Todos tendremos que cambiar nuestros hábitos

España es un país dependiente:el 83% de nuestras necesidades energéticas se cubre con importaciones, principalmente de productos derivados del petróleo y gas natural. Nuestra balanza comercial se ve afectada no sólo por la importación masiva de combustibles, sino también por la volatilidad de precios del mercado internacional: 10 dólares de incremento medio en el precio del barril de crudo supone incrementar el déficit comercial en 6.000 millones de euros/año, y en épocas de precios máximos del crudo un 4,3% de nuestro Producto Interior Bruto se dedicaba a la importación de petróleo y gas.

La dependencia de los combustibles fósiles ha supuesto el incumplimiento continuado de España de todos los compromisos asumidos en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Desde el año de referencia de 1990, no sólo no hemos conseguido reducir las emisiones, sino que las hemos incrementado en un 17%, a pesar de los efectos que la crisis económica ha tenido en la reducción de la demanda de energía en todos los sectores.

La ciudadanía, al margen de la influencia negativa que esta realidad pueda tener en la economía, ha tomado conciencia, sobre todo en los últimos años, de que la razón principal que obliga a un cambio en nuestro modelo energético son las consecuencias que, cada vez con más frecuencia, podemos observar en nuestra vida diaria y que afectan a la salud y a la necesidad de incorporar restricciones y perder grados de libertad en nuestro día a día, por superar los límites de los parámetros que fijan una cada vez peor calidad del aire en nuestras ciudades.  

En su último informe de 2018 sobre ‘La calidad del aire en Europa’, la Agencia Europea de Medio Ambiente (Aema) reflejaba que la exposición prolongada a la contaminación atmosférica causó la muerte prematura de más de 38.600 personas en España en 2015, con un incremento del 23% con respecto al año anterior, al potenciarse el efecto de una climatología cada vez más calurosa. Y citaba como causa principal (un 81%) la concentración de partículas en suspensión de 2,5 micras de diámetro, producidas por el uso de combustibles usados para el transporte, fundamentalmente el diésel.

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Hoy día, ya nadie pone en duda la necesidad de implementar una política que luche contra el cambio climático y propicie una transición energética basada en mejorar la eficiencia y en el fomento de las energías renovables. De hecho, la mayoría de los partidos políticos (PP, Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea o recientemente el Gobierno del Partido Socialista) han presentado borradores de anteproyectos de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

De hecho, del análisis del contenido de las diferentes propuestas presentadas se desprende que tienen los suficientes grados de concordancia como para que se pueda mantener la esperanza de alcanzar un acuerdo amplio en el desarrollo de un pacto de la energía a nivel nacional que disfrute de la estabilidad en el tiempo necesaria para completar los cambios ineludibles que se requieren, tanto en nuestro sistema productivo como en nuestros hábitos de consumo.

Si analizamos las propuestas presentadas, podemos observar que las diferencias se producen principalmente en una doble línea: por un lado, en el ritmo al que debe llevarse a cabo la transición energética y, por otro, en quién debe recaer el papel principal para lograrlo.

El ritmo del cambio

La diferencia fundamental entre las distintas opciones es la consideración o no de la urgencia que tenemos que dar al proceso de transición energética. Podemos afirmar que cumplir con los horizontes de descarbonización para 2050 no es posible si los objetivos y compromisos que nos marquemos para 2030 no son exigentes.

Las tecnologías de aprovechamiento de fuentes de energía renovables han cumplido con creces con las expectativas, y puede asegurarse que, tanto por coste como por fiabilidad, es posible configurar un modelo energético seguro y competitivo que tenga como base un suministro basado en energías renovables.

Si todos los agentes que intervienen en el sector energético creen que el cambio hacia un modelo renovable es posible, ¿por qué no existe una voluntad decidida para alcanzarlo? La razón fundamental no es otra que la presión real de los diferentes sectores económicos, que ven que un cambio acelerado supone un importante deterioro tanto en su posición de mercado como en el valor de sus activos de balance.

La transición energética debe ser, para su propio desarrollo, justa con todas aquellas personas, territorios y empresas que van a ver modificados sus hábitos de consumo, su capacidad económica real o sus expectativas de futuro.

Cuando hago alusión a una transición justa no solamente me refiero (que también) a buscar una solución para las cuencas mineras por la necesidad de cierre de las centrales de carbón sino, en un sentido más amplio, a dar una solución a todos a los que la transición va a hacer modificar su realidad actual: a la fabricación de automóviles, apostando por modelos eléctricos, al sector energético, por la pérdida de valor de sus activos; a los transportistas, por el cambio modal que se aproxima; a las familias, para que el acceso a la energía sea universal y puedan rehabilitar sus viviendas y electrificar la demanda; a la concepción de las ciudades, con el objetivo de regenerar su funcionamiento y recuperar la dimensión humana que la supremacía del coche nos ha hecho perder; al sistema primario, para que asuman el compromiso de sostenibilidad tanto de los productos como de los sistemas de producción…

Las propuestas del Gobierno y su discusión parlamentaria deben tener, ante todo, una apuesta por trabajar para que los afectados por el cambio vean minimizados sus daños y acepten las propuestas alternativas, hayan representado el papel que hayan representado en el pasado. La transición energética debe ser una actuación de todos y no podemos prescindir de nadie para lograrla.

La prohibición de prácticas de consumo solamente puede ser llevada a cabo si previamente hemos generado alternativas que sustituyan, en condiciones de igualdad, las anteriormente existentes. De otra forma, estaremos alimentando la confrontación, cuando lo que necesitamos es consenso.

¿Quién debe asumir el papel principal?

La segunda gran cuestión en la que difieren las distintas propuestas es quién debe ser el actor principal del cambio. La mayoría de los documentos presentados siempre pone el acento exclusivamente en la necesidad de modificar la oferta de energía de petróleo y de gas por la de energías renovables.

Esta propuesta no es la solución porque, en definitiva, lo que estamos haciendo es perpetuar un sistema económico basado en el papel preponderante de una serie de empresas eléctricas y petroleras que, como se ha demostrado en el pasado, ha estado más centrado en considerar a la energía como un negocio que como una bien de primera necesidad.

La transición energética la tienen que llevar a cabo los consumidores en función de una modificación de los hábitos de consumo provocada por la legislación que se desarrolle. La oferta de energía es una realidad porque existe demanda, y si no conseguimos que esta sea responsable y eficiente el sistema seguirá siendo insostenible.

Tenemos una concepción de la energía como un bien abundante y flexible cuya única restricción es el poder económico del consumidor. No podemos diseñar un modelo energético futuro basado en los paradigmas actuales, que han demostrado que ni la energía es un bien abundante, ni está a disposición de todos ni su uso es inocuo con el medio ambiente.

Por esta razón, desde algunas organizaciones como la Fundación Renovables exigimos un cambio de visión a la hora de definir la transición energética, asignando al ciudadano el papel principal y designando a las ciudades como escenario en el que la futura ley debe desenvolverse.

Más del 80% de la población vive en ciudades de más de 10.000 habitantes, en las que se consume más del 75% de la energía y se emite más del 80% de los Gases de Efecto Invernadero. En la mayoría de ellas, la calidad del aire presenta graves inconvenientes para la salud.

El papel asumido por las ciudades ha demostrado que están mucho más comprometidas con la necesidad de cambiar esta realidad que los gobiernos centrales y autonómicos. De hecho, desde el lanzamiento de la iniciativa del Pacto Europeo de los Alcaldes y Alcaldesas para el Clima y la Energía, en 2008, los objetivos y compromisos que han asumido los ayuntamientos son mucho más exigentes que los asumidos por los gobiernos nacionales de los diferentes países.

Pensar en la transición energética y no dotar de medios económicos y legales a los ayuntamientos es pretender llevar a cabo un cambio estructural sin contar con los agentes que deben asumirlo. Por esta razón, es necesario, como medidas ineludibles, la adaptación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el desarrollo de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas de 2013 y dotar a los consistorios de medios económicos y de instrumentos suficientes para que se conviertan en lo que son: en sistemas de prestación de servicios, en inversores, en promulgadores de normas y, sobre todo, en los catalizadores de la opinión y forma de vida de toda la ciudadanía.

La transición energética será una realidad si modificamos nuestros hábitos de consumo. Para lograrlo, las dos únicas líneas son la educación hacia un proceso de consumo responsable y la existencia de una señal precio que favorezca la cobertura de nuestras necesidades energéticas de forma sostenible, gravando las prácticas basadas en el uso de combustibles fósiles. Una política presupuestaria y fiscal activa debe ser el instrumento para que los consumidores, desde la información y la existencia de alternativas, puedan adoptar un modelo energético diferente al ineficiente e insostenible actual.

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