Tensiones entre López Obrador y las políticas contra la discriminación de género

El pasado 14 de julio, la periodista británica Isobel Young, de ViceNews, asistió a la conferencia mañanera del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y le preguntó por qué habían recortado recursos a la Alerta de Género cuando ha aumentado esta modalidad de violencia durante la pandemia. La periodista recordó que hay 10 mujeres asesinadas al día y menos del 5% de los acusados de feminicidio es sentenciado. ¿Por qué su Gobierno ha fallado a las mujeres para vivir una vida libre de violencia y qué están haciendo para cambiarlo? El presidente negó el problema respondiendo que no las están abandonando, que las están protegiendo y se está castigando el feminicidio. “No hay disminución del presupuesto. Nunca se había protegido tanto a las mujeres como ahora. En México no se violan derechos humanos, antes sí; el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos. En México no hay tortura. No hay masacres; estamos construyendo la paz con justicia; si hay justicia, hay paz. Nunca los pobres y las mujeres vulnerables habían tenido tanto apoyo”. Según la visión presidencial, la violencia se origina en la falta de justicia; en la falta de oportunidades de trabajo, de estudio, de bienestar. Si se atiende eso, se reduce la violencia (Vega, 2020).

En el contexto de la pandemia, en el que ha aumentado la violencia doméstica por efecto del encierro, hemos escuchado declaraciones presidenciales tales como que el 90% de las llamadas que el Gobierno ha recibido de mujeres para denunciar violencia son falsas y que el feminismo quiere cambiar el rol de las mujeres pero, por tradición, las hijas cuidan más a los padres en situaciones de epidemia porque “nosotros los hombres somos más desprendidos”.

Éstos son sólo algunos ejemplos de cómo el presidente de México ha invisibilizado la violencia y la desigualdad de género. Este problema se explica por diversos factores: el estilo presidencial, renuente a las críticas; su persistente objetivo publicitario de mostrar, la mayor parte de las veces sin fundamento, que la Cuarta Transformación (4T) ya modificó todo el escenario político y social previo de injusticia y corrupción; una perspectiva tradicional de los roles de género; un enfoque reduccionista de la desigualdad social como un problema entre ricos y pobres, y la política de austeridad.

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Lo anterior es preocupante porque el Gobierno actual está erosionando instituciones clave contra la discriminación, como sucedió con el Consejo Nacional para prevenir la discriminación y, hace unos días, con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); y contrasta en un país como México, que presenta altos índices de violencia de género pero que, por otro lado, es vanguardista en activismo institucional, en materia de cuotas y de paridad.

Nunca se había protegido tanto a las mujeres como en mi Gobierno”

La desatención gubernamental respecto a esta violencia de género y a una agenda de género no es el resultado de la crisis económica provocada por la pandemia y la consecuente necesidad de hacer ajustes económicos.

Durante el Gobierno de la 4T, ha habido recortes presupuestarios y posturas ambivalentes frente al dinero público otorgado a organizaciones e instituciones de apoyo a mujeres. Al día siguiente de declarar que no había recortes de presupuesto en la conferencia de la mañana, la Junta de Gobierno de Inmujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, lo redujo un 75%. Se dijo que para atender la emergencia sanitaria. La titular de Inmujeres, Nadine Gasman, aceptó el recorte. A pesar de tener un Gobierno paritario con feministas en el Gabinete, y un Congreso paritario, las mujeres en puestos de poder han podido hacer muy poco frente a la política de austeridad y sin perspectiva de género del presidente. Esto representa la ruptura del movimiento institucional feminista, en tanto que funcionarias y representantes de la 4T, como la secretaria de Gobernación, se han vuelo defensoras del oficialismo (Melgar, 2020).

La reducción a Inmujeres es parte de una cadena de recortes presupuestarios como es el caso, antes de la pandemia, de los dedicados a refugios de mujeres víctimas de violencia. El Gobierno anunció que dejaría de dar dinero a las organizaciones de la sociedad civil para que el Estado se hiciera responsable de esta atención a través de la estrategia de Puertas Violetas. Ante las críticas de grupos feministas, el Ejecutivo tuvo que corregir y mantener los subsidios, aunque con recortes (Arteta, 2019). Después de sostener posturas ambivalentes, ha declarado que no quitará recursos a los programas de atención a víctimas, entre los que se encuentra la Alerta de Género. En el contexto de la pandemia, las llamadas de auxilio aumentaron hasta en un 80% el mes de mayo, según la Red Nacional de Refugios (Barragán, 2020).

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Debido a la política de austeridad, el Gobierno recortó el año pasado la mitad del presupuesto de las estancias infantiles en relación a 2018, fundamentales para que las mujeres puedan trabajar. De acuerdo con López Obrador, el dinero que la Secretaría de Desarrollo Social entregaba a las estancias no llegaba, o llegaba a medias, debido a actos de corrupción, razón por la cual se entrega ahora directamente a los padres. La nueva política ratifica los roles tradicionales de género, dejando a muchas mujeres en casa al cuidado de los hijos. A pesar de las protestas de organizaciones de la sociedad civil y de senadoras de distintos partidos, el Gobierno ha mantenido la nueva estrategia.

El activismo institucional

La postura del Gobierno de la 4T contrasta con el avance que México representa en materia de activismo institucional y del acceso de las mujeres a los cargos de representación. Colectivos feministas, grupos de mujeres políticas e instituciones como el Poder Judicial han tenido una influencia decisiva en el impulso de una perspectiva de género institucional y en la protección y ampliación de los derechos políticos femeninos.

En el ámbito político-electoral, México ha implementado, como otros países, un conjunto de estrategias para combatir la discriminación de género, como las cuotas y la paridad.

Después de una oleada de cuotas para las candidaturas, la paridad fue aprobada en 2014 en la ley electoral y elevada a categoría constitucional en el artículo 41. Esta reforma sirvió como un impulso para introducir, unos años más tarde, la paridad en todo.

En 2019, el Congreso aprobó la paridad sustantiva en todos los espacios de toma de decisiones del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos: no solamente en las candidaturas, sino también en las entidades federativas, los municipios, los tres poderes y los partidos. A partir de esta reforma, la paridad es el eje rector de todos los órganos del Estado mexicano.

Como consecuencia de estas reformas, México ocupa el cuarto lugar mundial con más mujeres en ambas cámaras, por encima de los países escandinavos. A nivel local, en 2019 hubo un promedio de diputadas locales del 49,2%, un 39,52% de síndicas y un 40% de regidoras. A ello hay que agregar que, este año, el Legislativo tipificó como delito la violencia política de género.

Todas estas medidas, el avance numérico de las mujeres y el impulso de agendas sustantivas han colocado a México como un país vanguardista en lo que se refiere al acceso de las mujeres a los cargos públicos. Esto contrasta con la posición, ciega a la desigualdad de género, de López Obrador.

El Gobierno de la 4T puede representar retrocesos graves para las mujeres si las políticas en puestos clave, sus propias aliadas y colectivos feministas no logran hacer de contrapeso al presidente. Estamos ante el riesgo de desmantelamiento de instituciones clave en el impulso a una agenda de género y ante la ausencia de una estrategia gubernamental eficaz para combatir el feminicidio y la violencia, que no han cesado.

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