Refugiados por emergencia climática

Tras la Segunda Guerra Mundial, millones de personas huyeron de sus hogares para buscar protección más allá de las fronteras de sus estados y evitar la persecución por causas fundamentalmente políticas. La mayor parte de estas personas eran de origen europeo y buscaban protección en otros países del continente o incluso más allá, hacia destinos como Siria, Egipto y Palestina, por aquel entonces destinos de protección y de acogida para muchos europeos.

Estas personas eran refugiadas, según define al artículo 1A de la Convención de 28 de julio de 1951 relativa al estatuto de Naciones Unidas, que establece que una persona que precisa de refugio es aquélla que se encuentra fuera del país de donde es originario, o bien donde reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que no puede o no quiere reclamar esa protección a su país para poder volver.

Con el Protocolo de la Convención de 1967 y las convenciones regionales de África y América Latina, el concepto se amplió para incluir a las personas que habían huido de la guerra y otras persecuciones violentas en su país. Por aquel entonces la sociedad internacional, aunque fragmentada, fue capaz de responder a la crisis humanitaria aplicando y adaptando el estatuto. Así, muchas poblaciones del sur fueron refugio y lugar de acogida de las del norte.

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

Setenta años después, el concepto de refugio sigue vigente: según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), son más de 20 millones las personas que, aún hoy, huyen de conflictos armados. No obstante, dentro de estas cifras no se contemplan los llamados refugiados climáticos, más de 60 millones de personas, que abandonan sus hogares huyendo de los efectos del cambio climático. Es decir, hay más personas que huyen por la desertificación, el aumento de las temperaturas, la escasez de recursos naturales o catástrofes naturales asociadas a la variabilidad climática, como huracanes o tormentas tropicales, que por los conflictos armados. Según la ONU, este número se incrementará exponencialmente, alcanzando en los próximos 20 años los más de 1.000 millones de personas.

A pesar de su situación extrema, estas personas están desprotegidas, pues no merecen, según el Derecho Internacional, ser refugiadas, ni mucho menos climáticas. En efecto, cuando se adoptó jurídicamente el concepto de refugiado en 1951, no se contemplaba este fenómeno entre las posibles causas políticas que permitían esta protección internacional. Es más, actualmente estas causas políticas, que en un momento salvaron millones de personas, sirven ahora para excluir a muchas.

La falta de adaptación del concepto de refugio a realidades de supervivencia y subsistencia, como las que genera el cambio climático, exigen respuestas inmediatas y urgentes. Principalmente, porque los procesos de expulsión de población por los efectos del cambio climático también tienen origen, o interactúan, con los procesos políticos. Y porque la concesión del estatuto de refugiado se instrumentaliza para la exclusión: el análisis de qué causa es la determinante para la huida y la persecución no deja de ser una decisión arbitraria y subjetiva, no basada en realidades objetivas sino en la conveniencia política.

Tampoco sorprende que la exclusión de los refugiados climáticos se haya instrumentalizado políticamente para impedir la entrada de personas del sur al norte, de la estigmatización de la pobreza, de la nacionalidad y del extranjero. ¿No es esto una causa política de persecución, que incrementa la situación de necesidad y de precariedad en contextos de carestía por el cambio climático? 

Así, la progresiva deshumanización experimentada por el estatuto de refugio, promovida en parte por su descontextualización, constituye la licencia justificativa del abandono e ignora las causas políticas que han generado la situación de emergencia climática. Incluso, la palabra refugio ha sido reemplazada por el término migración, con el ánimo de contemplar cualquier situación de movilidad humana.

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Sin embargo, este consenso terminológico ha conducido a una suerte de neutralización de la necesidad y normalidad de la emergencia humanitaria, dejando a la deriva del olvido a millones de personas, generalmente provenientes de los países más empobrecidos, los que más sufren las consecuencias de un cambio climático que apenas han contribuido a generar. La migración para ellas ya no es una opción, es la respuesta necesaria a situaciones previas de despojo, no siempre derivadas exclusivamente de la variabilidad climática.

La peor noticia es que no hay inmunidad climática para nadie: ni por razón de nacionalidad, ni estatus social, ni raza o cualquier otra condición que nos pudiera salvar. No obstante, los efectos del cambio climático se sienten especialmente en los países más empobrecidos y quienes poseen una mayor resiliencia, los más enriquecidos, tienen el poder de decidir quién merece protección o no, en función de su procedencia y estatus social y no sobre la base de una situación objetiva de necesidad de protección. 

Pasados ya años desde la aprobación de la Convención de Ginebra, ya no se necesitan guerras para que las personas busquen refugio. Hoy hay más refugiados no declarados que los que generó la Segunda Guerra Mundial y los marcos jurídicos existentes no responden al origen multi-causal de las crisis, como la climática. Todas estas crisis condenan a las mismas personas a la desprotección, a la invisibilidad y a agonizar en múltiples rutas migratorias, que se inician en procesos de privación, despojo y abandono y que les precipitan a escenarios de violencia y conflictividad. Según un reciente informe de la Universidad de Stanford, en un escenario de dos grados centígrados más de temperatura media respecto a la época preindustrial, la influencia del clima en los conflictos sería más del doble, con una probabilidad del 13%. En sus causas y en sus consecuencias pues, el cambio climático debiera ser una razón política más para el otorgamiento de refugio, considerando la situación objetiva de necesidad.

No en vano, se debe recuperar la memoria olvidada del refugio, aquélla que, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fue la esencia de protección para muchas personas y que ahora es preciso redefinir para atender la situación de verdadera emergencia climática que ya sufren muchos países del sur: la causa humanitaria debe ser la única aceptable para proteger y asistir a las personas que más lo necesitan, incluyendo las personas refugiadas climáticas. Es, simplemente, una cuestión de humanidad, justicia y solidaridad.

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