Una nueva Constitución para un nuevo Chile

Las imágenes de movilizaciones sociales masivas en Chile han dado la vuelta al mundo. El estallido social que inicialmente mostró una cara de violencia y conflicto ha ido moviéndose hacia una sociedad viva y demandante. La represión del Gobierno ha dejado un resultado de muertes, violaciones graves de los derechos humanos y un estado de ánimo social muy complejo. La investigación y delimitación de responsabilidades permitirá avanzar hacia una mejor sociedad, hacia una democracia mejor. Chile ha destacado en Latinoamérica como un ejemplo de estabilidad política, y se ha valorado tanto su modelo de transición a la democracia como las políticas sociales que permitieron una importante reducción de la pobreza y cierto equilibrio en el marco del modelo neoliberal. Por eso la sorpresa es tan grande: ¿qué ha pasado?

Una primera respuesta es la desigualdad. Chile es el país con la mayor desigualdad de la OCDE. Si bien el modelo de desarrollo centrado en el crecimiento con equidad logró disminuir los índices de pobreza, fracasó a la hora de reducir la de carácter extremo y la desigualdad. En 2017, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en este país publicó el estudio ‘Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile’, que puso el acento en este punto.

Sin embargo, si miramos los datos de legitimidad democrática, Chile venía mostrando desde mediados de la década del 2000 una tensión entre la élite y la sociedad, una desconexión que afectaba primero a las instituciones políticas (partidos políticos, Congreso) y luego a otras como las iglesias e, incluso, a las fuerzas armadas y de orden. Esto refleja que la de hoy no es sólo una crisis social, sino también política e institucional, que puede entenderse desde la tensión generada por el diseño institucional de la democracia chilena.

La Constitución Política de 1980, instaurada bajo un Gobierno autoritario, ha sido reformada en distintos momentos para ajustarla a las necesidades del país, pero no se ha logrado generar una nueva, nacida en democracia. En 2005, el presidente Ricardo Lagos promovió importantes reformas, terminando con lo que Manuel Antonio Garretón denominó “enclaves autoritarios”. Pero el marco institucional continúa entorpeciendo gobernar por la dificultad de construir mayorías en el Congreso y por los altos cuórums que se requieren para aprobar cierto tipo de legislación, que puede entenderse desde la tensión que se fue generando por el diseño institucional de la democracia chilena, y que tiene como consecuencia la desafección de los ciudadanos, al no ver reflejados los resultados que esperan de los gobiernos que eligen.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

En 2006, Michelle Bachelet asumió su primer Ejecutivo con el triunfo histórico de una mujer de izquierda, que se percibió como una muestra de estabilidad democrática y el inicio de un camino de profundización de los derechos sociales. Sin embargo, en 2006 explotó la revolución de los pingüinos, donde cientos de estudiantes salieron a las calles a demandar su derecho a una educación de calidad. En 2010, la derecha ganó por primera vez las elecciones presidenciales desde el retorno a la democracia, con el liderazgo de Sebastián Piñera. La alternancia en el poder fue pacífica y fluida. En 2011 hubo un nuevo estallido de movilizaciones estudiantiles, esta vez liderado por los universitarios, quienes demandaron la gratuidad de la educación superior, que cosecharon un gran apoyo ciudadano y suscitaron nuevas demandas; entre ellas, una Nueva Constitución.

Las elecciones presidenciales de 2013 tuvieron como antecedente estas demandas sociales. Bachelet resultó triunfadora con una agenda de reformas profundas enunciada en torno a tres pilares fundamentales: reforma tributaria, reforma educativa y nueva Constitución. Por primera vez desde la transición, una coalición de gobierno lograba obtener mayoría en ambas cámaras. Parecía posible la obtención de los cuórums necesarios para avanzar en dichas reformas. Sin embargo, la oposición de actores políticos de la derecha, como también de algunos de la coalición de Gobierno Nueva Mayoría, permitió avanzar en la reforma tributaria y en la reforma educacional (parcial), pero el proceso constituyente participativo convocado por la presidenta Bachelet quedó suspendido.

Al cabo de un año, un Gobierno que había arrancado con un alto apoyo ciudadano se enfrentó a uno de los principales desafíos de las democracias latinoamericanas: los escándalos de corrupción. Casos asociados a la financiación ilegal de campañas políticas y al tráfico de influencias afectaron a un parte importante de la élite política; incluso a la familia de la presidenta.

Esto impactó fuertemente en la legitimidad gubernamental y trajo como respuesta no sólo un cambio de Gabinete, sino un paquete de medidas y legislación enmarcado en una agenda de probidad y transparencia, convirtiéndose en las reformas políticas más importantes de los últimos 40 años en Chile. Se reformó el sistema de partidos, su financiamiento y el de las campañas; también el sistema electoral, incluyéndose por primera vez una ley de cuotas en comicios parlamentarios, entre otras medidas. Estas acciones fueron muy importantes para contener el desprestigio de las instituciones.

Las elecciones de 2017, bajo estas nuevas reglas, devolvieron a la derecha al Gobierno, liderada de nuevo por Piñera. Su programa se basó en un discurso de crecimiento económico y seguridad y en una fuerte crítica a las reformas que había promovido Bachelet. Las medidas gubernamentales se encaminaron a desarticular los avances realizados por su antecesora (2014-2018), lo que se materializó en la reversión de la reforma tributaria y de la educativa (gratuidad, educación pública), así como en la congelación del proyecto de nueva Constitución.

El segundo Gobierno de Piñera se ha producido en un nuevo escenario político/institucional, con un Congreso por primera vez electo mediante un sistema electoral proporcional moderado, con 16 fuerzas políticas con representación. Un sistema presidencialista fuerte en un contexto político fragmentado ha tenido como consecuencia un Gobierno en el que el presidente, con un programa de importantes reformas, tiene minoría en ambas cámaras.

Aquí tenemos un problema institucional, con un sistema bloqueado y trabado en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que genera una sensación de parálisis gubernamental, algo totalmente contra-intuitivo en este momento de crisis social, política e institucional.

Con un sistema electoral proporcional moderado de listas abiertas, los incentivos para la disciplina partidaria son bastante bajos, lo que se ha convertido en un obstáculo para acordar las reformas que el país necesita. Son claves la capacidad del Ejecutivo, la habilidad de sus ministros para agregar voluntades y la disposición al diálogo y la colaboración.

La pregunta es: ¿cómo pueden el Gobierno y la oposición abordar la crisis actual en este contexto institucional?

Tras siete días de estado de emergencia, toque de queda y graves violaciones de los derechos humanos, el apoyo ciudadano al Gobierno ha caído dramáticamente. La última encuesta otorga a Piñera un 14% de apoyo3.

Por otro lado, la movilización social es transversal y sin liderazgos orgánicos. Los partidos de centro izquierda han participado en ella, pero no la lideran. Alcaldes, parlamentarios, dirigentes de organizaciones sociales y políticas son parte de este gran movimiento, pero no cumplen un rol de conducción, al menos hasta ahora. La oposición política está representada a través de ocho partidos con presencia en el Congreso, que no han actuado coordinados en muchas materias relevantes.

Con este escenario, y para que la democracia perdure y se fortalezca, se requiere un camino institucional que habilite la deliberación política de los ciudadanos y encauce las soluciones expresadas en políticas públicas y legislación. En ese desafío estamos.

La respuesta del Gobierno ha sido un cambio de Gabinete muy acotado y que no destraba la crisis social, política e institucional. El más importante ha sido el del ministro del Interior, Andrés Chadwick (responsable político del uso excesivo de la fuerza pública que se ha dado estos días), que ha extendido todo el equipo político: Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio Secretaría General de Gobierno y Ministerio de Hacienda). Se ha optado por un perfil de profesionales más jóvenes, que han ocupado cargos públicos pero no expresan un cambio en el rumbo gubernamental. No se han tocado los ministerios sectoriales: Transportes (donde se inició el conflicto actual), Educación o Salud. El mensaje es claro: el Gobierno va a perseverar en las políticas que ellos definieron como prioritarias, y la sociedad seguirá movilizada.

Para salir de la crisis que vive Chile se requiere de un nuevo impulso de reformas institucionales que mejore el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y que incorpore formalmente a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, mediante diversos mecanismos de participación ciudadana. Esto debe hacerse mediante la elaboración de una nueva Constitución Política que surja de un proceso democrático, participativo e institucional.

Esta demanda es la segunda del movimiento social actual. Y no es reciente. Los críticas a la Constitución Política vigente desde 1980 surgieron inmediatamente después de ser promulgada, por su origen autoritario. Fue durante las movilizaciones sociales de 2006 y 2011 cuando esta reclamación se intensificó, pasando a formar parte de la agenda política en las elecciones presidenciales de 2013. Dos años después, y después de una amplia agenda de reformas políticas, Bachelet convocó a un inédito proceso participativo con objeto de avanzar hacia otra Constitución. A pesar de que no había mecanismos para generar una nueva Carta Magna, la presidenta hizo uso de su poder co-constituyente para convocar a la ciudadanía a participar, en lo que se denominó un proceso de incidencia política. Este legado en materia constitucional se compone de tres partes:

  • Una etapa participativa única en la historia republicana y que se situó como el más masivo a nivel mundial en asuntos constitucionales.
  • Una propuesta de sede para la discusión (Convención Constitucional).
  • Un proyecto de nueva Constitución que refleje la incidencia de la participación ciudadana.

¿Qué quiere esto decir? Pues que no partimos de cero. Junto a ello, ha habido parlamentarios que han propuesto reformas constitucionales para habilitar la convocatoria de un plebiscito que permita avanzar hacia otra ley de leyes. Cualquiera que sea el camino, lo importante es la convergencia de los actores hacia este cambio sustantivo.

Autoría

Deja un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.