Un nuevo acuerdo verde para el nuevo Gobierno

La campaña del PSOE para el 28-A canalizó, en buena medida, mensajes que reclamaban revertir los retrocesos de las políticas sociales. Recuérdese que los programas de bienestar social superan el 50% del gasto público total. Educación, sanidad, pensiones y protección al desempleo y, en general las transferencias de rentas entre ricos y pobres o mayores y jóvenes, ocupan las principales preocupaciones de los españoles en su vida social. Los partidos de derecha prefirieron enfatizar aspectos fulgurantes como el liderazgo (mejor, la carencia del mismo) o la lealtad emotiva a una España uniforme, alfa y omega de la regimentación política ciudadana.

Los mensajes de las formaciones de izquierda (PSOE y Unidas Podemos) recabaron explícitamente el apoyo de aquellos grupos sociales que más perdieron con la crisis desatada en 2007-08. En el conjunto de las propuestas electorales, la campaña giró en torno a asuntos de política doméstica, muchos de ellos relativos al asunto del encaje territorial de la pluralidad interna de España.

Los autores de este artículo son académicos de larga trayectoria en el estudio del nacionalismo contemporáneo. Bien saben de su decisiva importancia para cualquier acción de gobierno futuro en España. Según la lógica situacional de los tiempos que corren, la cuestión nacional condiciona, además, a un futuro Gobierno del PSOE (en solitario o, preferiblemente, en coalición con Unidas Podemos). Sánchez podría articular una acción de gobierno que integrase incluso a los nacionalistas del PNV, a los que el PSOE presta apoyo en el Parlamento de Vitoria. Existe el precedente de un Gobierno de coalición PNV-PSE/PSOE en Euskadi, que en 1989 implementó la primera ley de rentas mínimas. Tal política innovadora se convirtió en el espejo donde se miraron después todas las demás leyes autonómicas similares. Una política, en suma, que con el paso del tiempo se ha convertido en referencia para la inevitable generalización (incluso por razones de la creciente robotización de nuestras sociedades) de los ingresos mínimos ciudadanos.

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Nuestro interés en este artículo, sin embargo, se concentra en la relevancia de una transversalidad global que debería implicar y cimentar la acción de gobierno para los próximos cuatro años y que atañe a la urgencia de un acuerdo sobre un ‘New Deal Verde’. La sintonía entre ambas fuerzas de la izquierda (PSOE y UP) durante la próxima campaña para las elecciones europeas y locales del próximo 26 de mayo será también puesta a prueba respecto a este nuevo acuerdo, de obvias repercusiones en el nivel supra y sub-estatal de la agenda política. Tal sintonía se nos antoja indispensable para una deseable acción conjunta que sea sólida y estable durante cuatro años.

Existen pocas dudas en la opinión pública y publicada respecto a la situación de emergencia climática en el mundo. Las actuaciones más apremiantes deben encaminarse a lograr una drástica reducción de las emisiones de carbono antes de que sea demasiado tarde. En paralelo, los movimientos populares y las manifestaciones ciudadanas respecto a la rebelión contra la extinción (‘extinction rebellion’) se han multiplicado en todo el mundo, especialmente entre los más jóvenes, con iniciativas tan improbables hace unos años como la de auspiciar, por ejemplo, universidades libres de energías fósiles (‘fossil free campuses’).

El modelo de ‘capitalismo de casino’ no sólo es responsable de las consecuencias deletéreas medioambientales en el hemisferio occidental. En sus efectos más perniciosos globales es emulado por las grandes economías emergentes de China e India. La desregulación, en suma, es la gran responsable de que los nuevos señores neo-feudales de las compañías multinacionales actúen a su antojo con el único fin en sí mismo de crecer a toda costa.

El asunto del fracking  (o fractura hidráulica) en el Reino Unido ilustra cómo la ausencia de leyes de salvaguardia, no sólo del interés general nacional y supranacional, sino de los ámbitos locales y regionales, es reveladora del ventajismo y del enriquecimiento de algunos empresarios a costa de la explotación salvaje del medio ambiente. Recuérdese que muchas de las argumentaciones políticas de los partidarios del abandono del Reino Unido de la Unión Europea se han basado en la prevalencia democrática nacional. Se ha acusado insistentemente a la UE de injerencia en asuntos que correspondían al ámbito estatal británico. Los brexiters nacionalistas y conservadores han denunciado insistentemente la intromisión de Bruselas en la vida de los británicos mediantes leyes, reglamentos y normativas que no habían sido aprobadas directamente por sus ciudadanos. Se calificaba a los decisores públicos de las instituciones europeas como una eurocracia cuasi dictatorial que trataba asuntos sin contar con la aprobación suprema del Parlamento del Reino Unido. Detrás de tales alegaciones se han ocultado otras realidades, como se ilustra a continuación.

Cabría suponer que la lista de las personas más ricas en el Reino Unido estuviese encabezada por algún tiburón de las finanzas o un empresario de éxito en el vertiginoso mundo de las tecnologías de la comunicación. Pues no. Se trata de Jim Ratcliffe, un multimillonario cuyos negocios en la fractura hidráulica y otras aplicaciones químicas le han reportado unas ganancias que han elevado su fortuna personal hasta los 21.000 millones de libras esterlinas. Su empresa petroquímica, Ineos, puntera en las actividades del fracking, ha incrementado exponencialmente su valor mercantil. Ratcliffe posee el 60% de Indos, la cual emplea a más de 18.000 trabajadores, y forma parte del exclusivo club de los 1.000 millonarios británicos cuyas fortunas suman 724 billones de libras, cantidad equivalente (sólo a efectos comparativos para una mejor comprensión de nuestros lectores) a siete veces el coste anual de las pensiones en España. Buena parte de estos desregulados super-ricos han abrazado la causa del Brexit y esperan que la City londinense mantenga su posición de liderazgo financiero según el modelo de la globalización anglo-norteamericana.

En realidad, la desregulación propuesta por el imperante neoliberalismo cabe ser entendida como una re-regulación que permite actuar impunemente a los voraces super-ricos en detrimento de los ciudadanos subordinados. Llegados a este punto, el lector quizá se habrá preguntado por la relevancia de tales disquisiciones respecto a la formación de un Ejecutivo de coalición y/o un programa de gobierno en España para los próximos cuatro años y sus implicaciones para la UE. Analicemos, en primer lugar, estas últimas.

Como se sabe, el Nuevo Acuerdo Verde se inspira en el New Deal de Franklin D. Roosevelt, gracias al cual la economía estadounidense superó la grave crisis de 1929 y la subsiguiente Gran Depresión. Se trataría de invertir en bienes básicos como, por ejemplo, la alimentación, las infraestructuras, el transporte o la energía. En paralelo, se preservaría el derecho al trabajo asalariado, y se contribuiría a mantener la provisión digna de viviendas, educación, y sanidad de calidad en un entorno sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Tras la Gran Recesión desencadenada en 2007-08, y con la inyección de dinero público mediante el recurso a la máquina de imprimir dinero, se provocaría, según el inefable Yannis Varoufakis y su grupo europeísta DiEM25, un círculo virtuoso de inversión, ocupación y rentabilidad, todo ello respetando la sostenibilidad ambiental. La visión parcialmente alternativa de grupo de académicos liderados por Thomas Piketty, y reflejada en su ‘‘Manifiesto para la democratización de Europa’, es la de preferir a una Europa con capacidad fiscal en vez de una flexibilización monetaria como programa de estímulo económico, y con la introducción de nuevos impuestos medioambientales para complementar las reformas institucionales a llevar a cabo en la UE.

Ambos enfoques coinciden en asumir que la mayoría de los países europeos opera por debajo de sus potencialidades económicas. El resultado indeseado es que las divergencias entre ellos aumentan. Para evitarlo, se requiere integración y solidaridad. Porque el mantenimiento de las pasadas inversiones , así como de otros gastos corrientes esenciales en el Modelo Social Europeo (de nuevo, educación, sanidad o dependencia, pongamos por caso), no deberían financiarse sistemáticamente mediante la deuda pública. Tan erróneo es auspiciar políticas de austericidio para ajustar a las bravas los planes de consolidación fiscal como pensar que podemos vivir sólo de inversiones.

En lo que concierne a la agenda de gobierno en España, conviene recordar que respecto al asunto concreto de la transición ecológica buena parte de los partidos apuestan por prescindir de los combustibles fósiles. Además, Unidas Podemos propone clausurar también todas las centrales nucleares antes de 2024. El PSOE también comparte dicho objetivo, aunque lo sitúa entre 2025 y 2035. Ciudadanos plantea una transformación hacia un modelo energético basado en energías renovables en 2050. El PSOE se marca el objetivo de que en 2030 tres cuartas partes de la electricidad sea renovable. En la misma línea propositiva, Unidas Podemos apuesta por una reducción de las emisiones a la mitad en el próximo decenio y hasta un 90% en 2040. Como se ve, existe una amplia base programática para una eventual acción conjunta de gobierno de gran proyección futura.

Es indudable que las políticas a desarrollar eventualmente en la aplicación del Nuevo Acuerdo Verde por el nuevo Gobierno de izquierdas en España encontrarían grandes resistencias por parte de la derecha económica. Empero, cabe aducir razones de efectividad y legitimidad si son implementadas por un Ejecutivo de amplia base y alto consenso parlamentario. El escenario alternativo sería, mucho nos tememos, más de lo mismo y una calidad de vida peor para los habitantes de la piel de toro y de nuestro planeta Tierra.

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