Una radiografía de las condiciones de vida en España

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), llevada a cabo en 2018 y con datos de renta de un año antes. La ECV es la encuesta de renta más completa que se lleva a cabo en España, y probablemente la que más información nos ofrece sobre las condiciones de vida de los españoles: cuánto ganan, de dónde vienen sus ingresos o cómo se distribuye la renta en función de distintas características sociodemográficas. A un nivel más agregado, una encuesta como ésta nos permite conocer el nivel de desigualdad de nuestro país, cuáles son los índices de pobreza o exclusión social o qué efectos tienen las políticas sociales en amortiguar las carencias de ingresos por otras vías. Una herramienta fundamental a la hora de diseñar políticas públicas.

La renta en España: una distribución desigual

La ECV de 2018 nos muestra unos ingresos medios en España de 28.417 euros anuales netos por hogar. Este dato nos da información sobre el hogar medio, pero nos dice muy poco sobre la distribución de estos ingresos. El Gráfico 1 lleva a cabo un sencillo ejercicio para entender mejor cómo se distribuye la renta, dividiendo la población en 10 grupos (deciles) de ingresos y hallando la renta media para cada uno de ellos. Esto nos permite conocer mejor la variación de ingresos entre hogares, así como a qué distancia de la media se encuentran.

El gráfico nos muestra disparidades importantes entre grupos de ingresos: el 10% de hogares con más renta ingresa hasta 12 veces más que el decil más bajo, mientras que más de un 60% de población cuenta con ingresos inferiores a la media. Las rentas más altas ingresan 2,7 veces más que el hogar medio, pero la desigualdad es más visible por abajo: los ingresos del decil más bajo son apenas un 22% de lo que percibe el hogar medio.

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Si bien es cierto que la desigualdad ha caído en España con respecto a años anteriores, alcanzando su valor más bajo desde 2008, también es importante recordar que España es uno de los países más desiguales de la UE: en 2017, tan sólo Bulgaria, Letonia y Lituania contaban con índices Gini más elevados, según datos del Eurostat. 

Pobreza y exclusión social por estructura de hogares y grupos de edad

La ECV nos señala también que hasta un 21,5% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, y hasta un 5,4% en situación de carencia material severa. En total, un 26,5% de españoles estarían en lo que se denomina riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope). De estos hogares, un 7% declara haber tenido retrasos en el pago de la hipoteca o el alquiler en el último año, hasta un 62% señala no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, un 48% dice llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad, y un 22% dice haber acudido a familiares o amigos para que les proporcionen alimentos, ropa u otros bienes básicos en el último año. ¿Pero quiénes son estas rentas más bajas? ¿Qué tipo de hogares las componen? ¿Qué edad tienen sus miembros? 

En el Gráfico 2 puede verse la incidencia del riesgo de exclusión social, así como el porcentaje de hogares en situación de carencia material severa, desglosados por tipos de hogar. Los datos muestran claramente que la estructura familiar que soporta un nivel más alto de riesgo económico son las familias monoparentales: uno de cada dos hogares de este tipo se encuentra en riesgo de exclusión social, y más de uno de cada 10 en situación de carencia material severa. Estos datos ponen de relieve la necesidad de políticas públicas para este grupo de población, cada vez más frecuente y que representa alrededor del 10% de las estructuras familiares en España.

Además de las familias monoparentales, también los hogares con una sola persona en edad de trabajar muestran un riesgo de exclusión muy superior a la media. Cabe destacar también que todos los tipos de estructura familiar muestran al menos un 25% de riesgo.

Otra característica clave a la hora de diseñar políticas públicas es conocer la edad de las personas que se encuentran en situación de riesgo económico. En España, la crisis económica impactó especialmente a los sectores más jóvenes de la población, tanto en términos de un aumento de la pobreza infantil como a través de elevadas tasas de desempleo y niveles de precariedad entre aquellos en edad de incorporarse al mercado laboral.  En el Gráfico 3 puede verse la distribución por edades de ese 26% de la población que la ECV sitúa en riesgo de exclusión social.

La incidencia tanto del riesgo de exclusión social como de la carencia material severa son, sin duda, especialmente relevantes entre los menores de 35 años: casi uno de cada tres niños y jóvenes en España se encuentra en situación de riesgo, una incidencia que casi dobla la de los mayores de 65 para ambos indicadores. Si bien esto se explica en gran parte por el hecho de que estos últimos tienen un nivel de seguridad de ingresos mucho más elevado que el resto de la población, pone una vez más el acento en la necesidad de políticas públicas para grupos en creciente situación de riesgo. Siempre con datos de la ECV, el 21% de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España tienen menos de 18 años. 

El reto: adaptar las políticas públicas a los riesgos sociales

Los datos que acabamos de ver muestran algunos de los retos más importantes a los que se enfrenta España a día de hoy. La desigualdad económica, que si bien es decreciente sigue estando entre las más altas de Europa y es visible cuando analizamos la distribución de la renta. La incidencia de la pobreza entre las nuevas estructuras familiares como las monoparentales (más de un 80% monomarentales), que dificulta la igualdad de oportunidades entre los niños que crecen en este tipo de hogares. Y también la pobreza infantil y juvenil, mucho más acentuada entre los más jóvenes que entre otros grupos de edad. 

En un contexto socioeconómico cambiante, en el que las políticas de redistribución tradicionales ya no siempre funcionan ni se adaptan a la realidad, es importante comprender cuáles son las características de las personas en situación de riesgo en nuestra sociedad. Éste es un paso no sólo relevante, sino imprescindible a la hora de diseñar políticas públicas que se enfrenten no sólo a los riesgos sociales más tradicionales, sino a los que han aflorado a lo largo de los últimos años: niños, jóvenes y nuevas estructuras familiares son clave en este sentido.

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