Una alternativa al contrato único

El coste del despido, si es disciplinario y procedente, es jurídicamente “cero”; y, si es por causas objetivas y es procedente, es de 20 días por año (con un máximo de 12 meses).

No obstante, desde el punto de vista de los agentes económicos, el despido objetivo procedente se percibe, en muchas ocasiones, como más “costoso” que el improcedente (33 días con un máximo de 24). Especialmente porque tiene asociadas unas “cargas” en términos de acreditación de la causa (costes elevados de “gestión”) y, además, eventualmente puede estar condicionado a una resolución judicial “incierta” (porque la normativa genera no pocas dudas interpretativas) y lejana en el tiempo (por el creciente colapso de la administración de justicia). Sin olvidar que, a resultas de la intervención judicial, podría acabar con el pago de la indemnización más alta (si es calificado como improcedente).

Sólo si el número de trabajadores afectados por una reestructuración de plantilla es elevado y/o la situación financiera de la empresa no es muy sólida, el empresario tendrá incentivos suficientes para iniciar el cauce resolutorio objetivo (a pesar de las variables descritas).

La conclusión es que, a pesar de los numerosísimos cambios legislativos, los empresarios siguen considerando que despedir es (muy) caro y exigen nuevas reformas para abaratarlo aún más (especialmente, el improcedente).

Desde esta perspectiva, se comprenden las reticencias al uso del contrato indefinido y, por consiguiente, el uso de la contratación temporal siga siendo masiva (sin atender en exceso a si se adecua o no a las causas de temporalidad legalmente descritas y, por ende, asumiendo el riesgo a que pueda declararse el carácter indefinido de la relación).

Y, en este sentido, aunque se acabe generalizando la indemnización de 20 días a todos los contratos temporales (en virtud de la doctrina “de Diego Porras”), es posible que la temporalidad siga siendo muy elevada, pues, los costes de “gestión/litigación” asociados al contrato indefinido siguen haciéndolo menos atractivo.

Una propuesta de fraccionamiento de la indemnización del despido objetivo

Lejos de los planteamientos que se aproximan a la idea del contrato único, es posible proponer alternativas que pueden (en hipótesis) limitar la acentuada segmentación del mercado de trabajo sin implicar una reducción de la compensación que efectivamente acabe percibiendo el trabajador en las extinciones “objetivas”, ni su descausalización y/o exención de control judicial.

En concreto, puede fomentarse la contratación indefinida a partir de un nuevo diseño del fraccionamiento de los costes asociados a las extinciones “objetivas”. Esto es, adoptando una nueva estructuración de su distribución.

De modo que, sin necesidad de incrementar la penalización por el uso de la contratación temporal y manteniendo el derecho de los trabajadores a percibir los 20 días por año (con el máximo de 12 meses), la idea es que el empresario “perciba/constate” que dicha carga económica, o bien, es menor (porque se articulen medidas para propiciar su “socialización”) y/o bien, su pago quede diferido en el tiempo (facilitando que pueda asumirla en su momento).

Pues bien, supongamos que en el despido objetivo procedente el empresario debe pagar de forma directa 5 (o menos) días y los 15 (o más) días restantes fueran financiados a través de fórmulas “socializadoras”.

Es obvio que este reparto podría alterarse en función de la opción que se estimara más adecuada (pudiendo oscilar desde 1 a 19, hasta 19 a 1). Por otra parte, téngase en cuenta que cada uno de estos importes (el que se determinara), a su vez, podrían ser fraccionados:

– Fraccionamiento de los 5 días:

En nuestro ejemplo, la reducción de 20 a 5 días (o la que se fijara) es una medida que sólo sería atractiva para los empresarios (fomentando la contratación indefinida), si, sumados a los costes de “gestión/litigación”, la resultante fuera inferior al importe (cierto) asociado a la extinción de un contrato temporal (que, como se sabe, podría llegar hasta 20 días).

A su vez, respecto de estos 5 días, quizás, podrían articularse fórmulas “aseguraticias” (públicas y/o privadas o una combinación de ambas), que permitieran a los empresarios, si lo estiman conveniente, prever esta contingencia (a partir de la lógica de la prima y del “riesgo” de cada empresario y/o del sector productivo al que pertenece).

Si bien es cierto que una medida de estas características supondría, según su configuración, incrementar la “imposición” asociada al trabajo, también lo es que en contrapartida las empresas tendrían que asumir un coste menor (por cierto, cuantificable y periódico), que podría variar en el tiempo en función a su exposición al riesgo.

O, incluso, teniendo en cuenta que el importe indemnizatorio máximo está tasado, también podrían articularse medidas para promover (¿fiscalmente?) el ahorro empresarial hasta alcanzar dicha cuantía máxima por trabajador (o un % mínimo/máximo de ahorro en función de la dimensión de la plantilla).

– Fraccionamiento de los 15 días:

Y respecto de los 15 días restantes de la indemnización (o los que se fijaran) las opciones que brinda la “socialización” son particularmente amplias.

Llegados a este estadio es importante advertir que no existe ninguna norma o regla que “exija” que tenga que ser el empresario el que tenga que asumir de forma directa el 100% de esta indemnización (recuérdese que se trata de un motivo resolutorio inimputable).

De hecho, el derogado art. 33.8 ET y la intervención del FOGASA era una manifestación derivada que respondería a este planteamiento (no se olvide, con cargo exclusivo a los empresarios).

Por consiguiente, asumiendo que la socialización de una parte del importe no es una opción ajena a nuestro modelo de relaciones laborales, las opciones que potencialmente pueden configurarse son múltiples. Por ejemplo, entre otras, podrían articularse estas medidas (individual o combinadamente):

Podría crearse un Fondo específico (o varios) para sufragar esta indemnización, atendiendo a las variables que se estimen más adecuadas (al riesgo de los diversos tipos de empresas, sectores productivos y/o geográficos y/o bien, la tipología de los trabajadores/edad/tipo de contrato, etc.). Este Fondo podría financiarse con las aportaciones de empresarios y/o trabajadores afectados; y/o con las aportaciones de otros colectivos de ciudadanos.

También podría preverse una prestación por desempleo específica para estos casos resolutorios (que complementara la “ordinaria”, mediante una mayor cuantía y/o más dilatada en el tiempo).

Y, finalmente, para ilustrar la heterogeneidad de opciones a nuestro alcance, también podría preverse la financiación de estos quince días (o una parte de los mismos) a través de figuras impositivas indirectas (por poner un ejemplo, entre otros muchos posibles, asociadas al consumo de un determinado bien o servicio). Y, o bien, que se optara por financiarlos a través de los presupuestos generales del Estado (como sucede con las pensiones no contributivas). O, incluso (para ilustrar la variedad de opciones posibles) a través del juego.

Valoración final

Más allá del carácter “exótico” de algunas propuestas de fraccionamiento expuestas, lo que, en esencia, pretendo evidenciar es que existe una alternativa al modelo vigente que no exige renunciar ni a la causalidad extintiva, ni al control judicial de la misma ni tampoco supone condicionar la creación de empleo indefinido al incremento del coste (perjuicios) que deben internalizar los trabajadores en estos casos.

La extraordinaria variabilidad de opciones que describe este enfoque permitiría, además, buscar alternativas adaptadas a las circunstancias particulares de colectivos específicos de trabajadores y/o sectores económicos y/o zonas geográficas, etc.

En definitiva, modestamente, creo que la solución a la excesiva segmentación del mercado de trabajo puede afrontarse desde otra perspectiva. Y también estoy convencido que la situación actual exige un cierto grado de audacia y valentía por parte de los responsables políticos e interlocutores sociales. Hasta la fecha, el inmovilismo ha sido palpable y el precio que está pagando la sociedad por ello excesivamente elevado.

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