Recuperación económica en clave de infancia

En 2020 se cumplen 30 años de la ratificación por España de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Dicha Convención constituye el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente ratificado y establece, entre otras cuestiones, que los estados se comprometen a asegurar a todos los niños la protección y atención necesarias para su bienestar.

Aunque el bienestar de la infancia abarca múltiples aspectos, en países económicamente avanzados como España solemos con frecuenciacentrar nuestra atención en la pobreza monetaria como una de las principales manifestaciones de la falta de bienestar, dada la alta correlación existente entre esta carencia y otras privaciones anejas a la misma: materiales, malnutrición y baja calidad de la alimentación, fracaso escolar y abandono educativo temprano, menores oportunidades de viajar y participar en actividades sociales y de ocio, tensiones y violencia verbal y física en ambientes con dificultades económicas, etcétera. Sin llegar a alcanzar la gravedad que significa ser un niño pobre en un país en desarrollo, las situaciones de desventaja que caracterizan a la pobreza infantil en nuestra sociedad tienden a retroalimentarse y perpetuarse mediante múltiples mecanismos, incidiendo significativamente en el bienestar presente y futuro de los menores, generando estigmatización, ahondando en la brecha de oportunidades y dificultando la movilidad social.

Antes de la pandemia, España ya presentaba valores muy elevados de pobreza infantil: éramos el país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo en esta materia, el 27,4%, tras Bulgaria y Rumanía. De hecho, su evolución en las últimas décadas evidencia que la pobreza infantil en nuestro país es un problema claramente estructural y no coyuntural, con una alta proporción de menores en hogares pobres independientemente de la coyuntura económica. No obstante, dado que la mayoría de los niños viven en hogares que dependen de rentas del trabajo y éstas se ven claramente perjudicadas en las etapas de recesión económica –reducciones salariales, despidos, dificultades para encontrar empleo, etc.–, las crisis tienden a conllevar un repunte de la pobreza infantil. Así, tras la irrupción de la pandemia, aunque los niños y niñas no están siendo los más afectados por la emergencia sanitaria –sus síntomas están siendo menos graves y las complicaciones, infrecuentes–, a estas alturas ya podemos vislumbrar que en España, al igual que ocurrió con la crisis financiera de 2008, los niños y niñas pueden terminar siendo uno de los grupos de edad más perjudicados por la crisis económica y social desencadenada a raíz de la Covid-19.

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Una de las características de la actual crisis es el desigual impacto por ramas de actividad. Así, las actividades económicas que requieren contacto físico entre las personas, poco susceptibles de llevarse a cabo a través de teletrabajo, tales como la hostelería, la restauración, el trabajo doméstico o el comercio que no es de primera necesidad, están entre las actividades más castigadas. Son ocupaciones desarrolladas mayoritariamente por trabajadores con baja cualificación que suelen tener contratos laborales temporales y/o a tiempo parcial no deseados, con una frecuencia significativa entre los hogares con niños. Así, todo parece indicar que muchos niños y niñas que ya presentaban altos niveles de vulnerabilidad previos a la crisis se estarían viendo especialmente afectados por la reducción de la actividad económica y la pérdida de empleo a consecuencia de la Covid-19.

Hasta la fecha, a pesar de sus limitaciones, la red pública de protección social existente en nuestro país, junto con la red informal de apoyo de la familia tan desarrollada en nuestra sociedad, están permitiendo amortiguar el enorme impacto socioeconómico de la pandemia. A ello hay que añadir un conjunto de medidas específicas adoptadas en los primeros meses por las distintas Administraciones Públicas, como las relacionadas con la garantía de suministros básicos, las ayudas en materia de alquiler o pago de hipotecas, o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el apoyo público a los expedientes de regulación temporal de empleo para evitar despidos que, aunque cuestionable en ciertos aspectos, está suponiendo también una canalización de prestaciones hacia ciertos colectivos. Se trata de medidas en su mayoría de carácter general, dirigidas a toda la población, si bien con importante incidencia sobre la infancia. Aunque la mayoría de las medidas pretenden ser transitorias para atender a la situación de emergencia generada por la Covid-19, el IMV –que de momento ha demostrado ser un instrumento que está muy lejos de ser una renta de emergencia con mínimos trámites administrativos– presenta vocación de permanencia más allá de la pandemia y pretende dar respuesta permanente a las consecuencias de la realidad estructural de la pobreza infantil.

Así las cosas, al margen de atender a las situaciones de emergencia suscitadas y más allá del IMV –que supone un avance considerable en la aproximación a los sistemas nacionales de rentas mínimas existentes en los países de nuestro entorno–, es momento de alzar la vista y abordar decididamente el problema estructural de la pobreza infantil que presenta España. En esta línea, el ambicioso plan europeo de recuperación, Next Generation EU, que pretende apoyar a los países con inversiones y reformas, nos ofrece una oportunidad para impulsar un modelo de prosperidad compartida y sostenible en el que los derechos y necesidades de la infancia ocupen la prioridad que merece en las agendas y presupuestos públicos, de manera que los diversos proyectos de transición energética o transformación digital que se deriven del mismo incorporen una perspectiva de infancia que tenga en cuenta los derechos y necesidades de las nuevas generaciones.

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En este contexto, y de acuerdo con las recomendaciones que las autoridades europeas e internacionales vienen realizando a España en los últimos años, y al margen de actuaciones más transversales como la implementación de la Garantía Infantil Europea –cuyas actuaciones van desde la vivienda hasta la nutrición, pasando por la sanidad y educación–, parece fundamental situar en el debate público dos grandes áreas estrechamente relacionadas con el bienestar material de la infancia. Por un lado, la necesidad de fortalecer el sistema de protección social para garantizar los derechos de la infancia y, en particular, en lo concerniente al diseño y puesta en marcha de un sistema de prestación por hijo a cargo acorde con la mayoría de los países europeos; y, por otro, la necesidad de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, de manera que compatibilice la reducción de la elevada e injustificada dualidad y precariedad laboral con un incremento de la productividad y la conciliación laboral y familiar.

Muy probablemente, la actual crisis provocada por la Covid-19 no sólo va a marcar el día a día de muchos niños y niñas en 2020, sino que puede marcar significativamente sus vidas, cuanto menos durante la próxima década. Los actuales niños, adolescentes y jóvenes se van a enfrentar a un mundo lleno de oportunidades, pero también cargado de incertidumbre y dificultades, muchas de ellas arrastradas de las dos últimas crisis económicas. Aprovechemos la oportunidad que nos brinda la actual crisis para que, dejando a un lado las estériles disputas partidistas marcadas por el interés electoral a corto plazo, aunemos fuerzas para que la crisis suponga un punto de inflexión y podamos emprender una reconstrucción económica y social que permita terminar con la anomalía que suponen los elevados niveles de pobreza infantil que caracterizan a nuestro país, y establecer las bases para un verdadero desarrollo inclusivo desde la infancia.

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