¿Qué proponen los partidos en materia energética?

En todos los programas electorales de los cinco principales partidos de ámbito estatal (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox) hay bastantes referencias a cuestiones energéticas. Es normal, la transición en este ámbito se sitúa en el horizonte como un camino inevitable que debemos recorrer.

Los programas electorales suelen ser ambiguos, poco concretos y un tanto confusos, por no hablar de su discutible cumplimiento posterior, pero dan una muestra de los principios o voluntades de los partidos. Y es muy importante señalar que, en materia energética, parece haber más voluntades comunes que propuestas divergentes. No se trata solamente de abstracciones como mejorar el medio ambiente o reducir la contaminación, sino que hablamos de algunas cuestiones con un cierto grado de concreción.

El programa en materia energética del partido gobernante, el PSOE, está esencialmente en línea con lo que ha sido la acción del Gobierno socialista en estos últimos 10 meses. Hay muchas referencias a lo que ya se ha hecho y prácticamente se mimetizan sus propuestas al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y al anteproyecto de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética. Fuera de ahí, y en términos más abstractos, destaca la presencia del término Green New Deal, puesto de moda por la demócrata norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez pero que es anterior, porque ha sido un término habitualmente utilizado por los partidos verdes en Europa durante al menos una década.

Se habla también, de forma abstracta, de una futura ley de industria y otra de movilidad sostenible, aunque sí se hace una referencia clara a potenciarla en tren. Finalmente, destaca el tono social de las propuestas, orientado a una transición energética justa y que no deje a nadie atrás. En la vertiente negativa, se echa de menos una mayor concreción de esa nueva fiscalidad medioambiental que anuncia el programa pero que no viene definida en ningún sitio.

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El programa energético del Partido Popular ha llamado la atención por una dialéctica algo más verde de lo usual. Se asumen los objetivos de reducción de emisiones que marca la UE para 2030, aunque se hace con el freno puesto y focalizando la preocupación en los costes de la energía. Se habla de eliminar impuestos a la generación, compensar a la industria por los costes energéticos y usar el dinero de las subastas de CO2 para reducir la fiscalidad de la energía, algo que probablemente no se pueda hacer por normativa europea.

Se asume la competitividad de muchas de las energías renovables y la promoción del vehículo eléctrico, con planes para que los nuevos vehículos destinados al transporte público sean de cero emisiones, aunque incoherentemente se habla de no forzar la sustitución de los vehículos de combustión y dejar que sea el mercado y los consumidores quienes lo hagan (cuando se  proponen políticas para favorecer esta sustitución). Esta aparente incoherencia se entiende cuando se ve la principal diferencia entre la política del PP y la del Gobierno: los vehículos diésel. Quizá pensando en el nicho de votos que puede haber entre los propietarios de estos vehículos, algunos de ellos inquietos por las noticias sobre este tipo de motores y su futuro, se insiste en defenderlos frente a su supuesta «prohibición» o «restricciones indiscriminadas».

Y tan importante es lo que se dice como lo que no se dice: Ni rastro del peaje de respaldo (impuesto al sol) o del fracking, y sin referencias directas al cierre de las centrales nucleares, a pesar de que se han declarado abiertos a revisar el calendario. Un programa bastante ambiguo, en cualquier caso.

Podemos es quien ha planteado un programa más ambicioso o radical de todos. Quizá forzados por la necesidad de diferenciarse de las políticas de la ministra Ribera, plantean una reducción de emisiones y una penetración de la generación renovable mucho más rápida que la del PNIEC o el objetivo de descarbonización total de la UE para 2050, que se adelanta una década, a 2040. Pretenden adelantar el cierre de las centrales nucleares a 2024 y las de carbón a 2025, algo que sin ser técnicamente inviable cambiaría radicalmente los plazos marcados por el Gobierno y, probablemente, obligaría al uso intensivo de los ciclos combinados de gas que hay instalados en España durante algunos años. Plantean una muy ambiciosa penetración del vehículo eléctrico en los próximos años (70% de cuota de mercado para 2030) y un cambio en la factura de electricidad, limitando el término fijo y planteando tarifas con precios crecientes con el consumo (más baratos los primeros kWh y más caros una vez se supere cierto umbral).

Pero la propuesta más llamativa es la creación de una empresa pública eléctrica que compita con las privadas. El programa no concreta en qué consistiría esta empresa (¿sería una comercializadora, una generadora y comercializadora?), a la que se llena de ambiciosos objetivos para reorientar el mercado. Se habla de su rol en la implantación de energías renovables, pero sin números concretos. La propuesta es vaga y sus objetivos puramente voluntaristas, pero no parece que pudiese pasar de ser algo parecido a la comercializadora pública de electricidad de Barcelona, con escaso impacto real en el mercado, o como mucho un agente más en la promoción de energías renovables.

El programa energético de Ciudadanos parece ir en la línea de ambición energética del PSOE, aunque tiene algunas medidas que son comunes a los programas del PP y Podemos. Se asume la descarbonización para 2050, se habla de subastas de energías renovables, de potenciar los PPA (Purchase Power Agreement) para las industrias electro-intensivas, e incluso propone un objetivo de rehabilitación de viviendas superior al del PNIEC, 300.000 anuales (Podemos propone más aún, 500.000 al año).

Por otro lado, el programa de C’s también hace hincapié en la fiscalidad (como el del PP), aunque con una propuesta más atrevida: eliminar los costes «heredados de la nefasta gestión del PP y el PSOE» de la factura eléctrica, lo que implicaría pasarlos a los Presupuestos Generales del Estado. Se bajaría el coste de la electricidad, pero se aumentaría el gasto público del Estado.

Una propuesta que llama la atención de C’s es aumentar la partida de I+D+i para que España cree una industria de fabricación de baterías para coches eléctricos, propuesta que también lleva Podemos en su programa. Respecto a movilidad, la voluntad de «potenciar la renovación del parque automovilístico privado por modelos menos contaminantes» resulta ambigua y parece que abre la puerta a ayudas a vehículos híbridos, de gas o, en general, menos contaminantes que los retirados, algo que también está en el programa del PP. En todo caso, es un programa breve y sin demasiados detalles, quizá el más corto de todos los partidos.

Y finalmente está el programa de Vox. Personalmente, esperaba ver un programa marcado por el negacionismo climático (del que algunos de sus miembros destacados hacen gala) y con propuestas alocadas como construir nuevas centrales nucleares o promocionar el fracking, pero no es así. La sorpresa es que el programa de Vox asume plenamente el objetivo de descarbonización de la economía, aceptando el cierre de las centrales de carbón, la no inversión en infraestructuras gasistas y la necesaria promoción de las energías renovables.

Es más, plantea subastas de energías renovables de modo similar a como quiere hacerlas la ministra Ribera, incluso con los mismos objetivos en MW instalados por año. También proponen rebajar el IVA de los coches de cero emisiones, pero sólo a los que tengan una autonomía eléctrica de más de 200 kiólmetros, lo que excluye a los híbridos enchufables actuales. Otra de las propuestas son unos peajes de electricidad menores en los primeros kWh de consumo (igual que propone Podemos), aunque en este caso están orientados a evitar que los auto-consumidores paguen menos de costes de red que los usuarios no auto-consumidores, ya que los primeros no tendrían derecho a estos kWh a menor coste. La propuesta es curiosa aunque difícilmente cumpliría su objetivo, ya que los principales auto-consumidores van a ser las empresas y aplicar ahí un estándar de un consumo mínimo es prácticamente imposible.

Propuestas como la reducción del IVA para los coches eléctricos parecen atrevidas y muy comprometidas, pero en el fondo son medidas cómodas para Vox, ya que todo su programa económico tiene una marcada tendencia ultra-liberal, con reducción de los ingresos del Estado y, consecuentemente, reducción de su componente social. De hecho, proponen también la privatización de Red Eléctrica de España y Enagás, que son monopolios naturales y por eso son públicos, en lo que no es más que una medida profundamente ideológica que no aporta nada.

A pesar de todo, el programa de Vox oculta una medida terriblemente peligrosa: en una apuesta por la continuidad de las centrales nucleares (que es legítima), parecen querer imponer que su extensión de vida útil se haga sin «inversiones importantes». Para ello es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que tiene que decir qué inversiones son necesarias para garantizar la seguridad. Forzar a que no las haya podría llevar a las centrales nucleares a funcionar sin la seguridad adecuada, lo cual sería terriblemente irresponsable.

A pesar de las diferencias, podemos observar que todos los programas tienen en común la promoción de las energías renovables y el cambio de paradigma en movilidad. No se discute el fondo sino la velocidad, y creo que eso es positivo. Parece haber un amplio campo de propuestas en las que se podía llegar a amplios consensos, como las subastas de energías renovables, la promoción de la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico o el cambio hacia un transporte público electrificado en nuestras ciudades.

En cuanto pasen las elecciones, los partidos deberán ponerse de acuerdo al menos en estas áreas en que hay voluntades comunes. No es aceptable que no lo hagan, ni que se boicotee por cuestiones electoralistas lo que se han comprometido a realizar. La transición energética no va a parar, este tren no nos va a esperar y nuestros representantes deben entenderlo. Debiera ser una de las principales políticas de Estado en la próxima legislatura.

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