¿Una emergencia nacional en la frontera?

El presidente Trump sigue dando mucho que pensar a los abogados constitucionalistas. Cada pocos meses, en respuesta a una orden ejecutiva, una entrevista o un tuit, debemos preguntarnos nuevamente: ¿Puede realmente hacer eso? ¿Puede el presidente prohibir la inmigración de un conjunto de países predominantemente musulmanes? ¿Podría despedir al abogado especial Robert Mueller a voluntad? ¿Podría acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento?

A veces, la respuesta resulta ser : por una votación de cinco a cuatro, el Tribunal Supremo confirmó una versión de la llamada Muslim Ban. En ocasiones, como la de despedir al abogado especial, la mejor respuesta es claramente ‘no’. A veces, como en el caso del poder reivindicado por el presidente para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, ni siquiera la Administración parece tomárselo en serio. Una reclamación como ésa parece funcionar menos como una postura legal que se deba promover y más como una concesión a los más fervientes partidarios del presidente. La artillería pesada del análisis legal se despliega en vano contra un ejemplo de política performativa.

La pregunta es si el presidente Trump puede declarar una emergencia nacional para construir un muro en la frontera entre México y EE. UU. La Casa Blanca anunció el jueves que tiene la intención de hacerlo, después de que los líderes del Congreso alcanzaron un acuerdo para financiar al Gobierno que no incluía los 5.700 millones de dólares para el muro que el presidente pretendía.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Las declaraciones de emergencia están mal vistas en las democracias constitucionales modernas: evocan el espectro de Carl Schmitt, el colapso de la República de Weimar y los largos años de mala administración en innumerables regímenes iliberales desde entonces. Lo que es más, la Constitución de los Estados Unidos no contempla las declaraciones de emergencia. Y si bien la orientación constitucional es, en el mejor de los casos, críptica en muchos asuntos de separación de poderes, no puede estar más claro que el Congreso, no el presidente, tiene el poder de asignar fondos. Por tanto, ¿puede realmente hacer eso?

El mejor argumento es que no puede, pero no es un asunto tan sencillo como se podría suponer. La razón es que, si bien la Constitución no otorga poderes de emergencia al presidente, el Congreso lo ha hecho repetidamente durante décadas. Una declaración de emergencia del presidente desbloquea más de 120 disposiciones legales que le confieren poderes adicionales. Muchas de las disposiciones tienen objetivos limitados y un alcance modesto (por ejemplo, una extiende el plazo para las auditorías de servicios armados), pero otras son de largo alcance.

En un artículo reciente de ‘The Atlantic’, Elizabeth Goitein describió los poderes de emergencia empleando las palabras de disconformidad del juez Robert Jackson en la notoria decisión Korematsu, que autorizó el internamiento de civiles japoneses estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Cada otorgamiento de poder de emergencia «se asemeja a un arma cargada, lista para que cualquier autoridad pueda presentar una reclamación plausible de una necesidad urgente». De manera característicamente estadounidense, gracias al Congreso estamos rodeados de armas cargadas.

La pregunta es si alguna de ellas puede usarse para construir un muro. La mayoría de las disposiciones de emergencia no permiten al presidente cambiar los fondos asignados, pero algunas lo hacen. Margaret Taylor ha publicado recientemente un análisis detallado de los candidatos más probables. Éstos incluyen la disposición 10 U.S.C. § 2808, que establece que «en el caso de … la declaración del presidente de una emergencia nacional … que requiere el uso de fuerzas armadas, el secretario de Defensa … puede emprender proyectos de construcción militares … no autorizados de otro modo por ley que sean necesarios para apoyar este uso de las fuerzas armadas «. Esta disposición es bastante restrictiva: sólo autoriza la construcción militar «necesaria para apoyar dicho uso de las fuerzas armadas «. Nadie argumenta que necesitamos un muro para respaldar el despliegue de tropas en la frontera .

La disposición 33 U.S.C. § 2293 es quizás una mejor opción: permite al secretario del Ejército “aplicar los recursos del programa de obras civiles del Departamento del Ejército, incluidos los fondos, el personal y el equipo, para realizar o ayudar en la construcción, operación, mantenimiento y reparación de obras civiles autorizadas, construcción militar y proyectos de defensa civil que son esenciales para la defensa nacional «, cuando el presidente declara una emergencia nacional «que requiere o puede requerir el uso de las Fuerzas Armadas «. Esta disposición es menos restrictiva respecto a cómo pueden utilizarse los fondos, pero todavía necesita de una emergencia nacional que requiera o pueda requerir el uso de la fuerza militar. Y esto nos lleva al problema central del plan del presidente: no existe una emergencia nacional del tipo necesario para activar estas disposiciones.

Como ha argumentado Elizabeth Goitein, los hechos de los últimos meses refutan cualquier afirmación de que el presidente esté respondiendo a una emergencia en la frontera. El Congreso promulgó disposiciones de emergencia para que el presidente pueda actuar rápidamente ante las crisis que se mueven más rápido que el proceso legislativo. El presidente Trump está invocando poderes de emergencia en respuesta no a una amenaza nueva y urgente, sino a una derrota política que ya dura varios meses.

Desde diciembre, ha estado negociando con los líderes del Congreso para obtener fondos para el muro. Provocó un cierre administrativo para aumentar la presión sobre los demócratas, pero finalmente tuvo que retroceder. Fue cuando el trámite legislativo finalmente no le proporcionó la financiación cuando ha optado por este cambio de curso. El hecho de que el presidente no haya cumplido su promesa de campaña de construir un muro puede constituir una emergencia política para él, pero eso no es lo que el Congreso tenía en mente.

Si el presidente sigue adelante con este plan, se abrirá camino ante los tribunales. Si bien los tribunales estadounidenses suelen ser respetuosos con el Poder Ejecutivo cuando se trata de la seguridad nacional, cuanto menos creíble encuentren la historia de la seguridad nacional de la Administración es menos probable que lo sean. En virtud de la Ley de Emergencias Nacionales, un estatuto marco para las declaraciones de emergencia, el Congreso tendrá la oportunidad de oponerse a la declaración de emergencia dentro de medio año. Pero a juzgar por la declaración del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que aprueba el plan, es poco probable que esta Cámara, controlada por los republicanos, se oponga a la decisión del presidente.

No es que los presidentes estadounidenses no declaren emergencias: como ha documentado el Centro Brennan, lo han hecho en 60 ocasiones en los últimos 40 años. Pero no es parte de nuestra tradición constitucional (ni de ninguna tradición constitucional saludable) que lo hagan cuando no pueden obtener lo que quieren a través del proceso político. Este movimiento refleja la indiferencia u hostilidad hacia las normas constitucionales que se ha convertido en un sello distintivo de la Presidencia de Trump.

Este análisis fue publicado originalmente en ‘Verfassungsblog’

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.