Una semana que cambió al Perú

Esta columna iba a empezar de otra manera. Pero anoche murieron dos chicos jóvenes. Se fueron a protestar contra el gobierno de facto del país y no volvieron a sus casas. Sus familias están de luto y la ciudadanía conmovida, con mucha indignación. La gente no reclama a dos fallecidos, sino a dos personas asesinadas por la brutalidad policial y el descontrol político. Decenas de personas resultaron heridas y algunas siguen desaparecidas después de la segunda gran marcha nacional del sábado. Al Presidente, al Premier ni al Ministro de Interior parece interesarles, menos asumen su responsabilidad en los acontecimientos. El Congreso pide la renuncia de Manuel Merino al día siguiente y éste finalmente dimite tras una semana de un (des)gobierno insólito. La situación se volvió insostenible. Ahora toca elegir quién será el próximo Presidente del Congreso y, en consecuencia, el nuevo Presidente del país. Todo cambió. Los políticos calcularon mal. El régimen ilegítimo, como sugirió Alberto Vergara antes de la marcha del sábado, se encaminaba hacia prácticas cada vez más autoritarias. La gente se opuso. Los y las peruanas no olvidarán, están en la calle celebrando y vigilando los próximos pasos.

Recuerdo que llegué a Lima por primera vez hace unos años. Mediados de la década de 2010, pleno boom de commodities. Venía en bus de Quito. La llegada a la terminal en la Avenida Javier Prado parecía interminable, a pesar de ser de madrugada. Lo que más impactaba era como cambiaba la ciudad, estaba muy segmentada y desigual, con muchos contrastes. Algún tiempo más tarde, tomé la misma ruta de día, la imagen era aún más impactante. El famoso crecimiento económico no se veía en muchas partes y los elogios al modelo peruano a nivel internacional no parecían tener bases sólidas e impacto en la vida de la gente. Con números macroeconómicos no alcanzaba. 

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Años más tarde, ya viviendo y trabajando en el Perú, en plena pandemia, empezaron a “revelarse” las debilidades del modelo de desarrollo social y económico. Recuerdo que una noticia sostenía que solo un tercio de los colegios en el país tenía acceso a agua potable, luz y desagüe. No me dejaba de sorprender. Pleno siglo XXI, tras más de una década del famoso crecimiento económico. Muchos sabían de las carencias, a pocos les interesaron y a casi todos la crisis nos reventó las deficiencias estatales en la cara. Las desigualdades territoriales otra vez expuestas.

El miércoles 11 de noviembre, el Presidente en ejercicio, Mauricio Merino, nombró a Antero Flórez-Araoz como Presidente del Consejo de Ministros, Premier del Perú. Al día siguiente tuvimos un nuevo gabinete. Ciertamente, este último es todo menos de “consenso y unidad nacional”, como prometían ambos políticos. El nuevo gabinete efímero representó todo lo que está mal en el país, un modelo para unos pocos que reproduce la gran desigualdad social y territorial. Un gabinete de derecha (ultra) conservadora, apuntando a desmontar los (débiles y precarios) avances reformistas de los últimos años. Pero el nuevo Premier no entendía por qué protestaban las personas en las calles. No es que no sabía, sino que no quería saber, no le interesaba. El Presidente, al salir finalmente a dar una entrevista el sábado, solo reforzó esa percepción de desconexión del mundo real. Recuerden, el caso chileno enseña que el abuso de poder, la hipocresía y la desigual (real y) simbólica parecen movilizar más que los problemas estructurales. Las protestas generalizadas, al menos momentáneamente, igualaron el Perú.

El nuevo gobierno fue resultado de un proceso (irregular) de vacancia del presidente Martín Vizcarra acontecido el lunes 9 de noviembre. En medio de una crisis sanitaria (y económica) sin precedentes y con el apoyo de casi todos los partidos en el Congreso, la votación (¿coalición?) anti-Vizcarra sumó 105 de los 130 votos. La mayoría de ellos está investigada por corrupción y otras denuncias. Siguiendo dinámicas parecidas a la destitución de Fernando Lugo en Paraguay o Dilma Rousseff en Brasil, muchas personas sugerían que el proceso fue ilegítimo e inconstitucional. De hecho, parece cumplir con los tres rasgos que identifican Andrés Malamud y Leiv Marsteintredet para un Golpe de Estado (aunque los militares no hayan sido aparentemente involucrados ni han tomado el poder): la víctima fue el poder ejecutivo (el presidente con su gabinete), el procedimiento fue ilegal/inconstitucional (Vizcarra puede ser muchas cosas pero no sufre de “permanente incapacidad moral o física”) y el perpetrador fue otra agencia estatal (el Congreso Nacional). En cualquier caso, no es tan importante el término en última instancia. Un sector importante de la sociedad lo percibió así y (a pesar del Covid-19) salió a protestar por ello masivamente a las calles. El malestar acumulado estalló y el gobierno con su actuar solo empeoró la situación.

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En una clase el mismo miércoles, varios de mis estudiantes decían que no esperaban que esto sucediera. Algunos colegas tenían la misma duda. A pesar de que se venía gestando desde antes y Vizcarra sobrevivió un (fallido) proceso de vacancia hace solo dos meses (!), no creían que esto finalmente pasara (¿en el país del modelo del crecimiento económico y estabilidad política aparente?). Incluso con el antecedente de la salida forzada de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, no parecía que Vizcarra siguiera el camino de la interrupción del mandato presidencial, tras la disolución (¿controversial y popular?) del Congreso Nacional a finales de septiembre de 2019 y las elecciones legislativas extraordinarios en enero de 2020. Retrospectivamente, resulta extraño que Vizcarra no haya negociado y garantizado al menos suficiente apoyo para bloquear los dos tercios de votos en el Congreso necesarios para la vacancia. ¿La tan debatida bicameralidad hubiera evitado este desenlace? No sabremos.

Además, no parecía “racional” vacar al presidente unos meses antes de las elecciones generales convocadas para abril 2021. Bueno, racional para quien. Como sugirieron varios colegas, era lo más racional por las apuestas que estaban en juego (reforma universitaria, conformación del Tribunal Constitucional, la negociación del presupuesto, la política minera y medioambiental, amnistía a Antauro Humala…). Lo que tal vez se entendía menos, era el razonamiento de partidos como el FREPAP o el Frente Amplio (que, además, parece que no iban a apoyar el nuevo gabinete, ¿qué esperaban, y por qué?). En el largo plazo, la ausencia de reelección legislativa inmediata favorece el cortoplacismo y debilita (aún más) los partidos y es nociva para el sistema político. 

Sin embargo, el modelo económico peruano estaba (está) lejos de ser perfecto. En realidad, el país tiene todos los ingredientes para un estallido social: altos niveles de pobreza, desigualdad, informalidad, abuso de poder, debilidad institucional. Mucho se ha escrito sobre la precariedad de los partidos políticos peruanos, Vizcarra no contaba con ninguno. Parafraseando a Aníbal Pérez-Liñán, le faltaba incluso el más mínimo “escudo legislativo”, camino abierto a la salida anticipada. 

En este contexto, utilizando su popularidad personal, Vizcarra gobernaba con la opinión pública. O más bien, proponía reformas. Aprobarlas (sin que las vacíen de contenido) le fue mucho más difícil – la falta de apoyo legislativo, nuevamente. En estos escenarios, como sugiere Mark Jones, un conflicto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo termina o en la salida anticipada del presidente o en políticas públicas deficientes. Parece que el Perú combinó las dos (con la reforma universitaria como tal vez la única excepción), con un desenlace trágico.

Claro, casi nadie esperaba que Perú podría acercarse al caso chileno tan rápidamente. Existían algunas “válvulas de escape” que disminuían las chances del estallido social, además de falta de un proyecto alternativo y nuevos liderazgos que generen confianza entre la generalizada percepción (e indicios) de corrupción política. Salvo que los políticos hagan alguna barbaridad inesperable. La destitución de Vizcarra y la llegada de Merino fueron suficientes para generar una movilización ciudadana sin precedentes. No para protegerlo a Vizcarra (que sea investigado como corresponde), sino para rechazarlo a Merino y su manera de llegar al poder. 

La maniobra institucional suya y de los congresistas del lunes apuntan más bien a una falta de compromiso democrático más que a un problema de diseño institucional. En contexto de debilidad de las instituciones, son los actores los que moldean las instituciones, no al revés. La demora en conformar el nuevo gobierno (y el vacío de poder que implicó) sugerían, además, una dosis de amateurismo e improvisación. El descontrol de la policía y la brutal e injustificada represión (uso indiscriminado de gases lacrimógenos y perdigones, apagones, policías en civil infiltrados entre los manifestantes y disparos) hacia las marchas solo confirma que a los gobernantes no les importaba su propia gente y las reglas democráticas y reforzó la determinación de la ciudanía de protestar, no solo en toda Lima sino en todo el país (y también en el extranjero).

La democracia no puede funcionar bien en condiciones socialmente y económicamente precarias. Guillermo O‘Donnell no se cansó de llamar la atención sobre los malos augurios para los sistemas políticos insertos en sociedades donde muchas personas sufren de pobreza y desigualdad, carecen de acceso a servicios básicos, el estado de derecho es inaccesible, la informalidad reina y la falta (de acceso a la) información se impone. La ciudadanía peruana es (territorialmente) muy segmentada. Es solo natural que la gente no se interese en la política (las preocupaciones del día a día son demasiadas) o ni siquiera tenga tiempo para ello (el tráfico en Lima es infernal). 

Las consecuencias del conflicto armado interno y el régimen de Fujimori impactaron duramente sobre la organización de la sociedad civil, su desconfianza en el estado y en los políticos y las alternativas políticas de (centro-)izquierda. A la casi inherente fragmentación interna, errores propios no forzados y algunos liderazgos erráticos, se suma una cosa que sorprende al quien viene de visita o para vivir en Perú. Cualquier discurso reformistas identificado con la izquierda (reforma fiscal, redistribución, rol del estado) es virulentamente criticado por la derecha (y los medios afines), tachado de “comunista” o “chavista” (u otros cucos). En fin, el “terruqueo” está muy arraigado y aunque posiblemente no funcione con las nuevas generaciones de jóvenes, todavía complica (¿imposibilita?) cualquier debate sobre las alternativas políticas y económicas y mejores condiciones de vida para la gente.

En estas condiciones, la propuesta de una asamblea constituyente, reclamada por algunos sectores de la sociedad, que redacte una nueva constitución y reemplace la actual originada por el régimen autoritario fujimorista se vuelve compleja. Aunque ciertamente necesaria, posiblemente la propuesta de una nueva constitución tenga menor respaldo que el rechazo a la continuidad de Merino en el cargo presidencial. Es más fácil rechazar un presidente “usurpador” que ponerse de acuerdo sobre un nuevo proyecto de país, una nueva constitución, que regule mejor las relaciones políticas, económicas y sociales. De hecho, la discusión sobre un nuevo modelo es muy todavía incipiente y en momentos anteriores de relativa tranquilidad política fue muy débil.

Las movilizaciones actuales, inéditas en su envergadura en las últimas dos décadas, tienen antecedentes en marchas por demandas sectoriales, la corrupción, los femicidios o la oposición a las candidaturas fujimoristas en la última década. Los cambios se lograban (o evitaban) en las protestas o con su ayuda. Más allá de la salida de Merino y la reversión de las medidas del nuevo gobierno, los grupos heterogéneos en las calles no tienen de momento una agenda común. Es necesario que las protestas de #MerinoNoEsMiPresidente y #MerinoNoMeRepresenta y de todas las nuevas y cada vez más importantes redes sociales se transformen en el mediano y largo plazo en una articulación en pro de cambios estructurales y proyectos políticos alternativos. Las convocatorias anti- parecen tener mayores apoyos que la consolidación de nuevas propuestas y las movilizaciones sociales naturalmente se desgastan y agotan con el tiempo. Son las plataformas y los grupos organizados que le dan vida en el tiempo y estas movilizaciones pueden servir de base para su desarrollo.

El país espera un nuevo presidente y gobierno de transición. Mantener las elecciones de abril de 2021 en sus fechas es imprescindible y cualquier manipulación del calendario electoral despertaría seguramente una nueva (y aún mayor) ola de protestas. Se requiere de un nuevo gobierno elegido legítima y democráticamente. Pero hay que estar pendiente de la oferta política. El malestar nutre liderazgos autoritarios, oportunistas y llamados por mano dura y soluciones simplistas e instantáneas. Otro presidente sin partido propio y apoyo legislativo sería una debacle. Es preciso hacer un mayor seguimiento a las candidaturas presidenciales y legislativas, visibilizar la información sobre sus trayectorias, experiencias políticas y credenciales democráticas. Cada uno y una desde su lugar y posibilidades, es tiempo de un mayor compromiso e interés en la política, la politización es buena. La ausencia y el desinterés no parece ser más una opción, hace falta hablar de política.

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