Reformas e inversiones pensando en la ‘Nueva Generación’

La pandemia del coronavirus está teniendo consecuencias económicas y sociales de dimensiones históricas. Ello ha provocado una respuesta inédita de las instituciones comunitarias, sustanciada en la creación de un Fondo para la Recuperación y Resiliencia, más conocido como NextGenerationEU, dotado con 750.000 millones de euros. A la espera de su aprobación definitiva, los estados miembros están llamados a diseñar, en tiempo récord, las reformas e inversiones objeto de financiación. España se juega 140.000 millones, lo que significaría poder multiplicar por tres, entre 2021 y 2027, los recursos comunitarios disponibles el anterior periodo de programación (2014-2020). No hay tiempo que perder para diseñar y acordar un ambicioso y robusto Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que siente las bases de la recuperación y contribuya a la transformación de la economía española pensando en la próxima generación.

De acuerdo con el borrador de Reglamento del Fondo, los estados miembros deberán remitir a partir del próximo 15 de octubre, y hasta el 30 de abril de 2021, sus respectivos planes de Recuperación y Resiliencia, contemplando la agenda de reformas e inversiones para los próximos años coherentes con las normas específicas de cada país, los desafíos y prioridades identificados en el contexto del Semestre Europeo, y en particular aquellos vinculados a la transición ecológica y digital y el fomento del crecimiento económico, la creación de empleo y la resiliencia económica y social.

A su vez, de acuerdo con la reciente Guía publicada por la Comisión para la elaboración del mencionado plan, éste deberá proporcionar información sobre en qué medida las reformas e inversiones previstas contribuirán a los siete pilares identificados en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021: 1) Aceleración del uso de energías renovables, 2) Mejora de la eficiencia energética, 3) Impulso del transporte sostenible, 4) Impulso de la conectividad de banda ancha, 5) Modernización y digitalización de la Administración Pública, 6) Refuerzo de la capacidad de datos y procesadores y 7) el refuerzo y adaptación de los sistemas educativos y formativos.

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Por lo que respecta a las inversiones, y de acuerdo con la citada Guía para la elaboración de los planes, a modo de ejemplo serían elegibles en el ámbito de la transición energética, con cargo al fondo, proyectos de renovación de inmuebles residenciales, viviendas sociales y edificios públicos o privados (con un enfoque en escuelas y hospitales), la modernización de los sistemas de calefacción, los proyectos destinados a la descarbonización de la industria, las inversiones en eficiencia energética en el sector industrial y pymes, el desarrollo de capacidades de energía renovable (incluida la infraestructura) y otras tecnologías de energía limpia, los proyectos que impulsen la eficiencia energética y la neutralidad de carbono de la industria, las inversiones que conduzcan a un mayor procesamiento de “valor añadido verde” por parte de los productores primarios, los proyectos para apoyar la protección climática de los bosques, el desarrollo de fuentes de energía alternativas y las inversiones en infraestructura de residuos (prevención y manejo) y agua.

En el ámbito del transporte sostenible, serían elegibles inversiones en movilidad inteligente y sostenible como la promoción de un transporte colectivo inteligente, seguro y limpio y el desarrollo de infraestructuras marítimas y ferroviarias, incluido el sistema europeo de señalización ferroviaria.

Respecto a proyectos ligados a la digitalización, éstos podrían ser inversiones en informática avanzada de alto rendimiento (incluida la cuántica) y la ciberseguridad, proyectos de inversión para el impulso de la digitalización de las pymes, inversiones en centros de innovación digital para apoyar la digitalización de la industria y el sector público, incluidos los sistemas de justicia, proyectos de impulso de registros médicos electrónicos y la inter-operabilidad, la tele-salud, y la telemedicina. Y finalmente, por lo que respecta al reskilling y upskilling, podrían ser elegibles inversiones en la mejora de las capacidades de los trabajadores y de las infraestructuras y equipos digitales de educación y formación (conectividad y dispositivos digitales), entre muchos otros proyectos alineados con las prioridades indicadas anteriormente.

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Por lo que respecta a las reformas, los planes de Recuperación y Resiliencia deben incorporar reformas que cumplan las recomendaciones específicas emitidas por el Consejo Europeo para cada país en el marco del Semestre Europeo, en particular las emitidas en 2019 y 2020. De esta forma, los estados deberán contemplar reformas más allá de las medidas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, que protagonizaron las recomendaciones de 2020. Así, de acuerdo con la indicación de la Guía de que han de considerarse todas aquellas recomendaciones emitidas en 2019 sobre las que la Comisión no haya observado «progreso sustancial» o «implementación completa», España debería incorporar en su Plan de Recuperación y Resiliencia, según recoge el Banco de España en un reciente informe sobre el semestre europeo, al menos las reformas conducentes al fortalecimiento del marco presupuestario y a preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones (sobre las que la Comisión no ha observado ningún avance), así como reformas en el ámbito laboral para el impulso de la contratación indefinida y la simplificación del sistema de incentivos a la contratación. También la corrección de la fragmentación en las ayudas nacionales al desempleo, la lucha contra el abandono escolar prematuro y la corrección de las disparidades educativas autonómicas, la inversión en investigación e innovación, el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos, la evaluación de las políticas de investigación e innovación y la aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (avances limitados).

La inclusión de estas reformas en los citados planes de Recuperación y Resiliencia será determinante de cara a la evaluación que la Comisión Europea elevará al Consejo indicando expresamente si las medidas contempladas contribuyen a al cumplimiento efectivo, parcial o nulo de las citadas recomendaciones, y siendo dicha evaluación y la posterior decisión del Consejo determinante para la asignación de cuantías a España con cargo al fondo, así como para la autorización de los pagos.

Para conseguir diseñar y ejecutar este ambicioso conjunto de reformas e inversiones, la Comisión Europea anima en la citada Guía (y en ésta que fue debatida en la sesión del Eurogrupo del pasado 11 de septiembre) a los estados miembros a implicar a interlocutores sociales, administraciones territoriales, grupos parlamentarios de oposición y organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las reformas e inversiones incluidas en el plan, así como asegurarse de que exista la capacidad administrativa y asistencia técnica necesaria para su correcto diseño, ejecución y evaluación.

Han pasado siete años desde que se inició el anterior periodo de programación del presupuesto comunitario y España es el país que registra el menor grado de absorción de fondos desde 2014, así como la mayor reducción de actividad y de empleo en toda la Unión Europea durante el último trimestre.

No hay tiempo que perder. Las próximas semanas serán determinantes para el futuro de nuestro país. España, como el conjunto de países de la Unión, tienen una oportunidad única de sentar las bases de la recuperación e impulsar la transformación económica y social de la mano, nuevamente, de los fondos de cohesión e inversión comunitarios, como ya lo hizo en tiempos pasados con extraordinario éxito.

Ahora que se proyecta la posibilidad de que España reciba tres veces más dinero de la UE que en el periodo de programación anterior, y que aún sufre más bruscamente las consecuencias económicas y sociales de la Covid-19, debemos concentrar todos los esfuerzos públicos y privados para diseñar, acordar y ejecutar un verdadero Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Una ambiciosa estrategia nacional de reformas e inversiones, consensuada con interlocutores sociales, comunidades autónomas y grupos parlamentarios que pueda ser implementada ágilmente, alimentando las bases de la recuperación y contribuyendo a transformar la economía española para el progreso económico y social de la próxima generación.

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