Una propuesta para evitar un ‘Brexit’ sin acuerdo

La Unión Europea aspira a que la retirada del Reino Unido no comprometa la integridad del territorio aduanero y regulatorio europeo. Ello justifica la insistencia en el llamado backstop irlandés. Al mismo tiempo, el Reino Unido desea obtener garantías de que no terminará encerrado indefinidamente en una unión aduanera (y regulatoria) con la Unión Europea. Esto explica su rechazo al backstop. El punto muerto en el que nos encontramos está conduciendo a ambas partes a un ‘Brexit’ sin acuerdo.

La propuesta que pasamos a exponer, la cual incluye aspectos inéditos hasta la fecha, garantiza la integridad y la autonomía de los respectivos territorios aduaneros y regulatorios europeo y británico, y no impone la creación de una unión aduanera entre ambos (salvo que deseen lo contrario), ni una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Con ella, se pretende resolver el punto muerto en el que se encuentra el proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, pero también podría sentar las bases de un modelo que rija para todo el comercio en las relaciones entre ambas partes si, en el futuro, desearen mantener su autonomía aduanera y regulatoria en sus relaciones comerciales.

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La adopción y entrada en vigor de la propuesta podría articularse realizando algunos ajustes menores a la Declaración Política y/o la modificación de un único artículo en el Acuerdo de Retirada.

El problema

1.- El entuerto del ‘backstop’ es el resultado de dos exigencias políticas y jurídicas aparentemente incompatibles. Una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea, la regla general es que todas las mercancías, ya procedan del Reino Unido o se importen en el Reino Unido desde países terceros, con destino la Unión Europea, serán objeto de un control aduanero, y viceversa. Este proceso tiene lugar en la frontera, un espacio físico que opera como punto de entrada en el mercado interior. En ella se verifica el origen y el valor de la mercancía, así como el pago previamente liquidado de los derechos de aduana; y en algunos casos se comprueba, asimismo, el cumplimiento de estándares regulatorios.

2.- Sin embargo, como resultado de los Acuerdos de Viernes Santo y de la necesidad de facilitar las relaciones entre Irlanda y el Reino Unido tras décadas de pertenencia a la Unión Europea, la eliminación de una frontera física entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) e Irlanda (Estado miembro de la Unión Europea) ha sido considerada por todas las partes como una parte fundamental del acuerdo. Para que esta realidad sin frontera física perviva tras el Brexit, ¿qué podría impedir que las mercancías originarias del Reino Unido, así como las procedentes de estados terceros, alcancen el mercado interior europeo a través de Irlanda del Norte sin controles aduaneros? ¿Y cómo puede garantizarse que las mercancías que atraviesan la frontera cumplen con los estándares regulatorios aplicables en el territorio de la Unión Europea y del Reino Unido?

3.- Además de introducir una frontera comercial entre el territorio de Gran Bretaña e Irlanda (incluyendo Irlanda del Norte), la solución a la que llegaron los autores del actual backstop consiste en incorporar a la totalidad del territorio del Reino Unido como parte de la unión aduanera de la Unión Europea. Ésta va acompañada de una suerte de unión regulatoria cuyo objetivo es garantizar no sólo la integridad del territorio aduanero europeo, sino también la integridad regulatoria del mercado interior.

4.- Con el actual backstop, el Arancel Externo Común se aplica así a todas las mercancías procedentes de países terceros tras su entrada por cualquier punto del Reino Unido, pasando a ser despachadas a libre práctica en la totalidad del territorio de la Unión.

5.- Participar en una unión aduanera de este alcance tiene un precio para el Reino Unido: el más importante de todos es la pérdida de toda facultad de negociación y celebración de acuerdos comerciales con estados terceros, así como la imposibilidad de acordar aranceles propios, por no hablar de la pérdida de autonomía regulatoria en lo que se refiere a la producción y comercialización de mercancías. El Reino Unido tendría que aprobar una cantidad elevadísima de normas siguiendo el dictado de Bruselas, pero sin poder participar en su aprobación y sin poder adoptar normas propias que contraríen lo previsto en el Derecho de la Unión. Es un precio que los brexiteers no están dispuestos a pagar, al menos no de forma indefinida.

6.- Es cierto que el backstop se presenta como una solución temporal, a la espera de la entrada en vigor de un acuerdo comercial futuro entre la Unión Europea y el Reino Unido. Uno de los aspectos más discutidos durante las negociaciones del acuerdo de retirada ha sido la fijación de un plazo al backstop, con el fin de que las negociaciones sobre la relación futura no se alarguen indefinidamente. Pero parece existir un consenso según el cual, una vez terminen las negociaciones sobre la relación comercial futura, el ‘backstop’ perdería su razón de ser y debería derogarse.

7.- Este resultado oculta oportunamente una incómoda realidad que nos mete en un círculo vicioso. La necesidad de un backstop desaparecerá sólo cuando el resultado final de las negociaciones comerciales con el Reino Unido culminen con este país, de iure o de facto, formando parte de una unión aduanera y regulatoria con la Unión Europea. Si el resultado fuera, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio sobre mercancías, incluso uno profundo y ambicioso, esas mercancías procedentes de estados terceros no entrarían en una unión aduanera europea, sino en un mercado británico con arreglo a normas y derechos de aduanas británicos. En ese caso, ¿qué impediría introducir esas mercancías en el mercado interior europeo a través de Irlanda del Norte?

8.- Volvemos de nuevo al punto de partida, al backstop con las restricciones políticamente inaceptables que impiden al Reino Unido tener su propio régimen aduanero (pues la premisa del backstop es que, siendo parte de una unión aduanera, el Reino Unido aplica aranceles europeos, no británicos), así como la potestad de celebrar de forma independiente sus propios acuerdos comerciales con países terceros.

Estándares regulatorios

9.- Los estándares regulatorios aplicables a las mercancías, especialmente los dirigidos a proteger a los consumidores y el medio ambiente, plantean un reto que merece una mención aparte. En caso de existir una frontera abierta entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y asumiendo que el Reino Unido, una vez habiendo abandonado la Unión Europea, decida adoptar estándares diferentes, ¿qué impediría la entrada en la Unión de mercancías que no cumplen con los europeos (por ejemplo, carne de vacuno con hormonas) y viceversa? En la práctica del comercio internacional, los estándares regulatorios del Estado de importación no son de la incumbencia del de exportación. Son los exportadores quienes tienen la obligación de cerciorarse de que las mercancías dirigidas a mercados extranjeros cumplen los estándares de esos mercados, y es la responsabilidad del Estado de importación verificar su cumplimiento en frontera. Sin embargo, un control fronterizo de este tipo está excluido en el caso de Irlanda de Norte, debido a los Acuerdos de Viernes Santo.

10.- La solución que proporciona el actual backstop consiste en crear una unión aduanera (aplicable tanto a Irlanda del Norte como a la totalidad del Reino Unido) que incorpore, asimismo, el régimen regulatorio europeo aplicable a las mercancías; en definitiva, una unión regulatoria.

11.- Si, siguiendo esta lógica, el régimen regulatorio europeo es el Derecho aplicable en Irlanda del Norte, entonces la frontera podrá seguir abierta, pues hay que presumir que las mercancías que cruzan al territorio de la República de Irlanda cumplen con los estándares regulatorios europeos.

12.- Lo que es importante destacar es que el actual backstop confía en la eficacia del Derecho británico, unido a un sistema estricto de ejecución y supervisión, incluida la participación de representantes de la Unión en los controles realizados en el Reino Unido, con el fin de asegurar la integridad del territorio aduanero y regulatorio europeo. La combinación del efecto disuasorio del Derecho británico, la asunción de que se cumplirá, sumado a los mecanismos de ejecución y cooperación exigidos por la Unión, ofrecen garantías suficientes para los firmantes del backstop. Y como ningún sistema es infalible, a todo lo anterior se suman controles aleatorios, así como normas en el Estado de importación, para completar el régimen del backstop. Como luego explicaremos, nuestra propuesta alternativa replica, e incluso refuerza, estos mecanismos de garantía que ha promovido la Unión para asegurar su correcto funcionamiento.

13.- Los límites de esta solución son también evidentes: impone a Irlanda del Norte, o a la totalidad del Reino Unido, los estándares regulatorios europeos. Se produce una asimetría simbólica muy llamativa, según la cual el Reino Unido queda obligado a adaptar sus políticas y preferencias regulatorias a los de la Unión, pero no a la inversa (y como ya sabemos, el simbolismo es una poción mágica políticamente explosiva en el drama del Brexit). Y como la interpretación precisa de estas normas suele acabar siendo objeto de disputa, el backstop remite la solución de estas controversias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, convirtiéndolo en árbitro final y agravando aún más la ofensa simbólica que ha envenenado el debate del Brexit en el Reino Unido.

14.- Después de oír los debates en la Cámara de los Comunes, parece evidente que estas limitaciones del backstop, unido a la falta de una fecha de caducidad del mismo, desempeñaron un papel determinante en el rechazo británico al Acuerdo de Retirada.

Una solución alternativa

15.- Queremos proponer una solución alternativa que alcanza los mismos resultados que el ‘backstop’, al tiempo que elimina aquellos aspectos que han imposibilitado su aprobación en Westminster. Nuestra propuesta integra varios puntos que abordan la problemática específica suscitada por los estándares regulatorios y los controles aduaneros.

Estándares regulatorios: un régimen de autonomía dual

16.- El backstop, tal y como está actualmente configurado, es posible porque el Reino Unido ha sido un Estado miembro de la Unión Europea durante los últimos 46 años, un periodo en el que se ha fraguado un elevado nivel de confianza en el sistema legal británico. Por tanto, a los autores del backstop les basta con declarar, y con razón, que el Derecho de la Unión será el law of the land en Irlanda del Norte (o el resto del Reino Unido), incluso cuando el Reino Unido ya no forme parte de la Unión, para confiar en que las mercancías procedentes del Reino Unido cumplirán con las normas europeas.

Además, el backstop introduce un sistema de ejecución y vigilancia sumamente estricto que incluye la participación de autoridades europeas en los controles que acometen las autoridades británicas en su suelo. Este sistema de control, con supervisión y presencia de autoridades europeas en Irlanda del Norte/Reino Unido, ha quedado recogido en el backstop actual, así como el reverso recíproco que faculta a las autoridades británicas a participar en los controles en la República de Irlanda.

17.- La variación que proponemos es la siguiente: en la práctica es previsible, incluso en ausencia de un acuerdo comercial futuro, que existan altos grados de convergencia entre los regímenes regulatorios británico y europeo. Sin embargo, con el paso del tiempo lo más probable es que surjan diferencias en las normas de ambos bloques. En nuestra propuesta, la exportación de mercancías a la República de Irlanda desde el Reino Unido que incumpla los estándares previstos en el Derecho de la Unión será constitutiva de una violación del Derecho británico, incluyendo sanciones severas (de naturaleza penal, si fuera necesario). La certificación del cumplimiento de los estándares se produciría por adelantado, como es ya habitual (ver apartado 22) y las empresas de transporte, así como sus agentes, estarían obligados a solicitar la expedición de los certificados antes del traslado de la mercancía. De este modo, el Derecho público británico daría cobertura no sólo a los estándares regulatorios para las mercancías distribuidas y vendidas en el mercado británico, sino también a los de las mercancías cuyo destino es el mercado europeo, atravesando la frontera con la República de Irlanda.

18.- En condiciones normales, un doble régimen regulatorio es algo que ya forma parte de la práctica comercial existente, recayendo la responsabilidad de su cumplimiento en el exportador, pero con un amplio margen para el abuso y el fraude. Al otorgar al estándar europeo el respaldo del Derecho británico y de sus mecanismos de ejecución, el margen para el abuso quedaría reducido a unos niveles mínimosm.

19.- Como es natural, con esta propuesta la República de Irlanda incorporaría un régimen equivalente. El Derecho irlandés tipificaría como delito el traslado de mercancías a Irlanda del Norte que incumplieran los estándares regulatorios británicos.

20.- Las disputas sobre la interpretación de los estándares seguirán existiendo, pero con esta propuesta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sería el árbitro final de los estándares europeos (con la facultad de los tribunales británicos de plantear cuestiones prejudiciales), mientras que éstos serían los intérpretes últimos de los estándares británicos, con la posibilidad de introducir un mecanismo de reenvío a aquéllos desde los tribunales irlandeses.

21.- Este régimen muestra cómo interactúan dos ordenamientos jurídicos autónomos de forma cooperativa, manteniendo su autonomía regulatoria plena, pero de forma constructiva y recíproca con el fin de alcanzar un objetivo común: el cumplimiento de los Acuerdos de Viernes Santo y la continuidad en el flujo de bienes en la isla de Irlanda. La propuesta pone a dos ordenamientos jurídicos en contacto, pero manteniendo su autonomía, bajo una premisa de confianza mutua y cooperación leal que sólo es posible entre dos países que han sido parte de un mercado común durante casi cinco décadas. Por tanto, la propuesta no es extensible a otros países que no hayan sido parte del mercado interior europeo.

22.- Por lo que respecta al tráfico de mercancías en ambas direcciones, proponemos la introducción de controles aleatorios fuera del perímetro fronterizo. Se constituirían centros de control de la Unión en el territorio de Irlanda del Norte y en el mainland británico, así como del Reino Unido en la República de Irlanda, para verificar el cumplimiento de los estándares regulatorios, una práctica en absoluto novedosa en el mundo del comercio internacional.

Además, el actual backstop introduce un sistema estricto de ejecución e inspección, incluida la posibilidad de que agentes de la Unión estén presentes en los controles realizados en el Reino Unido, y viceversa. Este sistema de control, incluida la supervisión estricta y presencia de autoridades europeas en Irlanda del Norte y el Reino Unido, podría replicarse en la propuesta alternativa que planteamos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los estándares europeos por los productores/exportadores británicos que decidan operar en el mercado europeo, con mecanismos recíprocos aplicables a la República de Irlanda.

23.- Las ventajas de esta alternativa al backstop son evidentes. Garantiza la integridad regulatoria de ambos territorios, al tiempo que les salvaguarda su autonomía. En la medida en que es previsible que, incluso sin un acuerdo comercial futuro, exista una homogeneidad muy significativa en los estándares regulatorios aplicables a las mercancías, el espectro de bienes objeto de control sería limitado. Asimismo, la propuesta garantiza un tratamiento equilibrado y simétrico a ambas partes, resolviendo así la simbólica y delicada cuestión de la soberanía.

Derechos de aduana

24.- La práctica contemporánea del comercio internacional de mercancías demuestra que, en la inmensa mayoría de los casos, los aranceles no se liquidan en aduanas, sino con antelación, en el momento de obtener una licencia de importación. Los controles en frontera consisten en la recogida de los certificados correspondientes, acompañados de controles aleatorios con el propósito de verificar que los bienes físicos se corresponden con los que son objeto de la autorización.

25.- Supongamos que en el Reino Unido (tanto en Irlanda del Norte como en el mainland británico; es importante no tratar a Irlanda del Norte de forma distinta al resto de Gran Bretaña) existen centros de comercio de la Unión, y en la República de Irlanda se crean, de forma paralela, centros del Reino Unido. En ellos se gestionaría el tráfico de mercancías entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, incluido el pago de los derechos de aduana. Una vez verificadas y certificadas, las mercancías no tienen que ser objeto de control en la frontera, de modo que ésta puede mantenerse abierta tal y como lo está a día de hoy. Este sistema sería aplicable, naturalmente, a las mercancías importadas de terceros países.

26.- ¿Qué sucede entonces con las mercancías procedentes de terceros países que se trasladen del Reino Unido a Irlanda del Norte y, a continuación, se integren en productos producidos ahí, o viceversa? Si esos productos fueran, por ejemplo, considerablemente más competitivos en el Reino Unido debido a los derechos de aduana más bajos previstos por las autoridades británicas, esto afectaría a la competitividad del producto final en relación con los mismos producidos en la Unión. Esta situación plantea un problema para el cual las normas de origen, una práctica habitual en el comercio internacional, ofrecen soluciones consolidadas y eficaces. La única diferencia residirá en que los procedimientos de aplicación de estas normas se tramitarán y certificarán en los mencionados centros de comercio.

27.- Debe destacarse que es altamente probable que cualquier acuerdo comercial futuro entre la Unión y el Reino Unido incluya un pacto de reducción a cero de aranceles, de modo que las mercancías no queden sujetas a derechos de aduanas en el tráfico entre el Reino Unido y la Unión; incluyendo, por supuesto, la República de Irlanda. Nuestra propuesta es perfectamente compatible con ese (deseable) escenario, pero sin necesidad de forzar a ambas partes a participar en una unión aduanera.

28.- La principal objeción que podría esgrimirse es que, en ausencia de controles físicos entre Belfast y Dublín que permitan la recogida física de certificados, habría incentivos importantes para que los transportes atraviesen la frontera sin liquidar derechos ni verificarlos en un Centro de Comercio, o simplemente sustituir mercancías certificadas por otras mercancías que no lo estén.

29.- La solución a esta situación es la misma que hemos propuesto con anterioridad para abordar los estándares regulatorios. La responsabilidad de cumplir efectivamente con el pago de los derechos no recaería exclusivamente en el Estado de importación, sino en ambos estados. Tanto el Derecho público británico como el irlandés tipificarían la exportación de mercancías sin la correspondiente liquidación y certificación del Estado de importación, junto con un régimen estricto de naturaleza punitiva (incluidas sanciones penales si así lo acordaran las partes) y un sistema de controles aleatorios en ambos lados de la frontera.

Por tanto, si el transporte, o incluso la posesión de bienes exportados del Reino Unido a la República de Irlanda sin previa certificación, se sancionase con penas significativas, acompañadas de controles aleatorios en ambos países, el cumplimiento sería elevado y los supuestos de elusión no serían distintos a los que actualmente existen en contextos transfronterizos (que ni siquiera una frontera física en un lugar con una topografía como la de Irlanda sería incapaz de evitar).

30.- Esta propuesta no tendría que basarse en soluciones tecnológicas. Tales medidas serían innecesarias, pues el Reino Unido estaría ejecutando el Derecho de la Unión aplicable a las mercancías a través de su sistema jurídico interno, incluido su ordenamiento penal, reforzado por controles estrictos en los que también participaran autoridades europeas. Las soluciones tecnológicas son necesarias en un contexto comercial en el que existe una asimetría regulatoria entre dos países y una ausencia de integración en los controles recíprocos. Nuestra propuesta, que garantiza un cumplimiento efectivo de los estándares europeos en Irlanda del Norte y controles integrados en la producción y exportación de mercancías, así como controles aleatorios al margen del perímetro de la frontera, puede prescindir de soluciones tecnológicas y, aun así, aplicarse de forma eficaz.

31.- Una cuestión que merece una mención aparte es el pequeño tráfico transfronterizo; en concreto, el caso de las personas (principalmente residentes en la zona de la frontera) que se trasladan al otro lado para realizar sus compras. Este problema no es nuevo y la Unión dispone actualmente de normas sobre impuestos especiales y mercancías que proporcionan una solución razonable. Por ejemplo, la normativa europea vigente permite a los consumidores transfronterizos entre estados miembros (Francia y España, por ejemplo) adquirir bienes sujetos a impuestos especiales (tabaco y bebidas alcohólicas, principalmente) hasta unos límites cuantitativos, con el fin de eludir el tráfico de mercancías de un Estado miembro fiscalmente más ventajoso a otro. Además, actualmente existen instrumentos de Derecho de la Unión que permiten a los estados miembros celebrar acuerdos bilaterales con países terceros para facilitar el tráfico transfonterizo. Estos instrumentos podrían adaptarse y extenderse a una frontera abierta entre el Norte de Irlanda y la República de Irlanda. 

Además, ya existen instrumentos de Derecho de la Unión que permiten a los estados miembros celebrar acuerdos bilaterales con países terceros para facilitar el tráfico transfronterizo. Estos instrumentos podrían extenderse y adaptarse a una frontera abierta entre el Norte de Irlanda y la República de Irlanda.

La articulación y entrada en vigor de la propuesta

32.- Queda por resolver cómo articular esta propuesta para que despliegue todos sus efectos.

33.- Una opción consistiría en alcanzar un compromiso jurídicamente vinculante acordado por los jefes y de Estado y de Gobierno de los estados miembros (Jegem). Los Jegem pueden adoptar decisiones que no modifican los tratados ni el Derecho derivado, pero sientan compromisos políticos y criterios sobre el sentido y la interpretación de las normas. En casos puntuales, las decisiones de los Jegem pueden considerarse acuerdos internacionales vinculantes.

Un ejemplo reciente es el alcanzado en febrero de 2016, que refleja el acuerdo alcanzado con el Gobierno de David Cameron, bajo la rúbrica de un Nuevo régimen del Reino Unido en la Unión Europea, resultado de la renegociación que precedió al referéndum. El Reino Unido llegó a registrar la decisión de los Jegem en el Registro de Tratados Internacionales de la Secretaría de Naciones Unidas.

Esta opción tiene la ventaja de vincular a los líderes nacionales, no únicamente a la institución de la Unión, al tiempo que añade contenido sustantivo a un acuerdo (en este caso, el Acuerdo de Retirada) sin reabrir su negociación ni modificarlo.

34.- Como alternativa, la propuesta también podría introducirse en la Declaración Política sobre la futura relación comercial. Con el fin de vincular a ambas partes, el Acuerdo de Retirada podría modificarse introduciendo un único apartado, en virtud del cual las partes se comprometen a cumplir las disposiciones sobre Irlanda del Norte previstas en esa Declaración Política. El precepto podría enunciarse del siguiente modo:

“Las disposiciones sobre Irlanda/Irlanda del Norte previstas en la Parte V, Sección IV de la Declaración Política por la que se establece la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido tendrán los mismos efectos jurídicos que el presente Acuerdo y se modificarán con arreglo a los procedimientos de revisión del presente Acuerdo”.

35.- Un acuerdo político que refleje esta propuesta traería consigo la sustitución del actual Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte, pero a través de un nuevo acuerdo asumible por ambas partes.

Conclusiones

36.- Es evidente que lo más deseable tras producirse el Brexit es la búsqueda de soluciones comerciales que eviten erigir una frontera física en Irlanda del Norte. Esta propuesta serviría únicamente para el caso de que fracasen esas negociaciones y sea necesario, entretanto, mantener abierta la frontera de Irlanda del Norte.

37.- Lo que proponemos en estas líneas está diseñado para facilitar un acuerdo que garantice la integridad de los respectivos territorios aduaneros y regulatorios de ambas partes y garantice un comercio de mercancías fluido entre Irlanda del Norte e Irlanda, pero sin arrastrar indefinidamente al Reino Unido a una unión aduanera que no desea, al tiempo que elimina otros aspectos que provocaron el fracaso del Acuerdo de Retirada en la Cámara de los Comunes.

38.- Además, podría servir como base de un futuro acuerdo comercial. La lógica de la propuesta podría extenderse a todos los escenarios comerciales de mercancías para la totalidad del Reino Unido con la Unión Europea. Si funciona como un acuerdo transitorio, como mecanismo de salvaguarda a la espera de la adopción de un acuerdo comercial futuro entre el Reino Unido y la Unión Europea, habría incentivos poderosos para ambas partes para garantizar su cumplimiento y transformarlo, lo antes posible, en un acuerdo estable y duradero que abarque no sólo las relaciones entre Irlanda del Norte e Irlanda, sino la totalidad de relaciones comerciales entre ambas partes. En otras palabras, la propuesta podría ser una solución verdaderamente transitoria, un paso entre un régimen transitorio y la futura relación comercial, pero también una plantilla para poner a prueba, en una escala más modesta, las bases de lo que podría ser la relación comercial futura entre el Reino Unido y la Unión Europea.

39.- No parece creíble que tres autoridades relevantes, como lo son el Reino Unido, la República de Irlanda y la Unión Europea, sean incapaces de implementar una propuesta como la descrita si ello permite eliminar un obstáculo inmenso en las relaciones futuras entre Europa y Gran Bretaña.

40.- Y no olvidemos que un Brexit duro, sin acuerdo alguno entre ambas partes, además de ocasionar males mayores también supondrá el restablecimiento de la frontera entre Irlanda de Norte y la República de Irlanda, opción mucho peor que la propuesta que ponemos encima de la mesa.

Este ‘policy paper’ fue publicado originalmente en ‘Verfassunblog’ (aquí, en inglés). Los autores publicaron, asimismo, este FAQ.

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