¿Qué está pasando en Perú?

El pasado 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra apeló al artículo 137 de la Constitución, disolvió el Congreso de la República y convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020. El Congreso que se elija en enero completará con el Presidente el período de cinco años iniciado el 28 de julio de 2016 y que terminará el 28 de julio de 2021. Vizcarra ejerce el cargo desde el 23 de marzo de 2018, después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, del que era vice presidente. Un escándalo asociado a una presunta compra de votos en el Congreso derivó en la presentación de una moción que declaraba la vacancia del cargo de Presidente por parte del Congreso. Se acusaba a Kuczynski, sobre bases no muy firmes, de haber ocultado vínculos con la empresa Odebrecht y de haber incurrido en conflictos de interés mientras se desempeñaba como Ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Como puede verse, tanto la reciente disolución del Congreso como la renuncia de Kuczynski tienen como telón de fondo los conflictos entre ejecutivo y legislativo. Conviene recordar que Kuczynski pasó a la segunda vuelta de la elección de 2016 con apenas el 21.05% de los votos, habiendo obtenido apenas 18 congresistas de los 130 miembros del congreso unicameral (el 13.8% de los asientos). De otro lado, Fuerza Popular, con la candidata Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, obtuvo casi el 40% de los votos en primera vuelta y 73 escaños en el Congreso, el 56% de los asientos.

Al imponerse Kuczynski en la segunda vuelta de la elección presidencial por un estrecho margen, sectores de derecha soñaban con un escenario que en su momento no parecía descabellado: por fin podría contarse con una sólida coalición de derecha que podría implementar la esperada “segunda generación” de reformas estructurales orientadas al mercado. En 2011 Kuczynski llamó a votar en segunda vuelta por Keiko Fujimori para evitar el riesgo del “chavismo” que supuestamente encarnaba el Ollanta Humala. Recordemos que el fujimorismo, en el Congreso de 2006, en el que obtuvo 13 escaños, y en el de 2011, en el que tuvo 37, se definió como “garante” de la continuidad neoliberal, en contra de la amenaza de desviaciones “populistas” de los gobiernos de Alán García (1985-1990 y 2006-2011) y Humala (2011-2016) (que finalmente no ocurrieron). Y Pedro Pablo Kuczynski era el candidato favorito de los defensores del modelo neoliberal, un tecnócrata, banquero de inversión y político de larga trayectoria.

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Sin embargo, lo que podría haber sido una relación de cooperación, se convirtió en una relación explosiva, emblemática de una de las críticas al presidencialismo latinoamericano: ¿cómo resolver la coexistencia entre una presidencia que forma gobierno con periodo de mandato fijo, y un parlamento con mayoría opositora, en la que el fujimorismo por sí solo contaba con mayoría absoluta? Entender los alcances de este problema requiere un comentario sobre el régimen presidencial peruano y la lógica de actuación del fujimorismo.

Respecto a lo primero, es importante atender a que si bien tenemos un régimen presidencialista, con un Presidente elegido de manera directa por un periodo fijo de cinco años, que es a su vez jefe de gobierno, tiene insertos elementos de regímenes parlamentarios. Ellos buscan, cuando el presidente tiene mayoría, fortalecer las competencias del Congreso, por ejemplo, con la interpelación y censura a ministros (según diversos indicadores, los poderes del presidente peruano, vistos en perspectiva comparada con otros presidencialismos latinoamericanos, muestran niveles medio-bajos); y también dar un cauce institucional al bloqueo que se produce cuando el ejecutivo enfrenta una mayoría adversa en el Congreso. En el pasado (1948, 1968, 1992), esta situación terminó en golpes de Estado. La Constitución de 1993 (y también la de 1979) estableció por ello otro mecanismo del parlamentarismo: la posibilidad de la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, si es que éste censura o le niega confianza a dos Consejos de Ministros.

Respecto a la relación entre el ejecutivo y la oposición, en particular con el fujimorismo, es necesario recordar que de un lado, Kuczynski, para poder ganar la elección, debió movilizar los votos del antifujimorismo; y del otro, que el fujimorismo cambió fuertemente de estrategia después de la primera vuelta electoral. Keiko Fujimori intentó claramente desde 2011 contribuir un partido que marcará cierta distancia con el legado de su padre, que si bien continuaba en lo económico como garante de la ortodoxia neoliberal, pretendía presentarse relativamente liberal en lo político. Pero desde abril de 2016 parece haber concluido que más que una ubicación de centro derecha le resultaba más rentable apostar por una identidad más bien populista y conservadora, anticipándose a lo que después veríamos más claramente con candidaturas como las de Donald Trump en los Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil. Así, el fujimorismo desarrolló una retórica según la cual Kuczynski representaba a los poderosos, a los banqueros y lobbistas, mientras que Keiko respondía al mundo popular; intentó representar intereses de sectores informales y “excluidos”, acercándose incluso a sectores que desafiaban la legalidad; y fue distanciándose rápidamente del liberalismo para acercarse a posiciones abiertamente conservadoras, “profamilia” y contrarias a la “ideología de género”.

Otro asunto clave en la conducta del fujimorismo es su relación con las banderas de lucha contra la corrupción. En enero de 2017 estalló el escándalo de las operaciones de Odebrecht en toda América Latina. El fujimorismo encontró en esas banderas una manera de pasar a la ofensiva en un tema en el que tradicionalmente les había tocado ocupar el banquillo de los acusados. En los primeros meses de investigación, el caso lava jato golpeó fuertemente a los expresidentes Alejandro Toledo (e indirectamente al presidente Kuczynski, quien fue Ministro de Economía de Toledo) y a Ollanta Humala, no tanto a Keiko Fujimori o Alan García. La sensibilidad política frente a las denuncias de potenciales casos de corrupción aumentó sustantivamente, y su uso les permitió atacar y arrinconcar a sus rivales.

La aparición de algunos escándalos de corrupción muy temprano en el gobierno de Kuczynski (como el caso que involucró a su asesor Carlos Moreno en octubre de 2016) debilitaron políticamente a la nueva gestión. Hacia diciembre de 2016, el fujimorismo propició la censura a un competente ministro de educación, Jaime Saavedra, con acusaciones de una presunta tolerancia a la corrupción sin mayor fundamento, que encubrían una oposición a la implementación del enfoque de género en la nueva currícula escolar y a la supervisión de entidades de educación superior. En septiembre de 2017, nuevamente cuestionamientos a la Ministra de Educación Marilú Martens, amparadas en el supuesto mal manejo de una huelga magisterial y un renovado cuestionamiento al enfoque de género en la currícula escolar, hacían inminente una censura por parte del Congreso. Esto llevó a que el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, presentara una moción de confianza al Congreso, que fue rechazada por éste.

Como ya se dijo, en marzo de 2018 el presidente Kuczynski se vio obligado a renunciar ante la inminente posibilidad de una declaratoria de vacancia de la presidencia por parte del Congreso invocando una supuesta “incapacidad moral”. Su caída fue celebrada tanto por sectores fujimoristas como de izquierda como un avance en la lucha contra la corrupción. Al asumir la presidencia el hasta entonces vicepresidente Martín Vizcarra, parecía que éste buscaría un entendimiento con el fujimorismo. Todo empezó a cambiar en julio de 2018, cuando apareció un nuevo escándalo de corrupción que involucraba a jueces y fiscales de los más altos niveles. Vizcarra presentó entonces una audaz propuesta de reforma de la justicia y abrió el debate sobre la necesidad de una reforma política. Ya para entonces el fujimorismo era también afectado por las investigaciones del caso lava jato: desde inicios de 2018, declaraciones de funcionarios de Odebrecht ubicaron a Keiko Fujimori como una de las receptoras de fondos ilícitos para financiar su campaña electoral de 2011, al punto que ésta fue detenida en el mes de octubre, en prisión preventiva, acusada de obstaculizar la acción de la justicia. Con mucha claridad desde entonces, Fuerza Popular empezó a cuestionar la acción de la Fiscalía anticorrupción, causa en la que convergía con fiscales y jueces denunciados por diversos casos de corrupción, y a chocar con las iniciativas reformistas del ejecutivo.

De este modo, desde julio de 2018, Vizcarra enfrentó una situación en la que contaba con un escaso apoyo parlamentario, y una mayoría opositora de carácter conservador en el Congreso, liderada por el fujimorismo. En este cuadro, inesperadamente, encontró en su legitimidad ante la opinión pública una fuente de fortaleza política. En el mes de septiembre el nuevo gobierno presentó una primera cuestión de confianza para forzar al Congreso a aprobar una propuesta de reforma judicial (elaborada por una Comisión presidencial independiente) y algunas propuestas en el campo de una reforma política. La confianza fue otorgada, pero hubo después una aprobación parcial de las propuestas, que implicaron incluso una reforma constitucional y la realización de un referéndum, que fue realizado en diciembre de ese año.

A inicios de 2019, el presidente Vizcarra constituyó una Comisión presidencial independiente para elaborar una propuesta de reforma política (de la que formó parte el autor de esta nota), intentando dar respuesta al descrédito de la elite política. Cabe mencionar que en ese momento, Alejandro Toledo enfrentaba un pedido de extradición desde los Estados Unidos, Alan García tenía un impedimento de salida del país, Ollanta Humala continuaba siendo investigado después de haber pasado nueve meses en prisión preventiva, Pedro Pablo Kuczynski se hallaba bajo investigación, y Keiko Fujimori en prisión preventiva desde el 31 de octubre, todos en el contexto de las investigaciones de la Fiscalía asociados al caso lava jato. Los proyectos de ley fueron presentados al Congreso en el mes de abril, y en el mes de junio el gobierno presentó una segunda moción de confianza para forzar la aprobación de seis de esos proyectos. Nuevamente, la confianza fue otorgada, pero al igual que en la ocasión anterior, los proyectos no fueron aprobados en los términos propuestos por el presidente, con lo que la crisis política continuó.

El 28 de julio pasado, al inicio del nuevo periodo legislativo del Congreso, inesperadamente, el Presidente Vizcarra presentó una propuesta de adelanto de elecciones generales, por medio de la cual se recortaba tanto el mandato presidencial como el del Congreso, asumiendo que la relación entre ejecutivo y legislativo se había tornado inviable. Cabe mencionar que como consecuencia de la recomposición de las bancadas, en ese momento el fujimorismo y otros grupos conservadores habían conquistado el control de la Mesa Directiva del Congreso, y contaban con cerca de dos tercios de los votos para algunos asuntos; tema altamente sensible porque esa es la votación requerida para definir la vacancia de la presidencia. También es relevante el dato de que el gobierno de Vizcarra vio minimizada la bancada oficialista a apenas siete miembros. Además, de los seis grupos parlamentarios que resultaron de las elecciones de 2016, para julio de 2019 ya teníamos doce, y Fuerza Popular había pasado de tener 73 a 54 miembros, muestra bastante elocuente de la extrema debilidad de los partidos políticos peruanos.

A pesar de que se estaban desarrollando negociaciones para hacer viable la propuesta de adelanto de elecciones, la Comisión de Constitución archivó la propuesta del ejecutivo el 26 de septiembre, y se empezaba a especular con que el Congreso estaría cerca de conseguir los votos para declarar la vacancia del presidente, supuestamente involucrado también en problemas de corrupción. El 30 de septiembre, el Presidente del Consejo de Ministros presentó inesperadamente una tercera cuestión de confianza, esta vez sobre el mecanismo de selección de magistrados del Tribunal Constitucional y estableciendo la paralización del proceso de selección en curso por el Congreso, tema altamente controversial y que se discutía paralelamente a la propuesta de adelanto de elecciones. La respuesta previsible del Congreso era que siguiera la pauta de los dos episodios anteriores: aprobar la cuestión de confianza, y luego relativizar sus contenidos. Sin embargo, el 30 de septiembre optó por continuar con la elección de magistrados (llegó a elegir a uno), y después votar y aprobar la moción de confianza. El ejecutivo interpretó que la confianza le había sido denegada en los hechos, aplicó lo establecido por el artículo 137 de la Constitución, disolvió el Congreso, y convocó a elecciones parlamentarias.

Por supuesto, esta medida ha sido altamente controversial entre expertos y entre los actores políticos, aunque ha suscitado un amplio respaldo en la población, expresado a través de las encuestas de opinión. ¿Estamos ante un presidente que está intentando sacar adelante reformas judiciales y políticas que permitan la acción autónoma de la justicia y la renovación de las instituciones y actores políticos? ¿Un presidente que ha utilizado los mecanismos constitucionales previstos para desbloquear la situación sin solución de enfrentar un Congreso mayoritariamente de oposición y obstruccionista? ¿O estamos ante un presidente que ha cedido ante una tentación populista, buscando aumentar su popularidad a costa de atacar a las instituciones? El tiempo lo dirá.

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