Un maestro del Derecho público europeo

Acabamos de perder a Gil Carlos Rodríguez Iglesias, persona de bien, europeísta firme y jurista eminente.

Nacido en Gijón en 1946, se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo y se doctoró en la Autónoma de Madrid. Tras ser profesor en estas universidades, en Friburgo y en la Complutense, obtuvo la cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad de Extremadura y se trasladó después a la de Granada, donde permaneció y formó escuela hasta su nombramiento, en 1986, como juez del Tribunal de Justicia de las entonces Comunidades Europeas, tribunal que presidió entre 1994 y 2003. A su regreso, se incorporó a una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, dirigió el Real Instituto Elcano desde 2005 hasta 2012, y contribuyó a crear la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo, organización de la que en la actualidad era presidente honorario.

Desde el Tribunal de Justicia, contribuyó de manera decisiva a la consolidación de una jurisprudencia dirigida a asegurar el efecto útil de los Tratados y la tutela de los derechos de los particulares. Baste recordar aquí que fue ponente de la trascendental y germinal sentencia de 1991 en el asunto Francovich y Bonifaci, en la que se proclamó que la plena eficacia de las normas comunitarias se vería cuestionada y la protección de los derechos que reconocen se debilitaría si los particulares no tuvieran la posibilidad de obtener una reparación cuando sus derechos son lesionados por una violación del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro, por lo que el principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario que le son imputables es inherente al sistema del Tratado.

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Afirmaba Jean-Étienne Portalis al presentar el Código Civil francés que las leyes perduran cuando sientan principios fecundos en consecuencias. El principio de responsabilidad del Estado sentado en la sentencia Francovich y Bonifaci lo era, pero precisaba desarrollo. Y el Tribunal se lo dio en 1996, en otra sentencia decisiva de la que Rodríguez Iglesias también fue ponente, la pronunciada en los asuntos Brasserie du Pêcheur y Factortame. En ella se afirma que el principio es válido para cualquier supuesto de violación del Derecho comunitario por parte de un Estado miembro, independientemente de cuál sea el órgano del Estado miembro a cuya acción u omisión se deba el incumplimiento, consagrándolo así con carácter general. Al impulsar y precisar estos desarrollos, Gil Carlos Rodríguez Iglesias se revela como un actor que, por medio de la jurisprudencia, contribuye de forma muy relevante a la construcción de una verdadera Comunidad de Derecho caracterizada por una ‘constitucionalización’ progresiva del sistema y en la que la protección de los ciudadanos se configura como uno de los objetivos esenciales.

En 2001, fue investido como doctor ‘honoris causa’ por la Universidad de Oviedo, distinción que también le otorgaron otras universidades. En aquella ocasión,  Rodríguez Iglesias señaló en su discurso de investidura que su trayectoria profesional estaba marcada esencialmente por tres elementos: su condición de profesor de Derecho Internacional, su dedicación preferente al Derecho Comunitario Europeo y su actividad judicial. Partiendo de estas premisas, eligió y desarrolló como objeto de su discurso el análisis de las relaciones entre sistemas jurídicos, asumiendo como presupuesto fundamental de sus consideraciones la relevancia del pluralismo jurídico y advirtiendo que, para su armonización o convergencia, no siempre es suficiente la lógica jurídica sino que es necesario utilizar, además, el sentido común, al que calificó como elemento esencial tanto de la teoría como de la práctica del Derecho.

Apeló entonces, asimismo, a la europeización de la Ciencia Jurídica y a la creciente convergencia de los diferentes ordenamientos, subrayando que la influencia entre los sistemas jurídicos, la reordenación del poder público en Europa y la defensa de unos valores políticos y sociales compartidos produce una complementariedad que requiere una aproximación nueva que constituye un reto para el análisis jurídico y para la enseñanza del Derecho. En coherencia con esta convicción, orientó siempre su obra científica en esta dirección.

Pero su semblanza no sería completa sin añadir que, en el plano personal, destacó por su prudencia, sobriedad, elegancia de espíritu y buen hacer. Haberle conocido y haber disfrutado de su magisterio, de su ejemplaridad y de su amistad es un privilegio que ayuda a sobrellevar el vacío que deja un verdadero maestro del Derecho público europeo.

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