Rizando el rizo de los decretos-leyes

Si pensábamos que en materia de decreto-ley, ese instrumento jurídico que la Constitución pone a disposición del Gobierno para afrontar situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, habíamos alcanzado el techo de los excesos estábamos muy equivocados. La utilización e interpretación que de dicha norma se está llevando a cabo en las últimas semanas nos está brindando la oportunidad de asistir a controversias hasta ahora inéditas en cuatro décadas de experiencia constitucional.

Como es sabido, a lo largo de los 9 meses de vida del Ejecutivo Sánchez el recurso al decreto-ley ha sido permanente.  De hecho, hay que recordar que todas las iniciativas legislativas promovidas desde el Gobierno que han salido adelante en el Congreso han revestido dicha forma jurídica. Ante el bloqueo sufrido por sus proyectos de ley como consecuencia de las argucias obstruccionistas planteadas por la mayoría dominante en la Mesa del Congreso, desde el Gobierno se optó por recurrir sistemáticamente a la vía de la legislación de urgencia. Un camino muy arriesgado teniendo en cuenta la adversa aritmética parlamentaria existente pero que, sin embargo, ha resultado políticamente exitoso para la supervivencia gubernamental. El hecho es que, dejando a un lado el caso del primer decreto-ley de alquileres (que fue rechazado por el Pleno del Congreso y ahora deberá ser sometido a su Diputación Permanente), ha conseguido sacar adelante todos los demás aprobados por el Consejo de Ministros.

Esta querencia (a la que no ha podido sustraerse prácticamente ningún Gobierno) por asumir en primera persona el ejercicio de la potestad legislativa en situaciones que objetivamente aparecen despojadas de la nota de urgencia requerida por la Constitución, lejos de decrecer tras el anuncio de la convocatoria de elecciones, mantiene todo su vigor en las postrimerías de la legislatura. En este sentido, los denominados “viernes sociales” no dejan resquicio a la duda.

Una vez disueltas las Cortes corresponde a la Diputación Permanente del Congreso convalidar estos últimos decretos-leyes, debiendo pronunciarse en el plazo de 30 días constitucionalmente establecido. En el trámite de convalidación el Congreso o, en su caso, su Diputación Permanente no pueden introducir modificaciones a las decisiones adoptadas por el Gobierno, limitándose su facultad a ratificarlas o rechazarlas en su integridad. Eso sí, una vez convalidado el decreto-ley se contempla la posibilidad de que el mismo sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. De esta manera, no sólo se da entrada en el esquema de decisión parlamentaria al Senado (que es obviado completamente en la convalidación) sino que también queda expedita la vía para su modificación a través de la presentación de enmiendas.

El (por ahora) último episodio que se ha planteado en relación con el decreto-ley gira precisamente en torno a la posibilidad de que la Diputación Permanente del Congreso pueda desarrollar este último procedimiento en relación con la norma que regula la figura del permiso de paternidad. Interrogados por el grupo parlamentario de Ciudadanos los servicios jurídicos de la Cámara Baja han evacuado un informe que da vía libre para que dicho órgano lleve a cabo la conversión en ley de este decreto-ley argumentando que la Constitución y el Reglamento de la Cámara lo permiten.

Causa una profunda perplejidad jurídica tal conclusión. Es cierto que la Constitución atribuye a la Diputación Permanente del Congreso las competencias que corresponden al Pleno en materia de decreto-ley, por lo que cabría defender que es factible que aquélla no sólo pueda convalidar sino también abrir el procedimiento de conversión en ley. Ciertamente, pero, sin embargo, esta interpretación se limita a llevar a cabo una lectura estrictamente literal de los preceptos señalados, especialmente del artículo 151.5 del Reglamento del Congreso en donde se establece que “(L)la Diputación Permanente podrá, en su caso, tramitar como proyectos de ley por el Procedimiento de urgencia los Decretos-leyes que el Gobierno dicte durante los períodos entre legislaturas”. Buena parte de la doctrina constitucionalista considera que esta previsión (que nunca se ha aplicado en la práctica) exige una interpretación sistemática que tenga en cuenta la configuración constitucional de la Diputación Permanente, haciendo especial hincapié en que no estamos ante una instancia dotada de competencia legislativa según se desprende claramente de lo establecido por el artículo 78 de la Constitución. Para corroborar esta afirmación basta con acudir al terreno práctico, puesto que una vez que se disuelven las Cortes todas las iniciativas legislativas en curso decaen, sin que en ningún momento su tramitación siga adelante siendo asumida por las diputaciones permanentes de las Cámaras.

Teniendo en cuenta esta circunstancia ¿cómo ha de interpretarse lo dispuesto por la norma reglamentaria? En opinión de la mayoría de los expertos (e ignorada por los letrados del Congreso) la opción constitucionalmente factible es la que circunscribe el margen de actuación de la Diputación Permanente del Congreso a solicitar, una vez convalidado el decreto-ley, que se inicie su tramitación como proyecto de ley. Pero manifestada tal voluntad, la competencia efectiva para su desarrollo corresponderá, llegado el momento y si así lo consideran oportuno, a las Cámaras surgidas de las elecciones.

Sostener lo contrario, como hace el informe evacuado por los servicios jurídicos de la Cámara baja, conduce a una situación políticamente absurda y jurídicamente descabellada. Desde una perspectiva política tal solución resulta inadmisible, porque una vez que se convocan elecciones la capacidad decisional del Parlamento que ya está disuelto se reduce a su mínima expresión, debiendo sus diputaciones permanentes limitarse al desarrollo de las actividades constitucionalmente previstas y entre las que no están las de índole legislativa. Por otra parte, tomando en consideración la dimensión jurídica del asunto, no puede dejar de señalarse la inexistencia de normas concretas que regulen cómo llevar a cabo la tramitación legislativa de un proyecto de ley en el seno de las diputaciones permanentes. Frente a la abundancia de preceptos en los reglamentos del Congreso y el Senado en donde se regulan exhaustivamente estas cuestiones nada se dice en relación con el tema apuntado. Tanto es así que, rizando el rizo, en el informe de los letrados del Congreso se establece un procedimiento ad hoc que permitirá acometer la tarea de la tramitación legislativa, tanto en el seno de la Diputación Permanente del Congreso como, en un exceso competencial claro del principio de autoorganización que asiste a cada cámara, en la del Senado.

Nos enfrentamos, pues, a un sui generis escenario legislativo que carece de precedentes en nuestra experiencia parlamentaria y que al articularse sobre unas erradas premisas interpretativas traerá consigo un nuevo y sorprendente efecto de desbordamiento del marco constitucional.

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