Pseudoterapias: ¿cómo pueden estar tan equivocados?

Con su nuevo Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, el Gobierno se ha atrevido a enfrentarse, por fin, a la presión de la industria homeopática y sus lobbies, y al creciente arraigo en España de las mal llamadas terapias alternativas. Y con ese paso decidido y valiente el Gobierno se ha atrevido a enfrentarse, por fin, a una gran porción de los ciudadanos.

El Plan, aunque apresurado y un poco endeble, parece sin embargo bien pensado. En él colaboran los ministerios que regulan el servicio sanitario y la investigación científica, y que deciden la validez de los títulos académicos relacionados con la atención sanitaria. Con ello, están dispuestos a atajar al menos dos de las necesidades estratégicas de esa industria: el apoyo de intereses externos y la legitimidad científica. Ambos los obtenían de los farmacéuticos y los médicos —y sus colegios profesionales— y de la Universidad, a quienes permitía unos ingresos adicionales o, al menos, la comodidad de quitarse de encima a los pacientes más impacientes. La reacción puede venir de las clínicas privadas y de los sistemas semi-públicos, que han comenzado a ofrecer pseudoterapias para cubrir una demanda real. También de las universidades, que se amparaban en los títulos propios para ofrecer cursos de terapias alternativas y agradecían a la industria de pseudoterapias la financiación de cátedras… de pseudoterapias.

El Gobierno sólo necesita una legislación más restrictiva y más vigilancia con la ya existente, que requiere pruebas de eficacia para que los medicamentos, las terapias y los centros sanitarios puedan llamarse así. Para las universidades, puede ejercer más control desde la Aneca sobre las credenciales científicas de las titulaciones universitarias, en especial en las profesiones reguladas y las carreras relacionadas con la salud. La industria tratará de refugiarse en esa debilidad del Plan —las excepciones de la legislación de la Unión Europea, que amparan estas pseudoterapias—, pero poco podrá hacer frente a la demostrada voluntad política de apurar los márgenes legales. En esta situación, la opinión pública irá diluyendo las pseudoterapias en una lenta ‘espiral de silencio’ que deje solos a los seguidores obstinados, como sucedió con el tabaco en los locales públicos.

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Lo cierto es que ni la industria de las pseudoterapias tenía tal capacidad de presión ni era tanto su arraigo: los usuarios reales son una minoría y las ventas han venido disminuyendo constantemente desde hace años; en parte por la reacción de la sociedad civil, más didáctica que judicial. Los colegios de médicos y farmacéuticos, verdaderos lobbies, han ido cerrando secciones de terapias alternativas mientras que las universidades cerraban cursos de los que se avergonzaban, a veces por presión de los alumnos. El rechazo explícito del Estado sólo vendría a acelerar el proceso.

O quizá no, porque queda la opinión pública, esa mitad larga de la población que cree en la eficacia de la homeopatía (un 52,7%) y de la acupuntura (un 59,8%), de acuerdo con la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2016 (EPSCyT), de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). El Gobierno ha decidido legislar contra ellos aunque no contaminen como los dueños de coches diésel, ni produzcan enfermedades pulmonares en sus vecinos, como los fumadores. Legisla contra una estafa peligrosa, como debe, pero también contra una opinión, seguramente equivocada pero legítima. Una opinión asociada a menudo con colectivos activos que rechazan estilos de vida convencionales, pero también con personas nada alternativas, que complementan sus terapias médicas reales con otras que creen inocuas. ¿Quiénes son?

La encuesta de la (FECYT) incluyó una pregunta de batería sobre creencias no científicas. El apoyo a las pseudoterapias (esos 52,7% y 59,8%) es muy superior al de otras creencias mencionadas en la pregunta, desde el 14,7% que cree en los horóscopos al 27,6% que cree en cosas que dan suerte (sumando las respuestas mucho, bastante y algo). La batería permite agrupar las respuestas mediante análisis factorial, como se hace en el Informe de la FECYT (2017)(*): aparecen dos agrupaciones, la acupuntura y la homeopatía en una —que el informe llama pseudociencia— y las otras creencias en otra —que llama superstición—: usaré esos nombres, aunque los encuentro valorativos.

Con una regresión multi-variable, podemos estimar el efecto independiente que tiene cada una en la opinión sobre estas creencias de los preguntados. El resultado que más sorprende está en las variables educativas: un mayor nivel escolar no evita creer en la acupuntura o la homeopatía, aunque sí influya —negativamente— en las personas que se identifican con superstición. Si los colectivos mejor formados no tienen una opinión más escéptica sobre las pseudoterapias, la solución no puede ser mejorar la divulgación —la estrategia Órbita Laika—, pero sí preguntarse por la calidad de sus estudios. La encuesta no distingue si los titulados han estudiado ciencias o letras, pero la variable Conocimiento científico, que evalúa conocimientos sencillos, tampoco muestra un efecto que sí parece tener en el rechazo a la superstición.

El resultado más interesante lo encontramos al diferenciar la clase social de los que responden, medida por sus ingresos familiares: la ‘pseudociencia’ produce más identificación entre los estratos intermedios, entre 900 y 1.200 euros mensuales y entre 1.800 y 3.000 euros. En esos mismos grupos, sin embargo, la superstición produce mayor rechazo. El rechazo, a su vez, entre los grupos de mayores ingresos (Beta -0,049) sugiere que la indiferencia hacia las pseudoterapias entre los más pobres no se debe simplemente al precio de los remedios, ni tampoco a que la identificación se asocie simplemente con una mayor renta; pero sí dibuja un cierto grupo social con una pauta de consumo concreta y para el que, acaso, el uso de determinados bienes y servicios —estas terapias— sea una fuente de prestigio.

Igual que la democracia no consiste en ganar una votación sino en lograr un consenso —y el voto es sólo un arreglo, dadas las dificultades para los acuerdos—, la ciencia no consiste en imponer la razón apoyándose en el peso de la evidencia, sino en persuadir sobre qué evidencia respalda una opinión;y las extraordinariamente democráticas instituciones del mundo de la ciencia son sólo un apaño, dada la enorme dificultad para persuadir con la evidencia. Aunque pertenezco a la minoría que tiene la formación para entender por qué la ciencia es un conocimiento preferible y las pseudoterapias una imitación falsa y peligrosa —minoría influyente que, con sus títulos legítimos y el poder de sus colegios profesionales, combate las pseudociencias y aplaude las acciones contra ellas—, quisiera apuntar que aquí el Gobierno está tratando de tener la razón por decreto. Respaldado con la evidencia científica, propone una política que traiciona el espíritu de consenso de la ciencia y de la democracia. ¿Podría hacerlo de otro modo? Es difícil: los gobiernos tienen que gobernar y es inaceptable el goteo de muertes debidas a las pseudoterapias y a la estafa a veces avalada por los profesionales sanitarios. El Ejecutivo tiene los medios para limitar sus canales de financiación y sus fuentes de legitimidad, y parece que quiere hacerlo. Quizá sea el momento, antes de que estas prácticas arraiguen más y produzcan ese conjunto de intereses —o de razones— que logró cambiar la legislación de la Unión Europea.

Pero el Gobierno debe quizá pensar en persuadir a esa mayoría mejor o peor educada de ciudadanos corrientes que tiene creencias diferentes a las suyas y a la que un alto nivel de estudios —incluso científicos— no hace inmune a la pseudociencia. Son sus votantes. Debe quizá preocuparse por las causas profundas: no sé, la ineficacia de las burocracias sanitarias, el poder de los colegios profesionales o, mejor, la calidad de la formación científica en los centros educativos: acaso en el acuerdo que ha dado origen a este plan falte un Ministerio de Educación.

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(*) En Santos Requejo, Escobar Mercado y Quintanilla Fisac; vid también Rogero-García y Lobera.

Autoría

1 Comentario

  1. Ignacio Fernández
    Ignacio Fernández 11-22-2018

    Excelente artículo que apunta a las causas y propone soluciones. No pierde el tiempo tratando de criticar lo que está desacreditado, además de mostrar las debilidades de la estrategia del gobierno. Muy didáctico.

    Recuerdo la canción de Kiko Veneno que ya decía a esas clases acomodadas que la tomaron casi como signo de status que “la pulserita que quitaba los dolores/ ya no te hace ná”.

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