Reflexiones y advertencias sobre el diseño de las tarifas eléctricas

El diseño de las tarifas de acceso eléctricas (denominamos tarifas de acceso a la suma de los peajes y de los cargos) es crucial para el correcto funcionamiento del mercado. El motivo es que dicho diseño determina las decisiones de los consumidores no solamente en cuanto a su nivel y perfil de consumo de electricidad, sino también en cuanto a la compra de equipos (desde lavadoras hasta vehículos). 

La reciente decisión del Gobierno de ceder a la CNMC las competencias sobre la fijación de los peajes es, sin duda, una buena noticia.  Sin embargo, el Gobierno retiene las competencias sobre los cargos, que representan casi la mitad del importe recaudado por las tarifas de acceso (de los 13.550 M€ que recaudan las tarifas de acceso, solamente 7.150 M€ corresponden a la remuneración del transporte y la distribución). Así, será el Gobierno quien siga determinando gran parte de cuánto pagará cada consumidor en su factura. 

El problema es que los políticos no suelen entender la importancia que tienen las tarifas como señales para que los consumidores tomen decisiones eficientes.  Lo importante no es que los consumidores tengan el nivel y perfil de consumo que los políticos consideren adecuado (como ocurre en una economía con planificación centralizada), sino que consuman cuando el valor que dicho consumo tiene para ellos sea mayor que el coste marginal de suministrarles.

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El objetivo de este artículo es reflexionar sobre algunas de las medidas relativas al diseño tarifario que se han planteado recientemente desde el Gobierno, y explicar por qué son erróneas.

Error nº1. Reducir el porcentaje que representa el término de potencia e incrementar el término de energía

El acuerdo Gobierno-Podemos plantea modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia e incrementar el término de energía. 

Para empezar, el diseño de los ‘peajes’ no debe responder a pactos políticos coyunturales, sino ser el resultado de un análisis de los costes de suministro. En concreto, el término de potencia ha de reflejar esos costes, que varían cuando varía la potencia contratada o la utilizada.  Y el término de energía debe reflejar los costes que varían con la energía consumida (y que no se recuperen a través del precio del mercado de generación).

La diferencia entre lo así recaudado y los costes totales imputados a las tarifas eléctricas ha de repercutirse a los consumidores de la forma que menos distorsione sus decisiones de consumo (aplicando, por ejemplo, la Regla de Ramsey).

Si los costes no se reparten siguiendo estos criterios, los consumidores terminarán tomando decisiones incorrectas.  Por ejemplo, se gastarán más dinero en instalar equipos de autoconsumo o en reducir su consumo eléctrico que lo que costaría suministrar desde la red eléctrica la electricidad que evitan consumir. El resultado es un despilfarro de recursos y un menor bienestar social.

Error nº2. Establecer tarifas ‘progresivas’

El acuerdo Gobierno-Podemos plantea establecer tarifas «progresivas», de modo que el término de energía sea creciente con el volumen consumido.

Es cierto que el coste ‘total’ de suministrar a un consumidor se incrementa con la cantidad que éste consume.  Sin embargo, un consumidor que consume 6 kWh de electricidad no causa más costes al sistema que dos consumidores vecinos que consumen 3 kWh de electricidad cada uno.  El coste unitario es independiente del nivel de consumo.

El objetivo aducido en el acuerdo es que las tarifas progresivas incentivan la eficiencia energética.  Es verdad que cuanto mayor sea el precio de la electricidad, menor será su consumo, pero sería un error equiparar eso con una mejora de la eficiencia energética y, mucho menos, con una mayor protección del medio ambiente o un mayor bienestar social

Penalizar el consumo de electricidad puede inducir a los consumidores a adquirir electrodomésticos de mayor calificación energética y mejorar el aislamiento térmico de sus viviendas. Sin embargo, mejorar el aislamiento es costoso, y la mayor eficiencia de los electrodomésticos conlleva también un mayor el coste de fabricación. Gastar en eficiencia es un despilfarro (y reduce el bienestar social) si para ello se incurre en costes mayores que el coste de suministro evitado.

Asimismo, el hecho que haya consumidores con un alto nivel de consumo eléctrico no implica que su consumo sea excesivo. Hay hogares eficientes donde el consumo de electricidad es elevado porque usan bombas de calor y vehículos eléctricos, y hogares poco eficientes donde el consumo es bajo porque la calefacción es centralizada. El nivel de consumo ‘eléctrico’ no es un buen indicador del nivel de eficiencia del consumo ‘energético’.

Un incremento en el precio de la electricidad desincentivará la electrificación de la economía, induciendo a los consumidores a usar gas natural, gasolina o diésel para cubrir sus necesidades. Carece de sentido castigar el consumo de electricidad en aras a promover ahorro energético (como pretende el mencionado acuerdo) dado que la electrificación es una herramienta clave para la transición energética en la lucha contra el cambio climático.

Es posible también que el Gobierno y Podemos sean favorables a las tarifas progresivas porque consideren que tendrían efectos redistributivos deseables. Sin embargo, la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE muestra que, de las familias con un nivel de consumo eléctrico superior a la media, un 40% tiene un nivel de renta medio inferior. Por ello, no hay gran diferencia entre redistribuir rentas ajustando los términos de las tarifas eléctricas (donde la tasa de acierto es del 60%), o hacerlo lanzando una moneda al aire (donde ésta sería del 50%). Si el objetivo es redistribuir rentas, debe hacerse ajustando los impuestos sobre la renta o por medio de los servicios sociales, y no manipulando el diseño de las tarifas eléctricas.

Error nº3. Promover que los consumidores se acojan a las tarifas de acceso con discriminación horaria

Es lo que el Gobierno busca. Así se desprende del artículo 15 del Real Decreto-Ley 15/2018, que obliga a los comercializadores de referencia a indicar en su factura el importe al que ésta habría ascendido si se hubiera aplicado la tarifa con discriminación horaria.

En la actualidad, la mayoría de los consumidores acogidos a una tarifa de acceso sin esa discriminación podrían beneficiarse de una reducción en sus facturas si se acogieran a la opción con discriminación horaria incluso si no modifican su perfil de consumo.   

Las tarifas con discriminación horaria se crearon y diseñaron cuando las tarifas eran ‘integrales’ (incluían el coste de generación) para incentivar el traslado de demanda a las horas de baja demanda de electricidad. En ese momento, los consumidores no disponían de contadores inteligentes, de modo que no podían saber cuánto pagarían si se acogían a la opción con discriminación horaria. Por ello, los consumidores solamente se planteaban acogerse a esa opción si, al mismo tiempo, instalaban equipos para trasladar consumo del día a la noche. Para vencer la reticencia de los consumidores a acometer esos gastos, era necesario que la tarifa con discriminación horaria les ofreciera importantes descuentos.  

En contraste, hoy los consumidores disponemos de contadores inteligentes que permiten saber cuánto pagaremos exactamente bajo cada una de las opciones tarifarias. Esto ha evidenciado que, con los descuentos ofrecidos, prácticamente todos los consumidores se beneficiarían si se acogieran a una tarifa de acceso con discriminación horaria, incluso si no modifican su perfil de consumo

Esto ocurre porque las tarifas de acceso con discriminación horaria soportan menos cargos que las que no tienen esa discriminación. Por ello, en el corto plazo fomentar que los consumidores se acojan a las tarifas con discriminación horaria parece positivo para los consumidores; pero, a medio plazo, dará lugar a un incremento generalizado de tarifas para compensar lo que esos consumidores han dejado de pagar.

La situación actual es un despropósito, ya que hay comercializadores del mercado libre que ofrecen a los consumidores un descuento si se pasan a una tarifa de acceso con discriminación horaria, ¡pero les ofrecen seguir pagando el mismo precio en todas las horas del día!  

Naturalmente, es deseable que los consumidores tengan la mayor información posible sobre sus opciones de suministro.  Sin embargo, para que ello no cree problemas, hace falta que las tarifas con y sin discriminación horaria estén diseñadas de forma coherente. Esto requiere que ambas tarifas soporten los mismos cargos y que los consumidores no puedan reducir su factura simplemente pasando a una tarifa con discriminación horaria, sin modificar su perfil de consumo.

Por lo tanto: ¿Qué debería hacer el Gobierno con respecto al diseño de las tarifas eléctricas?

Las medidas que ha negociado y está promoviendo el Gobierno se justifican formalmente por un deseo de fomentar la eficiencia energética, pero en realidad desincentivan la electrificación de la economía y ponen piedras en el camino de la transición energética y la lucha contra el cambio climáticoY si lo que pretenden es redistribuir rentas, son también una estrategia equivocada, dada la baja correlación que existe entre el nivel de renta y el consumo de electricidad

Las tarifas deben diseñarse de forma que reflejen, de la manera más fiel posible, los costes marginales de suministro y de forma que los costes no marginales se asignen de la manera menos distorsionadora posible. Naturalmente, el Gobierno puede determinar la cuantía de los cargos, pero no sirve de nada que la CNMC fije los peajes si las decisiones sobre cómo repercutir los cargos se van a tomar con criterios políticos que distorsionan las señales de precios que van a percibir los consumidores. 

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