Retos energéticos y ciudad: sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos

Aunque las ciudades sólo ocupan un pequeño porcentaje en superficie del total del planeta, consumen el 75% de la energía, ya que más de la mitad de la población mundial vive en ellas. En consecuencia, si no son sostenibles, el planeta tampoco lo será. Analizar las posibilidades de cambio del actual modelo energético vinculado con los sistemas urbanos es, seguramente, uno de los objetivos más estudiados en los últimos años en el marco académico y profesional, y el objeto de numerosos cursos en la actualidad. Un cambio de modelo que pasa por hacerlas más habitables, más humanas y por fomentar las energías renovables y el autoconsumo.

Las ciudades son las responsables de la mayor parte de la energía consumida en el planeta. Son las mayores responsables, en consecuencia, del deterioro entrópico de la Tierra. Por ejemplo, alrededor del 75% de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero son debidas a las procedentes de recursos energéticos de origen fósil, emisiones que se espera aumenten un 60% en los próximos 25 años. Las ciudades son las principales responsables del calentamiento global de la atmósfera.

No es razonable ni deseable un análisis y, en consecuencia, unas posteriores propuestas de actuación sobre los retos energéticos y las ciudades sin tener en cuenta las otras variables que inciden en el objetivo más ambicioso de la sostenibilidad medioambiental de nuestro planeta y, por tanto, la de las ciudades.

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Ello se expone muy bien en los planteamientos expuestos en la reciente Carta para la Planificación Ecosistémica de Ciudades y Metrópolisuna iniciativa de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, presentada el 22 de mayo del 2018 por su director, Salvador Rueda, en el marco del Congreso Post-Habitat III. Y en general, en toda la producción científica y urbanística del propio Rueda, que defiende el comportamiento de las ciudades como un sistema metabólico eco-sistémico en el que el objetivo de la eficiencia, entendida como el modo más eficaz de proveer de recursos a las ciudades, pase a formar parte de un nuevo “régimen metabólico que reduzca la perturbación de los ecosistemasdebido a los flujos que proveen de recursos a la ciudad y que “deben ser gestionados adecuadamente, una vez consumidos, para no contaminarla ni a ella ni tampoco al medio más extenso”.

Sobre las posibles soluciones, aconsejo vivamente que acudan a las que se formulan en la mencionada Carta o las señaladas desde el Foro de Transiciones, que ha impulsado recientemente una de las más completas y exigentes reflexiones acerca de la crisis eco-social y el cambio de ciclo histórico, con dos publicaciones que ya son una luminosa referencia para estos temas: La gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico (Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego, 2016) y Ciudades en movimiento. Avances y contradicciones de las políticas municipalistas ante las transiciones ecosociales (J. L. Fdez. Casadevante, Nerea Morán y Fernando Prats. 2018, con el impulso y la ayuda de las Fundaciones Conama y Fuhem).

Valga como resumen de las publicaciones mencionadas que nos la jugamos en unos pocos retos: en el modo en que resolvamos la movilidad de personas y mercancías; en cómo consigamos minimizar al máximo los consumos de energía vinculados al uso de las edificaciones y la prolongación de la vida útil de las mismas; en la incorporación masiva de energías renovables en todos los sistemas de uso o productivos que las necesiten. Y en la creciente restitución a la atmósfera de la mayor cantidad de oxígeno posible, dejando de ocupar suelos y aumentando la superficie vegetal. No podemos olvidar que, aunque pudiésemos descarbonizar la economía mundial de un día para otro, los efectos del cambio climático ya están aquí, y sólo una naturaleza sana y biodiversa contribuirá a paliar los efectos más dañinos del mismo.

Pero todo esto ya lo sabemos y, afortunadamente, empieza a figurar en las agendas de los principales partidos mínimamente serios. ¿Quién se opone hoy públicamente a todos estos objetivos y planteamientos que no se llame Trump? La cuestión no es tanto un problema de mayor asunción política y de sensibilización social, que tampoco vendrían mal, sino de intensidad y de mayor ambición, ante la gravedad y magnitud de los retos.

Se preguntaba Fernando Prats en esta misma tribuna, tan sólo hace unos días: ¿Están las ciudades españolas preparadas? En la citada Ciudades en movimiento se apunta a una respuesta negativa: “A pesar del indudable interés de algunas iniciativas, lo cierto es que la realidad demanda respuestas más ambiciosas que estén a la altura de los problemas que afrontamos”.

Y continuaba: “En los comicios de 2015, acceden a los ayuntamientos de las ciudades más importantes nuevas formaciones políticas que irrumpen con energía renovada en las políticas urbanas, pero sin consignar la importancia del binomio energético-climático. Efectivamente, los nuevos equipos municipales llegan muy sensibilizados y con innovadoras propuestas ante cuestiones como la participación, la transparencia y la prevención de la corrupción, la lucha contra la desigualdad social, la revalorización de los servicios públicos, la incorporación de las cuestiones de género o la renovación de políticas ambientales; pero sin que, como reflejo de la conciencia social, sus compromisos electorales e iniciativas iniciales consideren de forma rigurosa las variables relacionadas con los desafíos eco-sociales”.

Quiero centrarme para finalizar en un aspecto concreto que responde a los retos urbanos en clave energética y que conozco más de cerca, como es el de las estrategias dirigidas en los últimos años a la rehabilitación del parque residencial español obsoleto. Y ello a pesar de la escasa y poco relevante información que hay sobre las actuaciones de rehabilitación en nuestro país, tanto las inducidas por las subvenciones de las diferentes administraciones públicas, como las que no tienen ninguna subvención, y que el recientemente creado Observatorio Ciudad 3R trata de paliar contribuyendo a medir mejor los resultados para mejorar en el futuro inmediato.

Al ritmo actual de apenas 30.000 viviendas anuales rehabilitadas, y no todas con criterios exigentes de eficiencia energética, tardaríamos ¡¡¡230 años!!!  en conseguir renovar el 50% del total de los 13,8 millones de viviendas existentes construidas antes de 1979, fecha de la primera normativa sobre aislamiento térmico en las edificaciones en España. Si este ritmo se multiplicara por 10, hasta las 300.000, como propone el Grupo de Trabajo por la Rehabilitación (GTR) en su reciente Informe GTR Ciudades, en 20 años se podría conseguir ese objetivo, con importantes y significativos ahorros energéticos, la mejora de la calidad de vida de millones de personas, la creación de empleo local y la mejora de los núcleos urbanos.

A la vista de los penosos resultados obtenidos, la pregunta es: ¿qué es lo que está impidiendo una mayor normalización de la actividad de rehabilitación?

Hay cierta unanimidad en el sector sobre las posibles causas, aunque la primera es, sin duda, la falta de voluntad política y de mayor ambición expresada en una deseable ley transversal que obligue sectorialmente (Industria, Fomento, Medio Ambiente, Hacienda, etcétera) en materia de rehabilitación energética del parque edificado español (residencial, terciario, industrial, etc.) y que ofrezca instrumentos de gestión y, sobre todo, de financiación (no sólo subvenciones) adecuados que faciliten también la intervención de los ayuntamientos, que en estos últimos años han estado financieramente maniatados y que son parte de la solución y no del problema.

Es cierto también que nos enfrentamos a unas características complejas y específicas del parque residencial español (13,8% de vivienda vacía, 3,4 millones de viviendas con mala accesibilidad, régimen de propiedad horizontal, falta de cultura de lo común y escasez de recursos en los hogares).  

En otros países como Francia han lanzado una ambiciosa Ley de Transición Energética (LTE) para el crecimiento verde en la que la renovación de viviendas merece el capítulo segundo completo de la Ley (el anteproyecto de la ley española, en vías de aprobación, dedica un solo artículo de los 30 del anteproyecto)

La ley francesa establece las bases de un ambicioso plan de renovación de edificios que permita mejorar la eficiencia energética de los mismos y contribuya notoriamente al descenso del consumo de energía. Mediante diversas medidas, se estima que se podrán acometer anualmente, a partir del año 2017, en torno a 500.000 renovaciones de viviendas anuales (en el anteproyecto de la ley española, este objetivo se reduce a 100.000 viviendas anuales, tres veces mayor que el ritmo actual).

Sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos falta mas ambición e intensidad en las medidas que se vislumbran. En los próximos años, las ciudades deben recuperar mayor protagonismo y capacidades para actuar y ello se debe facilitar y propiciar decididamente, sin desconfianzas, desde los otros niveles administrativos.

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