno de turno de 2009 les pidió a los gurús de la democracia criolla (en su mayoría, politólogos que se tomaron demasiado en serio el electoralismo partidista de Sartori) que se juntaran para innovar. Mezclaron un poco de compulsividad sindical, un poco de republicanismo mal entendido, un poco de ‘partidos cartel’ de Peter Mair, un poco de abuso del lenguaje, un poco de personalismo de la política y un poco de ganas irrefrenables de armar algo nuevo para el mundo. De ese mejunje salieron las Paso, una institución coactiva al servicio de una concepción desmesurada del electoralismo, con tintes populistas. 

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