Reacción: invisibilizar la violencia de género

Vox ha condicionado su apoyo a un Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía a que se desmonte el sistema de lucha contra la violencia de género. La respuesta del PP para desbloquear esta situación se conoció el pasado viernes, cuando el diario El Mundo llevó a portada la decisión de ofertar ayudas económicas a «hombres [víctimas] por violencia doméstica«. Un día antes, Pablo Casado había afirmado que el caso del primer asesinato por violencia de género en 2019 era un caso de «violencia doméstica».

Celia Amorós nos enseñó que «conceptualizar es politizar«. Por eso, no es casual que hayan vuelto a poner de relieve este término cuya utilización no identifica la ideología (machismo) o el sistema (patriarcal) que origina la violencia y, por tanto, impide intervenir desde las estrategias necesarias para erradicarla, desdibujando quién es la víctima y quién el victimario. A su vez, nombrar la violencia por uno de los contextos donde se produce (el ámbito doméstico) invita a identificar el problema como un asunto tal (doméstico o privado), en vez de conceptualizarlo como un problema público.

Partido Popular y Vox (como ya hiciera Ciudadanos en su programa electoral de 2015) juegan a la ambigüedad, a hacer creer a la ciudadanía que violencia de género y doméstica son conceptos sinónimos. Desde una tremenda irresponsabilidad social establecen una equivalencia entre los homicidios de hombres perpetrados por mujeres en el ámbito doméstico y la violencia machista que no es tal, ni en el fondo ni en las cifras.

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No lo es en el fondo porque la primera es, según la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aquélla que se ejerce «sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión«, siendo la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres»; mientras que la violencia doméstica es la «ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otro que se produce en el seno del hogar«. Aunque, como el CGPJ señala, «la dinámica cuando una mujer mata a su pareja o expareja masculina difiere de la violencia cuando la ejerce un varón hacia su mujer o exmujer; vemos que, independientemente del sexo de la víctima, es, en un alto porcentaje de casos, una respuesta a años de violencia hacia la mujer. Entre otras motivaciones se encuentran los celos –en ambos casos–, las discusiones por motivos económicos y las alteraciones psíquicas».

Tampoco lo es en las cifras, porque según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2008 y hasta 2016 (último dato conjunto dado a conocer por este organismo) hubo 554 asesinadas (un 88%, por hombres) frente a 67 hombres (un 12%, de los que no se especifica si por mujeres u otros hombres). Desde que hay estadísticas oficiales (2003) hasta hoy, 976 mujeres han sido asesinadas, y el 99% de los agresores sexuales son varones. Por no olvidar el otro gran caballo de batalla, el de las denuncias falsas que, según datos de la Fiscalía General del Estado, desde 2009 han supuesto el 0,0075%.

Con esto no se afirma que sea peor asesinar a una mujer que a un hombre, un niño o un abuelo. No, simplemente que tienen bases distintas y que confrontarlas requiere de tácticas diferentes. La violencia doméstica debe ser penada por el Código Penal y así lo hace en los artículos 153 y 173, pero su magnitud no supone un problema público. La violencia de género, por su carácter estructural y por sus dimensiones, sí es un problema público que necesita de una especial prevención, investigación, sanción y reparación. Dar un paso atrás en los compromisos internacionales, como se está planteando estos días, es algo que una sociedad democrática no puede permitirse.

Por cierto, y en relación a la propuesta dada a conocer por el diario El Mundo, las víctimas de violencia de género no son las únicas que reciben ayudas. Tanto la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, casi una década anterior a la Ley Orgánica 1/2004, como el Estatuto de la Víctima, aprobado en 2015, ya establecen ayudas a las víctimas de cualquier delito (incluidas las de terrorismo). De nuevo, vuelven a jugar a la confusión.

Pero todo esto no es nuevo: Susan Faludi ya analizó las reacciones patriarcales en su obra ‘Reacción (La guerra no declarada contra la mujer moderna)’ (1991) y señalaba que «la reacción anti-feminista no se desencadenó porque las mujeres hubieran conseguido plena igualdad con los hombres, sino porque parecía posible que llegaran a conseguirla. Es un golpe anticipado que detiene a las mujeres mucho antes de que lleguen a la meta».

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