Una losa en la memoria


A todos los muertos despojados de su nombre.

Os recordamos.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo sorprendió por su unanimidad en la resolución del recurso formulado por los descendientes de Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 52/2007, conocida como de la memoria histórica, modificada por el Real Decreto 10/2018, dispuso la exhumación de los restos de Francisco Franco de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, así como su traslado al mausoleo de Patrimonio Nacional donde reposan los restos de su esposa, en el Cementerio de El Pardo Mingorrubio [El traslado se hizo este jueves].

Aunque la mayoría de los analistas coincidían en las altas posibilidades de una sentencia desestimatoria de aquel recurso, se daba por descontado que la Sala sería incapaz de hallar un consenso que pasara por la plena desatención de las pretensiones de la familia. Sin duda, no ayudó a disipar este temor, no materializado, el extraño reconocimiento a Franco como jefe del Estado el 1 de octubre de 1936, realizado por la Sala, obiter dicta, en su auto de medidas cautelares en esta misma causa.

Es evidente que la Justicia llega tarde, pero parece razonable añadir que aun con esta resolución se dista mucho de alcanzarla plenamente; y la Justicia que no es plena difícilmente puede merecer tal nombre. No obstante, el valor simbólico del avance experimentado es innegable. Cuarenta y cinco años despúes de la muerte del general, cuando el proceso de democratización del país ha resultado exitoso e incluso ejemplar, España no había sido capaz de excluir a su verdugo de un enterramiento que pretende regalar su recuerdo. Por ello, la alegría de las miles de víctimas vivas es muy comprensible; acostumbradas, como están, a éxitos escasos.

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La sentencia del Alto Tribunal español confirma un acto inequívoco del Estado dirigido a corregir la inexplicable concesión de honores a quien, por haber subvertido el orden constitucional, empleando los resortes del poder público para el exterminio de sus contradictores, no puede merecerlos. Ello nos sitúa más cerca de la ansiada normalidad propia del contexto internacional en que se pretende imbricar a la democracia española y rompe la primera gran sima que separaba a las víctimas de su justa reivindicación. Y para alcanzar este punto de no retorno en la aspiración reparadora, el TS ha debido situarse, esencialmente, en tres planos de reflexión jurídica, que conviene exponer sucintamente sin ánimo de totalidad, centrándonos en los aspectos más significativos.

La primera parte del texto de la resolución resuelve, negando el planteamiento de la cuestión ante el Tribunal Constitucional, la duda de constitucionalidad que la familia Franco pretendió trasladar a los magistrados. Los recurrentes refutaron el acomodo con la Norma Fundamental del Real Decreto-Ley 10/2018, negando la concurrencia de la “extraordinaria y urgente necesidad” que había de fundamentar la aprobación de aquél. Sin perjuicio del derecho de la parte en cualquier proceso a fundar su pretensión como mejor considere, no es extraño que ese celo constitucional en quienes defienden la continuidad del estado de cosas en el Valle de los Caídos cause en las víctimas, y en la ciudadanía en general, cierta perplejidad.

La Sala, siguiendo una conocida jurisprudencia constitucional, reconoció al Gobierno su autoridad para la selección de las prioridades políticas y la determinación de su urgencia, siempre y cuando queden suficientemente explicitadas, como fue el caso. Ha de notarse que la exhumación a que da pie la Ley atacada fue requerida con urgencia, expresamente y casi sin oposición, por la Proposición No de Ley del Congreso de los Diputados de 11 de mayo de 2017.

No menos contundente fue el Tribunal al rechazar los óbices de fondo a la constitucionalidad del texto, cuya contradicción con el derecho a la intimidad y el de libertad religiosa no apreció. Tanto el acervo constitucional español como la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos excluyen la consideración como ilimitada de la facultad de los familiares para decidir sobre el enterramiento de sus deudos. Hubiera zaherido a la razón más elemental que se primara este derecho legal a los fines expresamente contenidos en la Ley 52/2007, tomando por fundamento la idea evidentemente incierta de que el cadáver de Franco es el de un ciudadano cualquiera sepelido anónimamente en un modesto cementerio privado. El procedimiento administrativo configurado en la disposición adicional sexta bis de la Ley otorga a la familia el derecho de proponer un lugar de enterramiento alternativo a la Basílica en que se halla; la negativa de sus descendientes a ofrecer otra localización, una vez que la estrambótica idea de inhumarlo en la catedral de la Almudena quedó excluida por razones que también avaló el Alto Tribunal, no puede conllevar la frustración de la finalidad legal pretendida, máxime cuando la propia norma prevé la decisión subsidiaria por parte de la Administración.

En el ámbito del examen de la conformidad del acto administrativo con la legalidad ordinaria que realiza el Tribunal, que constituye el objeto propio de su jurisdicción, la sentencia, además de algunas otras cuestiones (como la plena adecuación del acto impugnado a las disposiciones urbanísticas y mortuorias, sin necesidad de licencia municipal alguna), proporciona criterios enormemente relevantes para la interpretación del art. I.5 del Acuerdo de 1979 sobre Asuntos Juridícos entre el Estado español y la Santa Sede. Ello ha permitido deshacer ciertas confusiones hasta ahora extendidas, pues no debe olvidarse que la inviolabilidad de los lugares de culto que contempla esa norma internacional queda garantizada sólo “con arreglo a las leyes”, es decir, sin exclusión del derecho español en el interior de esos lugares.

Ese criterio restrictivo, que niega un estatus asemejado al de las sedes diplomáticas a las iglesias o semejantes, descarta toda autoridad del prior benedictino sobre el hecho mismo de la exhumación de los restos del dictador, por más que aquella orden monástica se comprometiera en su día a su custodia. Esto constituye un distanciamiento sustancial respecto de lo sostenido por la Comisión de Expertos designada por el Gobierno de Zapatero para determinar el destino del Valle. Y de ello resulta la conclusión de que la ausencia de cualquier implicación religiosa de la decisión del Gobierno, atendido además el carácter público del lugar de enterramiento, sujeto por prescripción legal a un destino específico incompatible con la permanencia de Franco en el Valle, despoja de toda eficacia a la negativa eclesiástica inicial, que se fundó en la falta de consentimiento de los descendientes del fallecido, ahora declarada irrelevante.

El Tribunal concluye rechazando el último intento de la familia Franco por trabar la aspiración legal a través la pretendida inhumación junto al cadáver de su hija en la cripta privada de la catedral de la Almudena. La sentencia avala con determinación la legitimidad de la finalidad “política” de evitar el enterramiento en lugar en que la exaltación del régimen anterior resulta con toda evidencia mucho más dañosa para las víctimas, en la catedral de Madrid y junto al palacio de Oriente, además de dar por buenos los argumentos de seguridad también esgrimidos por el Gobierno.

El enterramiento del dictador en un lugar digno y apartado no sólo es condición imprescindible para la resignificación pretendida del Valle de los Caídos, sino que constituye una primera providencia esencial para la plena atención del derecho de las víctimas de la persecución política a su reparación. Así lo aclaró, sin duda alguna, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o Involuntarias de la ONU en 2 de julio de 2014 y lo reiteró pocos días después el Relator Especial sobre promoción de la verdad, la justicia, la reparacíon y las garantías de no repetición de esa misma organización.

Sin embargo, no basta. No se comprende por qué no se aprovechó la ocasión de la reforma legislativa que hizo posible este audaz movimiento para posibilitar el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera a un lugar del Valle no privilegiado, junto a las demás víctimas de la guerra, como recomendó el informe de la Comisión a que nos referíamos más arriba. Pero, sobre todo, es preciso un esfuerzo urgente y decidido por devolver a las víctimas los cuerpos de sus familiares asesinados, enterrados sin nombre en fosas comunes de toda España. Urge igualmente que a esas mismas víctimas se proporcione la información precisa y la posibilidad de reclamar sus derechos ante la Justicia con garantías reales. El Estado, en definitiva, debe asumir todo el protagonismo en la política reparadora, mediante los instrumentos jurídicos adecuados y con la dotación económica necesaria,

El temor escasamente fundado a una nueva ruptura de la convivencia ha de ceder ante la realización plena de la Justicia. De lo contrario, las generaciones futuras continuarán heredando el dolor de sus antepasados y el gran muro que nos dividió, por más que oculto o desdibujado por el paso de los años, no será demolido hasta sus cimientos. Ésta constuye la única vía cierta hacia la definitiva reconciliación.

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