‘Test de estrés’ para los sistemas sanitarios de la UE

Las crisis deben servir para aprender, y alguna de las enseñanzas de la de 2008-2012 puede trasladarse a la actual. En 2009, como parte del diagnóstico, se identificó la debilidad de algunos bancos que los hizo extremadamente vulnerables, contaminando así al resto del sistema productivo y también a los propios estados. Como respuesta, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) introdujo los denominados stress tests, que consisten en una valoración de la capacidad de respuesta a condiciones hipotéticas muy desfavorables (contracción económica, impagos, etcétera) y buscan identificar si un banco tiene una capitalización suficiente que permita soportar tales crisis inesperadas.

La crisis provocada por la Covid-19 podría beneficiarse mucho inspirándose en esa solución e introduciendo pruebas de estrés europeas para los sistemas sanitarios de los estados miembros. Por una parte, la capacidad de reacción en este campo se ha visto sobrepasada en muchos casos por una pandemia imprevista y, por otra parte, los sistemas sanitarios, por robustos que sean, han sufrido sus efectos (devastadores en algún caso).

Por definición, las pandemias no conocen fronteras. Se han hecho propuestas de mejora de la política de salud global (aquí y aquí). En un nivel más próximo, la capacidad de externalización de efectos de políticas públicas de un Estado a sus socios de la UE es un rasgo inherente a la propia existencia de la Unión y su mercado único. Por lo tanto, mejorar la preparación de todos y cada uno de sistemas sanitarios nacionales tiene valor para todos los estados de la UE, así como globalmente. Realizar pruebas de esfuerzo o estrés contribuiría a mejorar la preparación y capacidad de reacción, además de las propias capacidades sanitarias.

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¿En qué consistirían estas pruebas de estrés? Naturalmente, deben ser los especialistas en política sanitaria y salud pública los que determinen su contenido, cuyo objetivo sería asegurar la capacidad suficiente para lidiar con catástrofes en este terreno. Aquí sólo se trata de proponer y plantear su factibilidad: aunque la competencia primaria de la protección de la salud es nacional, existen bases suficientes de actuación (artículos 168 Tratado de la Unión Europea y 114 del Tratado de Funcionamiento de la UE) y, adicionalmente, podría activarse una cooperación reforzada, permitiendo el liderazgo de la (también reforzada) Agencia Ejecutiva de la Salud y los Consumidores (EAHC). Las pruebas de estrés podrían modelarse sobre mecanismos ya existentes, bien sean los planes nacionales dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o el instrumento, recientemente creado, para monitorizar el cumplimiento con el Estado de derecho, el Informe Anual sobre el Estado de Derecho.

Si bien es dudoso que estas pruebas pudiesen imponerse obligatoriamente, podrían contar con el incentivo de financiar, desde el Presupuesto comunitario, las necesarias adaptaciones de los sistemas sanitarios nacionales. El modelo para ello bien podría ser el recientemente creado Mecanismo para una Transición (energética) Justa,que financia la reducción de las emisiones de CO2, otorgando mayores fondos a los más necesitados (esto es, a los mayores emisores, Alemania y Polonia).

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Además, las reformas necesarias, no financiadas con presupuesto europeo y que implicasen gasto público, podrían tomarse como referencia para el cálculo del déficit público, tal y como se ha acordado urgentemente en la actual emergencia. Esto no es para nada extraño al espíritu del Pacto de Estabilidad: el Reglamento sobre vigilancia de las posiciones presupuestarias y vigilancia y coordinación de políticas económicas ya ha previsto, prestando atención a los intereses y necesidades de Alemania hace una década, que las reformas estructurales (como las de los planes de pensiones) deben ser tomadas en consideración para juzgar las desviaciones de los objetivos de estabilidad presupuestaria a medio plazo. Por ello, los test de estrés podrían acompañarse con la apropiada revisión del Pacto de Estabilidad. Naturalmente, éstas ni sustituyen ni son alternativas a otros mecanismos imprescindibles para salir de la crisis.

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