Socialdemocracia y redistribución: la dura realidad

“Socialdemocracia” es hoy un concepto disputado en nuestro país, pero sería fácil admitir que dos de los objetivos declarados de la misma han sido la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades, y que uno de sus instrumentos fundamentales (si no el principal) para conseguirlos son las políticas de redistribución de la renta. Muchos partidos y políticos socialdemócratas se complacen en repetir que, cuando ellos gobiernan, a diferencia de cuando lo hace la derecha, esos objetivos guían su actuación, y que sus gobiernos consiguen avances sustanciales hacia los mismos.

Sin embargo, aunque concediéramos la honestidad y buena voluntad de muchos de quienes esgrimen tal discurso, los datos son tercos: en el caso de España (pero también de otros países) muestran la enorme dificultad de alterar sustancialmente la desigualdad en la distribución de la renta y de reducir de forma drástica la tasa de pobreza. Incluso durante los años más pretendidamente “socialdemócratas” que ha vivido España en tiempos recientes (la primera legislatura de gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2004 a 2008), los avances conseguidos en la reducción de la tasa de pobreza monetaria y de la desigualdad de renta (medida por el índice de Gini) han sido momentáneos y estadísticamente nimios (véase tabla adjunta).

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Es cierto que si comparamos tanto el índice de Gini como el de pobreza antes y después de impuestos y prestaciones, observamos que la acción redistributiva del Estado mitiga de hecho alrededor de un tercio de la desigualdad de renta primaria y entre un tercio y casi la mitad de la pobreza. Aún así, la medida en que ello ocurre parece haber dependido más de factores estructurales y de coyunturas como la crisis económica que del color político más o menos “socialdemócrata” del gobierno de turno. De hecho, y debido a esa crisis económica, el mayor “esfuerzo relativo” por parte del Estado en la reducción de estos índices se observa precisamente durante los años 2012 y 2013, cuando gobernaba la derecha. Adicionalmente, si observamos la evolución de la brecha de la pobreza (la distancia que separa la renta disponible media de los hogares pobres del umbral de la pobreza), podemos constatar que tampoco ha sufrido alteraciones sustanciales durante este período, esto es, que la intensidad de la pobreza que sufren los hogares pobres prácticamente no ha variado.

La resistencia de los índices de pobreza y desigualdad a caer por debajo de un “suelo” elevado parece empeñarse en contradecir la pretensión de muchos socialdemócratas de que sus políticas son efectivas. El objetivo declarado de la socialdemocracia nunca fue detenerse y darse por satisfecha con niveles de desigualdad y pobreza tan elevados como los existentes en España. Las causas de este fenómeno son variadas y han sido muy bien expuestas en estudios recientes como los de L. Ayala, P. Marí-Klose, D. Rueda y P. Beramendi, F. J. Goerlich y otros muchos: además de factores coyunturales como la crisis, hay otros estructurales que tienen que ver con la arquitectura de nuestro Estado del bienestar, nuestro sistema fiscal y nuestro mercado de trabajo. Si se ignoran, la viabilidad de las metas redistributivas socialdemócratas en una sociedad capitalista estará seriamente hipotecada.

Puede que en otros países y períodos históricos la socialdemocracia consiguiese avances redistributivos importantes. Pero hoy quedan lejos; los datos reflejan que desde hace prácticamente cuatro décadas el índice de Gini y las tasas de pobreza no han caído sustancialmente en los principales países de la OCDE, y en muchos han aumentado, a pesar de haber contado con importantes períodos de gobiernos socialdemócratas (véase, por ejemplo, el estudio de Wang et al., con datos de 20 países desde mediados de los 80).

Es cierto que los “socialdemócratas” en el gobierno a menudo lo son sólo nominalmente. El hecho de que traten de contentar a las clases medias y a los trabajadores acomodados o insiders les aleja sistemáticamente de una mayor audacia redistributiva. Pero también es verdad que sus instrumentos tradicionales se han oxidado: el pleno empleo estable basado en la ética del trabajo, las prestaciones asistenciales pensadas para situaciones transitorias y las prestaciones contributivas respaldadas por sólidos historiales de cotización son supuestos que se desvanecen. Si todo lo que los socialdemócratas tienen que ofrecer es preservar el Estado del bienestar que conocemos con leves retoques más o menos generosos, sus avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad continuarán siendo escasos. 

¿Hay alternativas? Existen sin duda propuestas igualitaristas que aúnan viabilidad y ambición redistributiva (como muchas de las defendidas por Atkinson o Piketty), pero ante las cuales, curiosamente, los partidos socialdemócratas sólo se atreven a “abrir debates” en su think tanks y escuelas de verano. Pero en algún momento hay que dejar de debatir y empezar a implementar. Una renovada agenda igualitarista debería innovar en cuatro áreas: regulación, gasto, ingreso y gestión.

En regulación, apostando por políticas de predistribución que combatan la desigualdad en la distribución primaria de la renta, de modo que sean necesarios menores esfuerzos redistributivos: reducir los diferenciales salariales, dignificar el salario mínimo, reforzar el poder negociador de los trabajadores, combatir la herencia de clase, o regular la prestación de servicios básicos desde el sector privado.

En gasto, impulsando sistemas de garantía de rentas menos condicionales y más universalistas, que, sin llegar necesariamente al límite de una renta básica universal, exploren formas de renta garantizada, dividendos sociales, capital básico, sabáticos remunerados, o créditos fiscales que apoyen a los working poor, en la linea de una mayor integración entre impuestos y prestaciones. Urge reorientar las políticas de bienestar hacia los outsiders y las generaciones más jóvenes, remediando una tremenda injusticia generacional.

En ingreso, ensanchando las bases fiscales y aprobando figuras impositivas dirigidas a las grandes concentraciones de riqueza y las grandes bolsas de fraude, y hacerlo no sólo vertical, sino también horizontalmente (el fraude en IVA y autónomos está extendido). Con valentía, podría explicarse a las clases medias acomodadas (que han disfrutado de jubilaciones más que dignas en edad temprana y de relativos lujos como las segundas residencias) que si quieren mayor seguridad e igualdad de oportunidades para sus hijos deberán pagar un poco más de impuestos.

En gestión, adoptando innovaciones en los sistemas de administración de esas políticas inspirados en las modernas ciencias conductuales, en las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la desburocratización, y en las crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas por parte de la ciudadanía.

¿Se atreverán los socialdemócratas nominales a optar por tales alternativas, solos o con nuevos compañeros de viaje? ¿O serán otros partidos los que acaben aplicando esa nueva agenda al servicio de los objetivos igualitarios clásicos de una socialdemocracia, que, queriéndolo o no, los ha dejado huérfanos? Esta es la pregunta que los socialdemócratas sinceros deberían hacerse en la actualidad.

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