Protestas anti-austeridad en Ecuador

Durante la última semana se han producido intensas protestas en Ecuador, que a estas horas dejan al menos cinco muertos, además de centenares de detenidos y heridos. El detonante de estas protestas ha sido la eliminación de unos subsidios energéticos, que estaban en vigor desde la década de los setenta y se cuentan entre los más altos del mundo. Según el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), en 2012 Ecuador ocupaba el quinto lugar a nivel mundial en subsidios a la energía como porcentaje del PIB y en 2014 el tercero en América Latina. Los precios de la energía afectan directamente al transporte y a los costes de producción, y con ello a los precios de bienes de consumo. Así pues, a la subida del precio del petróleo y el diesel que vivió Ecuador de la noche a la mañana, se le sumó el temor a una subida generalizada de precios.

Esta política fue una decisión del ejecutivo del presidente Lenín Moreno, que alcanzó el poder en febrero de 2017 de la mano de Alianza País, el partido de su predecesor Rafael Correa. A pesar de que la victoria de Moreno fue interpretada como un éxito del legado de Correa, su presidencia está adoptando forma muy distinta. Correa gobernó en tiempos de bonanza económica y altos precios del petróleo, producto que Ecuador exporta. Durante su presidencia, llevó a cabo políticas de inversión pública en sanidad, educación e infraestructuras, así como de redistribución de la renta. La pobreza se redujo un 38% y de la extrema pobreza un 47%. El nivel de escolarización se incrementó, y la renta per cápita aumentó a la vez que caía la desigualdad.  

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Moreno fue elegido bajo la promesa de continuar con esta línea. Sin embargo, su popularidad ha caído en picado por no haber cumplido con las expectativas. El informe anual que el FMI le dedica a Ecuador constata un deterioro de la coyuntura económica que, sin llegar al nivel de crisis económica, le dificultan la tarea. En este informe, el FMI expresa preocupación por déficit fiscal, dada incertidumbre en los precios del petróleo y los riesgos financieros internacionales. A pesar de no emplear un tono excesivamente alarmista y reconocer ciertos méritos de la gestión de las autoridades ecuatorianas, el FMI propuso que se adoptasen medidas de reducción del déficit fiscal. 

En este contexto, el gobierno de Moreno aceptó un préstamo de 4200 millones de dólares (un 4% del PIB ecuatoriano) a devolver en tres años para hacer frente a la situación económica. Éste va acompañado de un paquete de medidas de reducción del gasto público entre las que se encuentra la eliminación de los subsidios energéticos que provocó el inicio de las protestas. Las condiciones incluyen flexibilización laboral y otras medidas destinadas a reducir costes laborales y con ello, según se argumenta, aumentar la competitividad. Además, se pide una reducción del gasto público de alrededor del 6%, una magnitud notable si tenemos en cuenta que el nivel de crecimiento de Ecuador es positivo pero inestable y que no se trata de un país desproporcionadamente endeudado.  

Estas medidas de austeridad económica recuerdan a las medidas de ajuste que se llevaron a cabo en América Latina en los años noventa y en el sur de Europa tras la crisis de 2008. Si bien el FMI declara que están destinadas a promover un crecimiento sostenible e inclusivo, se corre el riesgo de que los recortes recaigan en exceso sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, el gobierno de Moreno ha recortado ya el presupuesto en educación y en partidas como la lucha contra la violencia de género. En esta línea, el Center for Economic and Policy Research (CEPR) alerta del excesivo optimismo de las predicciones del FMI. Por ejemplo, destaca que se apoyan en predicciones de entradas de capitales de un 5% del PIB cuando en los últimos años han habido salidas de un 17%, y no cuentan con una posible bajada de precios del petróleo. Además, destaca la falta de énfasis en medidas para aumentar la recaudación, la subida de impuestos o la lucha contra la evasión fiscal. 

Lejos de representar una excepción a la tónica mundial, las protestas de los últimos días en Ecuador son la lógica consecuencia del sentimiento de engaño y del temor de la ciudadanía por ver como su situación económica se deteriora. Los gobiernos y organizaciones internacionales tienen el deber de ser transparentes en cuanto al modelo de desarrollo que defienden, así como de combinar exigencias fiscales con legitimidad democrática.

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