El delito de rebelión como ruptura constitucional

La rebelión definida como alzamiento violento evoca de inmediato las imágenes de los tanques en las calles o de los revolucionarios en sus barricadas, cuando no la de los espadones entrando en el Congreso, a ser posible a caballo. La práctica totalidad de los expertos en Derecho Penal que se han pronunciado ha reforzado esta identificación, descartando la existencia de violencia y, por ello, del delito de rebelión en las actuaciones de los partidos independentistas y las instituciones de la Generalitat en torno al referéndum del 1-O y la proclamación de independencia del 27-O.

Conviene precisar que esto no implica la impunidad de sus actuaciones, puesto que (al margen de las posibilidades de sedición y malversación) el delito de desobediencia parece indiscutible, con lo que una condena de inhabilitación para cargo público resulta de fácil fundamentación. Sin embargo, esta eventual condena, sin privación de libertad, por actuaciones que pretenden romper el modelo constitucional es considerada por muchos insuficiente y hasta insostenible; impresión en la que, a mi juicio, se fundamenta ilegítimamente el intento de procesamiento por rebelión que centra la atención pública en los últimos meses. Es un enfoque inadecuado: los comportamientos investigados pueden ser profundamente nocivos y gravísimos para la convivencia, pero si el Código Penal no los contempla como delito penado con privación de libertad no pueden ser objeto de condena (ni de investigación, una vez que su falta de base resulta manifiesta).

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Pero el objeto de este texto no es ése, para el que me remito por completo a las opiniones de quienes estudian el Código Penal. Lo que interesa aquí es plantear si, definido de ese modo que incorpora la violencia en sentido propio, el delito de rebelión tiene sentido en nuestro contexto actual. Por fortuna, resulta poco imaginable hoy una rebelión militar y, quizás también, una rebelión que parta de la toma, por la fuerza, del espacio público por una parte de los ciudadanos. Por ello, aunque la actual previsión del Código Penal pueda conservar su efecto desincentivador (la prevención, general y particular) y en ese sentido se justifique su mantenimiento, parece igualmente poco probable su aplicación práctica.

En cualquier caso, queda fuera de su ámbito la defensa pacífica, por parte de sectores de la sociedad, de la reforma o incluso de la ruptura del modelo constitucional. La misma se ve protegida por la propia Constitución, que se opondrá a su éxito (mediante la acción policial, si cabe, o mediante cualquier otra vía administrativa o, en su caso, otros tipos penales, señaladamente la desobediencia) pero dará cobertura a su manifestación y defensa, en ejercicio de la libertad ideológica y de expresión. El equilibrio entre los intereses en juego y, especialmente, la propia capacidad integradora de la Constitución aconsejan mantener la actual regulación, que excluye de la rebelión las acciones de ruptura constitucional llevadas a cabo pacíficamente por particulares, pues ni los derechos de los ciudadanos ni la vigencia del sistema constitucional sufren lesión mediante tales actuaciones.

Distinta puede considerarse la situación cuando los actos de ruptura del sistema se llevan a cabo, aun pacíficamente, desde las propias instituciones públicas. El uso de las instituciones representativas para actuar contra el orden constitucional, como proyecto de la mayoría de Gobierno, plantea elementos relevantes tanto de peligro para el sistema como de vulneración de los derechos de las minorías políticas, así como de uso de lo público (es decir, de lo común a todos) en beneficio de una finalidad contraria al sistema. Se trata de actuaciones menos dañinas para los derechos que las violentas, pero sin amparo en la libertad ideológica y mucho más peligrosas para la vigencia constitucional que las actividades de particulares. En consecuencia, es defendible que tales acciones sean objeto de una persecución penal específica, mediante una versión del delito de rebelión definida por la actuación contra el sistema constitucional desde las propias instituciones y por parte de quienes asumen cargos políticos, aun pacíficamente, en una consideración mucho más adecuada a la realidad actual.

Se trata, en cualquier caso, de una opción de lege ferenda (de modificación de la ley aplicable sólo a casos futuros). No puede, pues, aplicarse a lo ya ocurrido, pero precisamente estos acontecimientos y su percepción por parte de los ciudadanos pueden aconsejar abrir un debate sobre la adecuación pro futuro de nuestra legislación penal, que deberá considerar también la necesidad de dejar un espacio legítimo para la política y las demandas de reforma constitucional.

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