Sobre las propuestas del BBVA en materia de protección por desempleo

Recientemente podíamos leer en los periódicos un titular como el siguiente ‘BBVA propone acortar la prestación por desempleo si la economía va bien’. Yendo al estudio, nos encontramos un documento de 29 páginas que tiene como leitmotiv la formulación de propuestas para alcanzar un mercado de trabajo más eficiente, aunque abordando múltiples áreas: contratación, negociación colectiva, fiscalidad, Seguridad Social o políticas de empleo.

Me centraré en esta última únicamente. Vaya por delante que comparto buena parte del diagnóstico que en el estudio se hace y que desde el plano económico, por lo que a esta parte se refiere, me parece muy completo y riguroso. Echo de menos, no obstante, una mayor preocupación técnica por las instituciones, por el Derecho, lo cual desgraciadamente es frecuente en muchos economistas (y también a la inversa, para muchos juristas, que se preocupan poco del impacto económico de las normas). No obstante, no es mi objetivo tanto analizar el estudio como que el lector no técnico pueda reflexionar sobre algunas propuestas que en él se hacen.

De una parte, y con carácter general, esta investigación parte de la premisa, no explícita, de que son las instituciones y, en particular, la protección por desempleo, las causantes del paro. De ahí que buena parte de las propuestas vayan dirigidas a su limitación, especialmente en lo que hace a las políticas pasivas o prestaciones y subsidios. Para el lector no técnico que pueda estar buscando desesperadamente empleo, resultará curioso que le hablen de los desincentivos que le produce la percepción de una prestación (si es que la tiene) cuando sencillamente (aunque cada vez menos, afortunadamente) no hay trabajo. Y es que buena parte del fenómeno del paro depende también del funcionamiento general de la economía, de factores macroeconómicos. Sin duda, las instituciones afectan a la marcha de los mercados, pero hasta qué punto son las causantes, en este caso, del paro es un viejo debate que está lejos de ser resuelto, tanto para los economistas como para la sociedad en su conjunto.

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Pero las instituciones también pueden contribuir a que el mercado laboral funcione mejor, y de ahí que el estudio que nos sirve de pretexto para la reflexión ponga de manifiesto el insuficiente desarrollo de las políticas activas de empleo (aquéllas que ayudan a encontrar un trabajo) en nuestro país. Además, se centra en las propuestas clave: más y mejor inversión, involucrando al Fondo Social Europeo; evaluación de los programas; apuesta decidida por la formación, búsqueda de  trabajo y seguimiento y mejora de los servicios de intermediación.

Sin embargo, no debe olvidarse que en este tipo de propuestas subyace en ocasiones la idea de que el fenómeno del paro tiene más que ver con el sujeto desempleado que con lo que ocurre más allá del mercado de trabajo. De ahí que se diga que «sería deseable condicionar la percepción de prestaciones por desempleo a la participación de los parados en programas de activación, a semejanza de lo que sucede en la gran mayoría de los países del centro y del norte  de  Europa». En realidad, tal condicionamiento sí que existe en España, sin perjuicio de que sea muy mejorable y que, en particular, el encaje jurídico entre el compromiso de actividad y el itinerario de empleo requiera de una importante revisión.

Y de ahí también que, aunque en un primer momento se advierte de los «efectos de ida y vuelta» del incremento de las sanciones, posteriormente se hagan propuestas concretas que se dirigen a «incrementar la pena en caso de rechazo  de la primera oferta  adecuada». En el contexto en el que nos encontramos, donde las repercusiones del comportamiento general de la economía sobre el mercado de trabajo son tan claras, ¿resulta que las medidas más eficientes son las que cargan las tintas sobre el desempleado defraudador? Sin duda el fraude, en éste como en otros ámbitos, es un fenómeno que es preciso atajar. Ojalá contáramos con más y mejores datos para poder evaluarlo en este concreto ámbito, que sería el primer e imprescindible paso para poder ponerle solución. Al margen de esto, si como acertadamente señala el estudio, los posibles desincentivos de la protección por desempleo se centran en parados de larga duración y de más edad, no parece que planear medidas generales para todos los desempleados, incluido el ámbito sancionador, sea lo más adecuado.

Pero si, como decimos, el debate lo centramos en el desempleado, quizá tampoco resulte del todo congruente establecer  una  regla  automática que, como sugiere este provocativo estudio, vincule el  tiempo máximo de  percepción de la prestación a la evolución de algún indicador del mercado de trabajo. Si el problema está, como parecen sostener estos investigadores, en el desempleado, la duración debería adaptarse a su nivel de empleabilidad, de búsqueda de empleo, a sus circunstancias personales y familiares, etc. Es cierto que el elemento económico es un factor muy importante para el sistema de protección por desempleo, por cuanto que es contra-cíclico. Dicho de otra forma, el sistema se ve obligado a hacer más esfuerzos precisamente cuando menos recursos hay. El establecimiento de fondos de reserva o cualquier medida que permita transferir esos fondos ‘inter-temporalmente’ son medidas idóneas para resolver este tipo de problemas, sin mezclar asuntos que poco tienen que ver entre sí.

Ello permitiría, también, atajar un problema importante del sistema de protección por desempleo que el estudio no menciona, el de su incapacidad para mantener unos niveles adecuados de protección en situaciones de crisis prolongada. Sin ser el más perfecto de los indicadores, la tasa de cobertura, tal y como muestra el siguiente gráfico, se ha reducido a unos niveles en los que sólo uno de cada dos desempleados aproximadamente recibe algún tipo de prestación. La adecuada protección de los parados no sólo es una cuestión social, sino también de eficiencia, puesto que actúa como estabilizador automático de la economía y permite un mejor emparejamiento entre oferta y demanda de trabajo, entre otras cuestiones. ¿Por qué no extender la propuesta de implicación del Fondo Social Europeo de este estudio también a las pasivas? ¿Por qué no avanzar en el ámbito europeo a este respecto?

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Pero al margen de lo anterior, estos datos también nos sugieren que la importancia del sistema en cuanto que hipotética causa del fenómeno del paro, máxime en el contexto actual, quizá debiera relativizarse. Probablemente resulte injusto culpabilizar al desempleado cuando sencillamente no hay suficiente empleo para todos. También probablemente lo sea no prestar la debida atención a esos otros efectos benéficos que el sistema también produce y que frecuentemente suelen ser los grandes olvidados. Mire a su alrededor y juzgue usted mismo.

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