Reducir el término fijo de la electricidad para facilitar la transición energética

Además del coste de la generación de electricidad, todos los consumidores pagamos los de tener un sistema eléctrico eficaz. Existen costes por el transporte y distribución de electricidad, costes asociados a la política energética, compensaciones económicas para mantener el mismo precio de electricidad en los territorios extra peninsulares y en la península, etcétera, que pagamos en nuestras facturas sin que seamos directamente conscientes de ello. Es lo que se conoce como peajes eléctricos, y los pagamos en dos conceptos distintos en la factura: una parte variable (un coste adicional por kWh consumido) y otra fija, que corresponde al térmico de potencia, dedicado casi íntegramente a cubrir estos costes. Los peajes eléctricos representan un porcentaje muy relevante del coste final de la electricidad, ya que su importe es similar al de generar toda la electricidad que consume el país. 

Todos los países tienen estos costes en sus sistemas, pero cada uno los distribuye de manera distinta. Algunos países, como los europeos mediterráneos, tenemos un término fijo dependiente de la capacidad de demandar potencia, con distintos escalones en función de cuánta demanda necesitamos. Sin embargo, la mayoría de los países no tiene un término de potencia como tal para los consumidores domésticos, sino un término fijo mensual independiente de la potencia demandada. Alemania, por ejemplo, tiene un término fijo de poco más de seis euros mensuales, no muy distinto a la media de cargos fijos en los EE. UU. Incluso hay tarifas en algunos países, como el Reino Unido, que no tienen término fijo.

[En colaboración con Red Eléctrica de España]

En España, un cliente con una potencia contratada media (4,4 KW) paga unos 18 euros mensuales de término fijo. Esto es más de lo que paga de peajes por el término variable (para un consumo medio de 3.500 kWh/año, unos 16 euros/mes) y representa casi el 30% de la factura, porcentaje que podría ser incluso mayor para quienes tienen potencias contratadas excesivamente altas. Otros países que también tienen término de potencia, como Francia y Portugal, pagan por él alrededor de la mitad que en España.

Si hacemos un análisis comparativo, observamos que España tiene el término fijo más caro de Europa. El origen de esto fue una reforma en la estructura de los peajes del año 2013 en los que prácticamente se duplicó el coste del peaje de potencia y se redujo el peaje de energía. Esta reforma tuvo como objetivo aumentar la recaudación y también hacer que los ingresos del sistema eléctrico fuesen menos dependientes del consumo eléctrico. Sin embargo, este traslado de costes del término variable al fijo tiene muchas consecuencias negativas.

Para empezar, un menor coste variable y un mayor coste fijo desincentiva la eficiencia y el ahorro energéticos. A mayor coste del kWh, más incentivo existe para reducirlo, y si se observa un porcentaje de reducción mayor en la factura más atractivo resulta. Instalar bombillas LED, electrodomésticos eficientes o, sencillamente, ahorrar energía es mucho más interesante en situaciones de altos costes por kWh.

Esta idea es totalmente extrapolable al autoconsumo fotovoltaico, que de cara a la red opera básicamente como un ahorro de consumo. Al instalar un sistema de autoconsumo, ahorramos consumo de la red, pero difícilmente podremos reducir la potencia en instalaciones domésticas y en bastantes instalaciones industriales (otras sí pueden, depende de las tarifas y las puntas de demanda). Con un sistema donde los peajes estuviesen mayoritariamente cargados sobre el término variable, el ahorro generado por una instalación de autoconsumo doméstico sería mayor y los plazos de amortización menores, generándose un incentivo adicional que podría incluso hacer innecesarias ciertas ayudas fiscales al autoconsumo doméstico que existen actualmente y que suponen un coste para las administraciones públicas. 

Hay algunas opiniones extremadamente cualificadas que consideran que aumentar el término variable y reducir el fijo no tendría mayores consecuencias o, peor aún, podría implicar un desplazamiento de consumo hacia combustibles como el gas natural o el gasóleo, perjudicando la electrificación. Discrepo de esta apreciación. Para empezar, una reorientación de los peajes es independiente de la política de impuestos medioambientales que se pueda realizar para gravar aquellas energías más contaminantes: se pueden eliminar impuestos a la electricidad y trasladarlos a los combustibles fósiles y, a la vez, hacer este cambio en los peajes; y una medida no eliminaría el efecto de la otra.

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Además, hay un terreno que es absolutamente necesario para electrificar la demanda, que es el transporte, y que se ve limitada precisamente por estos altos costes fijos de la electricidad. Como sabemos, uno de los grandes miedos para la adopción del coche eléctrico es la dificultad para hacer largos viajes. Para superar ese miedo necesitamos una amplia estructura de recarga rápida que dé tranquilidad a los usuarios y les permita cargar el vehículo en poco tiempo. El Gobierno, de hecho, prevé obligar a las estaciones de servicio más grandes a instalar este tipo de infraestructuras para que pueda despegar la movilidad eléctrica.

Sin embargo, un cargador rápido requiere mucha potencia y, en un momento donde hay muy pocos coches eléctricos, ésta representa un alto coste fijo con pocas opciones de ser amortizado. Por poner un ejemplo: la potencia para un cargador de 50 KW (mínima potencia para cumplir con la futura ley) cuesta más de 5.000 euros/año sólo por este concepto, sin contar el coste del cargador y la instalación. Con esos costes, se desincentiva su instalación y, en un momento donde las cargas rápidas eléctricas son escasas, lo que produce es que el precio de la recarga rápida sea mucho más alto de lo que podría ser. 

Un término de potencia mucho más accesible favorecería la instalación de estas infraestructuras y un precio más competitivo de inicio, lo que aceleraría la implantación de la movilidad eléctrica.

El director general de la Unef, José Donoso, ha pedido que se volviese a la estructura de peajes anterior a 2013 para favorecer el autoconsumo y el desarrollo del vehículo eléctrico. Estoy de acuerdo. Eliminar el término de potencia y cambiarlo por un fijo mensual probablemente no es una buena idea cuando la masiva implantación del vehículo eléctrico podría tensionar las redes a largo plazo si no se gestionan bien los momentos de demanda. Pero sí debemos potenciar la eficiencia energética, el autoconsumo y el desarrollo de la infraestructura de movilidad eléctrica, y volver a la situación anterior sería un impulso indudable.  

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