Transición en pausa en Venezuela

Comienzo con un mea culpa. En enero, percibí la confluencia de factores externos e internos que la literatura sobre transiciones destaca como esenciales en los procesos de democratización y pensé que el cambio político estaba por consumarse en Venezuela. Me equivoqué y, como miles de personas de dentro y fuera del país, subestimé la capacidad de la coalición autoritaria de maniobrar en su momento de mayor inestabilidad para mantenerse en el poder. Como los politólogos no estamos especializados en predecir el futuro, sino en analizar el pasado y presente, me remitiré a eso para ofrecer un balance sobre la situación actual. Vayamos por puntos.

Lo hecho, hecho está

En los últimos 10 meses, el liderazgo opositor intentó remover a la coalición autoritaria del poder mediante distintos mecanismos, incluyendo un concierto fronterizo, un alzamiento militar, intentos de negociación, protestas masivas, el envío de una representación internacional, sanciones también internacionales, apelaciones morales a las Fuerzas Armadas y a Nicolás Maduro; por ahora, sin éxito.

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La población, por su parte, ha acompañado pacientemente al liderazgo en estos llamados. Sin embargo, como aún no se ha dado el cambio político tan deseado por más de 80% de los ciudadanos, hemos visto de nuevo una fragmentación en las estrategias del liderazgo político. Si bien la mayoría de las fuerzas opositoras apoyaba a Juan Guaidó y su plan de los tres pasos, hoy vemos un sector maximalista y otro minimalista hacia ambos lados que se oponen al camino inicialmente propuesto. ¿Qué pasos se deben dar para que Venezuela no sea una Siria o Libia caribeña?

Una transición factible

La pregunta que se debe hacer la población y el liderazgo, por más difícil que parezca, es por qué la coalición autoritaria –civiles y militares– estaría dispuesta a dejar el poder si lo controlan absolutamente todo. Como ya sabemos, un cambio político y una transición –idealmente– llevarían al renacer de la democracia y, con ello, al restablecimiento del orden constitucional, la recuperación del Estado de derecho, el funcionamiento de las instituciones, etcétera.

En ese supuesto, esa coalición autoritaria no podría ejercer el control socio-económico y político ilimitado del que disfruta ahora. Esto significa que todos los negocios legales e ilegales en los que están involucrados estarían en peligro.

Por otra parte, durante los últimos 20 años se han cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El aparato represivo, pero también la burocracia ‘chavista’, han perseguido a la población y la han despojado de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, sumergiéndola en una emergencia humanitaria compleja. Este panorama, como sabemos, ha expulsado a 4,5 millones de personas de Venezuela, causando así la peor crisis migratoria de la historia de América Latina.

Con una transición, tendría que haber responsables. Ahora bien, ¿por qué alguien que controla el poder absoluto se sentaría a negociar para pasar el resto de sus días en la cárcel y sin poder conservar sus bienes y beneficios, aun cuando estos sean ilícitos?

Los maximalistas, casi todos ellos fuera del territorio nacional, argumentan que no es posible y que la única salida de esta crisis es una intervención militar. Sin embargo, esa opción no está sobre la mesa y es por ello que el liderazgo debe construir una transición política, haciendo política y aceptando sacrificios casi intolerables para salir del conflicto. ¿Qué implica esto?

Pragmatismo: el renombrado politólogo Juan Linz nos recuerda que, en teoría, toda oposición se inclinaría por una ruptura total con el ancien regime, es decir, una ruptura drástica y limpia con el régimen autoritario existente que lleve –idealmente– a una transición que no esté controlada o, incluso, en la cual no participe ningún actor del régimen autoritario. Linz explica que, según la perspectiva maximalista, las élites autoritarias serían privadas de sus derechos políticos y de un acceso futuro a cargos públicos. El problema está en que esta estrategia imposibilita que miembros descontentos con la coalición autoritaria apoyen ese camino. En otras palabras, este discurso no movilizará ni a élites civiles ni militares en pro de una transición maximalista porque no les garantiza una salida o futuro al dilema que ellos viven a diario: romper o quedarse en el poder. Parece muy poco probable que quienes tienen el poder en Venezuela acepten abdicar y apoyar un camino que no los incluya o les dé una salida viable. La estrategia de una ruptura limpia sería factible sólo en una situación revolucionaria o de guerra, un escenario que por ahora no es viable ni deseable. Llegó la hora de ser pragmáticos.

Mejorar la estrategia comunicacional: las dificultades y los dilemas que viven las oposiciones en regímenes autoritarios son múltiples y puede resultar hasta cruel señalar los errores que cometen. Sin embargo, revisando la estrategia comunicacional de la oposición venezolana hay que resaltar su falta de coherencia y, quizás, hasta su falta de confianza en que la población comprenda lo difícil que es construir una transición. En vez de presentar escenarios creíbles y factibles, el liderazgo se ha visto tentado muchas veces a sobrevender promesas o estrategias.

Desde hace muchos años, la población escucha consignas como ahora sí, la hora cero, la toma de Venezuela, la salida, y pare usted de contar. Igualmente, las últimas elecciones de la Asamblea Nacional se ganaron porque se ofreció iniciar un cambio político y mejorar la situación socio-económica del país. Ninguna de las dos se han materializado.

Sin embargo, diputados de la Asamblea Nacional prometieron desde enero de 2015 acabar en seis meses con el régimen de Maduro. Este discurso, aunque entendible desde el punto de la estrategia política, desgasta a la población y, peor aún, genera desconfianza y descontento, lo que en última instancia sólo favorece a Maduro. Además, la falta de credibilidad sobre un posible cambio político, junto a la grave emergencia humanitaria que vive el país, continúa expulsando a la población a diario.

Por todo ello, así como el liderazgo pide confianza, éste debe también ofrecerla a la población que aún resiste dentro del territorio nacional, y debe comunicar sus propuestas de manera eficiente y realista. Y en vez de rechazar toda crítica, debe interactuar con las demandas de transparencia y rendición de cuentas por parte de la ciudadanía.

Luchar por condiciones electorales: si el liderazgo desea una Venezuela democrática y gobernable el día después, tiene que insistir en un cambio político electoral. Como sabemos, no hay análisis comparado perfecto, pues cada país y cada proceso de transición es único. Esto, sin embargo, no debe desviar la mirada de otras transiciones que han brindado lecciones importantes sobre el rol de las elecciones en los procesos de democratización.

Para entender lo lentos que pueden ser los procesos de cambio de los regímenes, podemos mirar hacia México en la era de la dictadura perfecta del PRI (1929-2000). Esta comparación nos permite entender que, aun cuando no hay condiciones electorales perfectas, se pueden iniciar procesos de liberalización y/o transición. Por muchas décadas, y hasta mediados de los 80 del siglo pasado, el sistema electoral mexicano era autoritario. Si bien había elecciones, éstas no eran libres ni justas, y si había una oposición, ésta o era cooptada o no tenía las capacidades ni los recursos para ganarle al PRI todopoderoso.

Como han descrito varios académicos mexicanos, el origen del desmantelamiento del sistema autoritario en México tuvo su génesis en la elección federal fraudulenta de 1988. A pesar de las denuncias por parte de la oposición y de las demandas de la ciudadanía por un nuevo proceso electoral, Salinas de Gortari asumió el poder y culminó su sexenio (cabe destacar que con el apoyo del Partido de Acción nacional, PAN). En 1994, la población mexicana volvió a las urnas y, a pesar del fraude electoral cometido en 1988 ganó nuevamente el PRI; y peor aún, el presidente Zedillo admitió que las elecciones no habían sido realmente competitivas.

Una vez más, el PRI concluyó su sexenio. Ahora bien, aun cuando este partido conservó el Poder Ejecutivo, se culminó una serie de reformas electorales y políticas a través de la negociación entre el partido del Gobierno y la oposición. Y es así como se consiguió, después de años de negociaciones, la reforma final de 1994, que permitió a la población mexicana participar en unas elecciones realmente libres tres años más tarde (diputados y Congreso) y en 2000 (presidenciales).

El mal menor

Los casos de México, Serbia, Kenia o Malasia, y ahora Bolivia, demuestran que sí se pueden iniciar procesos de transición en condiciones complejas y desventajosas para la oposición. A pesar de la aparente consolidación autoritaria en Venezuela, la mayoría de la población desea una salida electoral a la crisis política. El liderazgo opositor debe entender la responsabilidad histórica que tiene en sus manos para navegar en la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) de la manera más estratégica e inteligente posible. Más vale un Consejo imperfecto que cuente con el aval de la oposición y el régimen que un CNE controlado únicamente por Maduro.

Adicionalmente, para facilitar un cambio político se deben abandonar los discursos y estrategias maximalistas: al liderazgo le llegó la hora de ser pragmático. Por ello, debería entender que no hay atajos y que la política no se puede reemplazar con el deseo de cambio.

Sin duda, será extremadamente doloroso aceptar que, después de la destrucción del país, la coalición autoritaria requiera una salida viable. Pero si no se les ofrece eso, lo realmente trágico será su control absoluto del poder ad infinitum.

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