Santa Bárbara y los truenos

A mediados del mes pasado, temporales provocados por la gota fría se cebaron especialmente con las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Este artículo hace un diagnóstico de lo que ocurre en este área geográfica (y más allá) y en el que desempeña un papel relevante la gestión del territorio (aunque no sólo).

1.- Territorio desregulado, lo que no quiere decir sin normas, que las hay y en abundancia, aunque algunas como la ley del Suelo o la ley de Costas han sufrido modificaciones que podríamos resumir en casi todo vale. El resultado es un territorio pasto de proyectos sin escrúpulos ambientalistas. La parte más apetecible de este barrio es, sin duda, su fachada litoral, pero los ríos dan también un toque de distinción a las nuevas urbanizaciones.

2.- Desequilibrio territorial. Paradójicamente, la mayoría del país físico que no está urbanizado (pongamos un 90%) está a cargo de una población diseminada en declive, además de agricultores, ganaderos, forestales, que en total no alcanzan el 10% del total. Para compensar tal desequilibrio, alguien ha propuesto que los urbanitas paguen un tasa para visitar el campo.

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

3.- Déficit de gobernanza, que se concreta en la concurrencia en un mismo territorio de competencias de diferentes administraciones (local, autonómica, estatal, empresas públicas de alto impacto). Riadas, inundaciones, temporales: Gobierno central, Gobierno autonómico, gobiernos locales, confederaciones hidrográficas, organismos autónomos. No se trata de cuestionar el estado autonómico, sino de mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones públicas. No es sólo un problema de coordinación de los sistemas de emergencia, sino de establecer un marco de acción territorial que, consensuado, comprometa a todas las administraciones a actuar preventivamente y ponga en marcha planes de restauración del medio físico.

Invertir en capital natural significa respetar los ciclos naturales, abandonar la idea de dominar la naturaleza, rehabilitar el territorio, aumentar la protección de los espacios vulnerables.

4.- Falta de conocimiento. Echemos un vistazo a los planes de estudio, al menos en las universidades: la fragmentación del saber es cada vez más preocupante, con algunas disciplinas de mayor impacto. Un ejemplo teórico: la Economía clásica, que preside la ceremonia. Hagan la prueba, pregunten a un licenciado de cualquier especialidad qué entiende por externalidades de los procesos, de los costes ocultos de los proyectos, qué sabe de Geografía, de la nueva cultura del agua…

Esta reflexión, extendida al conjunto de nuestra dirigencia (responsables de gobierno, altos funcionarios, empresarios…) explica bien algunos de los problemas que nos acucian.

5.- El peligro del retorno de las burbujas. Si los recursos humanos y presupuestarios (públicos y privados) dedicados a paliar los efectos de las últimas catástrofes (más o menos naturales) se hubieran dedicado a reparar el territorio, a coser sus heridas y a devolverle sus derechos maltratados, seguramente la situación actual sería muy diferente.

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En vez de eso, seguimos maltratando nuestro capital natural, pervirtiendo cantidades astronómicas de recursos, cuarteando los ecosistemas con absurdas obras para mayor gloria y beneficio de las grandes constructoras. A poco que la crisis económica se iba desvaneciendo, han vuelto a escena los protagonistas de las dos grandes burbujas, la inmobiliaria y la de las llamadas infraestructuras. Ambas íntimamente vinculadas, necesitada la primera de la segunda, o simplemente incitadoras las segunda de las primera.

Las catástrofes que con mayor asiduidad nos visitan constituyen episodios mediáticos de máximo nivel, pero fluyen y desaparecen con la misma rapidez con que se nos presentan.

6.- El cambio climático que lo cambia casi todo. Este nuevo invitado a escena sirve ahora de excusa relativa para esquivar responsabilidades públicas y privadas.

En lugar de reparar los errores, los tapamos. La Junta de Andalucía ha dado vía libre a regularizar 300.000 viviendas ilegales, es decir, construidas en su momento en suelo no urbanizable. En mi barrio territorial valenciano también podemos mostrar actuaciones similares de viviendas sin papeles.

Admitamos que la legislación siempre ha sido compleja y farragosa, difícil de gestionar y que la planificación territorial –de ámbito superior al urbano– no ha cuajado en España. Pero la legalización a posteriori de los abusos no tiene justificación y ha supuesto una quiebra importante del sentido último de las leyes, que están para ser aplicadas. Se sabe que después de un exceso, sea en el campo o en la ciudad, vendrá el perdón de los pecados y la rehabilitación legal.

En España se acercan elecciones. Me temo que volveremos de nuevo a comprobar la debilidad de las recetas que se prometen –y lo que es peor, la falta de convicción que destilan en muchos casos– para cambiar el modelo depredador del desarrollo económico. No sólo hay que prestar atención a los programas sobre medio ambiente, pues en muchos casos se contradicen con los de economía, urbanismo, con los de agricultura o de infraestructuras. La confusión de fondo, y también semántica –crecimiento/desarrollo, sostenido/sostenible– resulta muy preocupante; incluso cuando viene de gobiernos autoproclamados como progresistas.

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