¿Reajuste clasista en la Universidad española?

Si bien en España, como en otros muchos paisesde la OCDE, se sigue desde los años 90 la tendencia a incrementar gradualmente los precios de las matrículas universitarias, fue en 2012 (al hilo de los tijeretazos educativos y, en concreto, con la aplicación del llamado ‘decreto Wert’) cuando se experimentó una muy abrupta y memorable subida. Aunque con importantes diferencias territoriales, las tasas se encarecieron en torno a un 32% en los grados y un 75% en los másteres, ya de por sí bastante más caros desde el proceso de Bolonia.

Otro giro sustantivo del Real Decreto ley 14/2012 es que introdujo, a modo de tasas de demérito, el criterio por el que se hacen depender los precios del logro académico (se empiezan a incrementar progresivamente a partir de la segunda matrícula). Tanto esta última medida como los precios más elevados de los másteres configuran rasgos muy particulares del sistema universitario español en relación con Europa.

Otra muestra de la excepcionalidad del sistema en el contexto de la mayoría de los países europeos tras la crisis de 2008 es que, lejos de lo que cabría esperar tras la reforma de las tasas, desde 2013 se ha ido llevando a cabo una mutación sustantiva en el sistema de becas, a través de distintos decretos. Uno de los principales cambios consiste en que se hace depender en mayor medida de los logros académicos la obtención de las ayudas, así como su cantidad; además, el sistema pasa a adquirir un claro carácter competitivo: en la parte compensatoria de las becas se introducen condiciones variables que dependerán de los resultados del solicitante y de los demás, así como del presupuesto anualmente destinado.

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Pero es que el proceso de asignación de las ayudas, al priorizar que el gasto público quede restringido a lo inicialmente presupuestado (en todos estos años ha caído un 13,5%) no sólo se ha hecho competitivo, sino en cualquier caso más complejo e incierto para el becario.

A resultas de todas estas transformaciones, en un escenario de crisis donde los becarios no han dejado de crecer, lo que sí ha descendido notablemente es la cuantía de las becas, en torno a un 20%; o casi un 50% si hablamos de las familias con las rentas más bajas.

Venimos asistiendo, pues, a un importante giro en el sistema de financiación de la Universidad pública española que apuntala doblemente la tendencia a que aumente la parte del gasto que recae en los estudiantes y sus familias, por un lado, y que por otro (no menos importante) establece una mayor dependencia del coste de estudiar del rendimiento académico del alumno.

¿Qué sentido tienen estas dos reformas consecutivas y aparentemente contradictorias? ¿Mejorar la eficiencia y promover la cultura del esfuerzo entre nuestros estudiantes, hacer que la Universidad no sea tan fácil y barata en nuestro país, como justificaban en su día los responsables de estas políticas?

Sabemos, en efecto, que uno de los puntos flacos del funcionamiento de las instituciones universitarias tiene que ver con el alto porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios (en torno a un tercio), así como con los bajos porcentajes de idoneidad y graduación de los estudiantes (algo más de la mitad no logra alcanzar su titulación correspondiente, incluso con un curso más de lo previsto.

No podemos olvidar, sin embargo, que otro de los déficits estructurales de la Universidad española es la equidad, tanto en el acceso como en el progreso de la carrera académica. Para amplios sectores de las clases populares, no ha sido una apuesta muy accesible ni siquiera antes de las reformas, o al menos no tanto como para sus compañeros de orígenes sociales más elevados. ¿Es posible pensar que la desigualdad no se va a ver afectada por los cambios en las las tasas y las becas?

Qué duda cabe que aumentar el coste privado de los estudios por la subida de las tasas prácticamente a la vez que se transforman las condiciones de consecución y mantenimiento de las becas va a afectar en mayor medida al grupo de estudiantes de orígenes populares, necesitados de ayudas para poder realizar su carrera. Aplicar medidas eficientistas que, a la postre, van a repercutir especialmente en ellos no tiene mucho sentido, pues ya se trataba de un colectivo especialmente conseguidor: el comportamiento académico de los becarios es más eficiente que el del resto de los estudiantes; se presentan y aprueban más asignaturas, tienen mayores tasas de rendimiento, éxito y evaluación. Muestran, en definitiva, un desempeño académico más comprometido.

Por otra parte, sabemos también que el comportamiento de los jóvenes de clases bajas es más auto-exigente a la hora de ingresar en la Universidad: sus expectativas dependen más de los logros conseguidos en etapas anteriores y deciden entrar o no en este ciclo educativo no sólo dependiendo de eso, sino que también la elección de la titulación está muy basada en las posibilidades de lograrlo. Son estudiantes más cautos, menos arrojados en sus decisiones y, en definitiva, más dependientes de los logros académicos no sólo al inicio de sus carreras, sino también a lo largo de ellas. De ahí su mayor tendencia al abandono o a compatibilizar estudios y trabajo en caso de que sus trayectorias sufran algún tipo de traspié académico.

Precisamente, uno de los principales efectos de las últimas reformas se concreta en un endurecimiento de las condiciones que precipitarían estos fracasos en las trayectorias de este tipo de estudiantes. De hecho, sabemos que entre aquéllos con carreras disruptivas por la pérdida de becas y el pago de matrículas progresivamente más caras, se están produciendo casos de abandono, suspensión temporal y/o compatibilización de la carrera con algún trabajillo (aquí y aquí), lo que a la postre repercute en demoras en la consecución del grado.

En el informe de la Crue del curso 2016-17 se advierte, en este sentido, de la importante brecha entre las tasas de graduación de las universidades públicas y privadas (16 puntos a favor de éstas últimas). En fin, parece que aumentar el condicionamiento a resultados de los costes que implica la opción universitaria no hace sino aumentar las presiones y contradicciones, creando nuevas precariedades a los estudiantes de orígenes populares. Difícilmente podemos imaginar que esto ayude a una más solvente implementación del rol académico y, desde luego, parece comprometer en uno u otro grado la equidad del sistema.

¿Se está haciendo la Universidad menos atractiva para este tipo de jóvenes por los nuevos obstáculos, precariedades e incertidumbres? Aunque es cierto que estas políticas educativas han visto menguados sus efectos en la desigualdad por el aumento del paro juvenil, que ha hecho más atractiva la opción de estudiar, hay, no obstante, datos que muestran un cambio de tendencia.

Apreciamos, por ejemplo, que desde 2012 se viene registrando una caída en el acceso que se concentra en los alumnos de grado de las universidades públicas, pero no en los másteres, y aún menos en los másteres de las privadas. En el caso de las enseñanzas de ciclo y grado, la demanda se ha reducido globalmente un 5,2% en el período post-reformas; pero mientras en las universidades públicas la disminución ha sido del 8,7%, en las universidades privadas han experimentado un crecimiento del 24,1%.

De otro lado, y mirando tipos de estudiantes por clase social, aunque aún no hay muchos datos a nivel nacional, se ha identificado una caída de entre 4,5 y siete puntos en la representación de los estudiantes de más bajo nivel socioeconómico entre el curso 2011 y el 2015-16. Igualmente, referido a las universidades catalanas, existen evidencias de que es el acceso de los estudiantes menos tradicionales el que más está disminuyendo. Lógico, son los que tienen que asumir más riesgos: perder la beca, o tenerlas escasas y de cuantía incierta, y asumir la posibilidad de matrículas el doble o más de caras puede convertirse en un calvario para determinado tipo de joven: una carrera de obstáculos, al decir de un estudiante hijo de jornalero en una reciente investigación cualitativa.

Para ir concluyendo, sobre el sentido de las reformas: el giro hacia un sistema más competitivo y basado en la eficiencia plantea una débil justificación cuando afecta especialmente a quienes no tenían problemas en dar cuenta de sus resultados; y, en cualquier caso, ocasiona serias contradicciones respecto a lo que debiera ser una apuesta por promover una Universidad más inclusiva. Emprender y/o continuar estudiando en ella está hoy más sujeto a la solvencia económica; o a la sobre-demostración de talento, en ausencia de la anterior.

Ojalá la anunciada ley de universidades futura tenga en cuenta el viraje no equitativo que se ha dado en los últimos años y apunte a nuevas medidas que tiendan a revertirlo.

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