Reino Unido pierde, gana la secta del ‘Brexit’

Existe una tendencia generalizada a analizar el fenómeno del Brexit en términos meramente económicos. Desde tal punto de vista, resulta imposible su comprensión. Todos los estudios solventes, incluyendo los del propio Gobierno británico, llegan a la conclusión de que supondrá una pérdida económica neta, tanto para Reino Unido como para la UE-27. Evidentemente, esos efectos negativos serán particularmente severos en el caso de la economía británica. No es lo mismo acceder con más dificultades a uno de tus mercados de exportación (como le sucederá a cada una de las economías continentales) que a 27 simultáneamente.

¿Cómo entender entonces semejante sin sentido? Analizándolo como lo que es: una decisión política, basada en una ideología nacionalista y populista. Cambiada la perspectiva, todo lo sucedido se vuelve mucho más claro. La clave del Brexit reside en la aparición de Ukip, un partido anti-europeo, partidario de limitar al mínimo los vínculos de su país con la Unión Europea, presentada como origen de todos los males (supuestos pagos gigantescos a su presupuesto, oleadas de inmigración, falta de soberanía…). No debiera ser tan difícil entender un movimiento semejante para nosotros, dados sus enormes parecidos con el separatismo catalán. Una crisis económica profunda (como la iniciada en 2008) siempre ha sido el caldo de cultivo perfecto para este tipo de partidos. Nada mejor para unas élites fracasadas y cuestionadas desde abajo que poder echar la culpa de todo al enemigo exterior, aunque sea preciso inventarlo.

La pujanza de Ukip suponía una amenaza mortal para el Partido Conservador dado el sistema electoral británico, que prima tanto al partido mayoritario. La división de la derecha tenía que restañarse. Para ello, el Partido Conservador adoptó íntegramente la ideología anti-europea de Ukip, jaleado por los infames periódicos sensacionalistas que sufre ese país. Hay que reconocer que, desde este punto de vista, la jugada no les ha salido nada mal. En pocos años, Ukip ha desaparecido y el Partido Conservador gobierna con una cómoda mayoría absoluta recién conseguida en las urnas.

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Ahora, parece que se propone cosechar los últimos frutos de esa victoria, rompiendo los lazos con la UE-27 de una forma que resultaba inimaginable al inicio de este proceso. Para lograr este objetivo su política ha sido tan despreciable como efectiva. Cuando se celebró el referéndum del Brexit, ganado por un mínimo margen, lo que se prometió al electorado fue únicamente salir de las instituciones europeas, disminuir la inmigración y dejar de contribuir al Presupuesto común, pero manteniendo el acceso al Mercado Único europeo mediante un tratado que “sería muy fácil de negociar”. Sin embargo, una vez ganado, ese mandato se ha ido reinterpretando de forma cada vez más restrictiva.

Como acabamos de ver, primero se dijo “saldremos de la Unión, pero seguiremos perteneciendo al Mercado Único europeo”. Habría sido algo perfectamente posible, como en los casos de Noruega o Suiza. No obstante, una vez ganado por la mínima el referéndum comenzó a decirse algo distinto: “No es posible seguir en el Mercado Único, porque eso supondría cumplir regulaciones europeas (y queremos nuestras propias leyes), aceptar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE en ciertos asuntos (y queremos nuestros propios tribunales) y seguir contribuyendo (aunque sea menos) al Presupuesto europeo”.

El siguiente modelo posible de relación con la UE-27, ya mucho menos estrecho, habría sido acordar una Unión Aduanera. En ella, los aranceles son comunes, la UE-27 y Reino Unido tendrían los mismos frente a terceros países y no los habría entre ellos. Esto al menos permitiría evitar los controles arancelarios en las fronteras entre ambos (como la de Irlanda del Norte). Era esencialmente el plan de Theresa May pero, según los más radicales de su partido, ya ni siquiera esto era aceptable. En una Unión Aduanera, Reino Unido perdería la soberanía sobre su política arancelaria y no podría firmar acuerdos comerciales propios con terceros países. De repente, esos nuevos acuerdos (de los que apenas se había hablado antes y cuyo verdadero valor económico es escaso, dada la distancia a esos potenciales mercados) se convirtieron en algo irrenunciable. Tampoco la Unión Aduanera fue posible y Theresa May fue sustituida en el Gobierno por Boris Johnson.

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El nuevo Gobierno se encontraba en una situación muy difícil, sin mayoría, perdiendo con frecuencia votaciones trascendentales en el Parlamento. Necesitaba como fuese salir del atolladero y presentarse a unas elecciones en situación favorable. Descartada la Unión Aduanera, la siguiente opción consistía en firmar un simple Acuerdo de Libre Comercio con la UE-27, como el que tiene Canadá. En este tipo de acuerdos, cada parte mantiene sus propios aranceles (y puede tener su propia política comercial) frente a terceros. Lo único que acordarían sería que los aranceles fuesen cero entre ellos. En este caso, sí que son necesarios los controles en las fronteras, para evitar que los productos de terceros países entren por la frontera con aranceles más bajos para luego moverse libremente hacia otro país del Área de Libre Comercio. Este problema es particularmente grave en la frontera entre las dos Irlandas, pues el acuerdo de paz de Viernes Santo obliga a mantener allí una frontera invisible, sin controles.

La forma expeditiva utilizada por el Gobierno de Johnson para cortar este nudo gordiano consistió en aceptar algo que inaceptable para el Gobierno de su predecesora: dejar a Irlanda del Norte de hecho dentro del Mercado Único europeo y trasladar los necesarios controles fronterizos al mar de Irlanda. Comienza a vislumbrarse ahora que tan insólita aceptación se debió a la urgencia de ganar las elecciones, probablemente con la idea de volver sobre el asunto una vez ganadas y consumada la salida de la Unión Europea. Nadie promete más que el que no piensa cumplir.

Acordado lo anterior mediante la firma del Acuerdo de Salida, un tratado internacional que también establece el pago de unos 40.000 millones de euros que Reino Unido debe a la UE-27 por compromisos contraídos mientras fue miembro, y el mantenimiento de los derechos de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido, Johnson se pudo presentar a las elecciones como el gran negociador que había desbloqueado el Brexit. Ganadas por mayoría absoluta, y consumado el Brexit, se pasó a negociar la nueva relación futura del ya país ex miembro con sus antiguos socios.

En esas negociaciones, la postura británica se ha caracterizado por una mezcla de intransigencia y desvergüenza, exigiendo el acceso libre de aranceles al mercado europeo, pero sin dar garantías sobre el mantenimiento de un terreno de juego equilibrado que le impida, por ejemplo, dar ayudas de Estado (que proporcionarían una ventaja competitiva a sus empresas subsidiadas). De repente, otro asunto no citado en el referendo, que además va contra la ideología tradicional del partido conservador, se convierte en una nueva línea roja. El otro gran obstáculo es el de la pesca, no menos ideológico, pues se trata de un sector cuyo peso económico es insignificante.

La triste historia del Brexit llega así al momento actual, en el que las negociaciones sobre la relación futura parecen a punto de fracasar. El tiempo disponible es muy escaso, debido a la renuncia del Gobierno británico a solicitar una prórroga que más que justificaban las dificultades creadas por la Covid-19. Si las negociaciones fracasan, Reino Unido y la UE-27 se relacionarán como completos extraños, sin ningún tipo de acuerdo, sólo sujetos a las normas de la Organización Mundial de Comercio. Johnson, para confundir de nuevo a la opinión pública doméstica, ha decidido llamar esto “un acuerdo como el de Australia” (país que no tiene ninguno).

Rematando la faena, en los últimos días la secta del Brexit ha empezado a descubrir todas sus cartas, poniendo en cuestión incluso lo ya firmado para la frontera irlandesa. Una nueva ley británica se propone reinterpretar de forma unilateral lo que decía ese acuerdo internacional. El secretario para Irlanda del Norte ha admitido expresamente en el Parlamento que esto violará la ley internacional y altos cargos en puestos jurídicos han comenzado a dimitir en señal de protesta; señales todas ellas de que el asunto va en serio. De esta forma, el sueño de los partidarios del Brexit más duro, que parecía inalcanzable hace pocos años, está ya a un paso de cumplirse, pese a la ausencia de una mayoría social clara que lo respalde. El triunfo de los sectarios del Brexit ha sido espectacular.

La Unión Europea ha actuado de buena fe en esta tragicomedia. Nunca ha impuesto a Reino Unido un modelo de relación futura, aunque hubiera preferido el más estrecho posible; tan sólo se ha limitado a mostrarle repetidamente el menú de opciones posibles, cada una con sus propias ventajas y compromisos. En vista de los últimos acontecimientos, también ha sido un papel un tanto ingenuo. Facilitar a Johnson la firma del Acuerdo de Salida significó ponerle en bandeja la mayoría absoluta cuando estaba acorralado. Dejar la gestión de la frontera en el mar de Irlanda a la Administración británica, deseosa de evitar los controles, facilitaba a ésta la tarea de sabotearla. Con el añadido de que esa frontera se ha convertido en una frontera exterior de la propia Unión Europea, cuya vigilancia se ha encomendado a unos agentes de poco fiar.

Tal vez haya llegado el momento de que la UE-27 se plante, abandonando las negociaciones en curso hasta que no se garantice el cumplimiento de lo ya firmado. No tiene sentido negociar nuevos acuerdos con quien demuestra ser incapaz de cumplir los anteriores. Debemos aceptar de una vez que no estamos tratando con personajes salidos de la serie Downton Abbey, sino de Peaky Blinders.

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