¿Qué hacemos con las personas que no (se) vacunan?

La implantación de programas amplios de vacunación ha sido y es probablemente la medida sanitaria de mayor impacto en la salud de la población (otras medidas como la potabilización de aguas, el aumento del nivel educativo o la disminución de la desigualdad tienen fuerte impacto en la esperanza de vida, pero exceden el ámbito sanitario). Algunas vacunas protegen exclusivamente a la persona a la que se le administran, mientras otras tienen su valor añadido en la generación de inmunidad de rebaño, esto es, su capacidad para proteger frente a la adquisición de la enfermedad en cuestión tanto a las personas vacunadas como a las que no lo están; para lograr esta inmunidad de rebaño es necesario que un porcentaje muy alto de la población esté vacunada (depende de la vacuna, pero en torno a un 90% de forma general). y que las personas no vacunadas no estén muy concentradas, como ocurre con cierta frecuencia.

Tras unas décadas en las que la evolución de la cobertura vacunal era generalmente creciente, entorpecida básicamente por situaciones de guerra y condiciones sociales y económicas que limitaran el acceso al sistema sanitario, algunos países comienzan a experimentar el descenso de la cobertura vacunal como consecuencia de un incremento de las personas que deciden no vacunarse (o no vacunar a sus hijos e hijas) por una suerte de motivos variados que se podrían catalogar en lo denominado “reticencia vacunal”.

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Más allá del afán por el etiquetado de posturas más o menos caricaturizadas y estereotipadas bajo el término “antivacunas”, la realidad es que la reticencia vacunal suele ser la expresión última (o intermedia, a veces no es un camino de llegada sino una estación intermedia) de un fenómeno mucho más variado que es el de la “duda vacunal”.

Entre la necesidad de velar por el mantenimiento de elevadas coberturas vacunales como medida de salud pública y la existencia de personas que deciden no vacunar a sus hijos e hijas o a sí mismos, existe (o puede existir) un conflicto en busca de respuesta por parte de las autoridades sanitarias. Este conflicto no deja de ser el mismo que existe en muchos otros ámbitos y que surge de la tensión entre aquello que es bueno para la colectividad y la libertad individual de decidir como ser autónomo. En las últimas décadas, la tendencia dentro de la bioética ha sido la de hipertrofiar el llamado principio de autonomía, dentro de un marco de relaciones médico-paciente en el cual dicha autonomía tiene un sentido individual con pocas externalidades negativas para la colectividad; sin embargo, a la hora de hablar de aspectos de salud pública, esta autonomía (habitualmente planteada en temas como el rechazo de tratamientos o la toma de decisiones sobre diferentes opciones de abordaje de una enfermedad),  se queda francamente corta y es necesario buscar otros valores como el de la solidaridad o la interdependencia.

Muchos países han implantado políticas de obligatoriedad vacunal, otros han desarrollado estrategias de poder blando como el requisito de estar vacunado para poder acceder a la educación infantil (“no jab, no play”) o a las ayudas sociales (“no jab, no pay”). En relación con la obligatoriedad vacunal, no parece existir consenso en relación a su efectividad como medida de garantizar coberturas vacunales elevadas. Según datos del ASSET-project analizando las coberturas vacunales de acuerdo con las políticas de obligatoriedad, no parece existir correlación entre dicha obligatoriedad y una mejor cobertura. Como señala un artículo publicado en VaccinesToday, la obligatoriedad vacunal no ha de pretender ejercer la coerción de forma directa sobre los progenitores con dudas sobre la vacunación, sino mandar una señal de la importancia de las vacunas para la salud pública; sin embargo, avalar la vacunación y dotarla de importancia haciendo uso de estrategias de obligatoriedad vacunal puede tener la externalidad negativa de polarizar el debate y reforzar el mantenimiento de posturas netamente contrarias a la vacunación. España tiene en su legislación supuestos en los cuales se puede obligar a la vacunación, principalmente en el marco de brotes de enfermedades prevenibles con la misma, pero dista mucho de ser un marco legislativo que promueva la obligatoriedad vacunal en otros supuestos.

El mantenimiento de la inmunidad de rebaño es una expresión del compromiso de la sociedad con el cuidado de quienes no pueden llevar a cabo ciertas acciones para cuidarse a sí mismos (por estar inmunodeprimidos, por no tener acceso al sistema sanitario,…), y por ello es preciso que las instituciones públicas desarrollen acciones en este ámbito posibilitando lugares de reflexión y diálogo compartido que, sin dar la razón, y desde el compromiso y la abogacía por la vacunación como medida de salud pública, sí dé voz a quienes muestran dudas o reticencias frente a la vacunación, de modo que se pueda trabajar de forma menos beligerante y en un marco de deliberación ética con el objetivo de cuidar ese bien colectivo que es la inmunidad de rebaño.

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