Uruguay, no todo lo que reluce es oro

A continuación se presentan las principales conclusiones del conversatorio “La política latinoamericana durante la pandemia: Uruguay” (18 de junio de 2020), en que participaron Alicia Lissidini (UNSAM, Red de Politólogas) y Constanza Moreira (UDELAR), y organizamos con Daniela Campello. La iniciativa cuenta con el respaldo del Graduate Institute, la Fundación Getulio Vargas, la Red de Politólogas, Agenda Pública y el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina.

Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), líder de una alianza de partidos de centro y derecha que incluye un nuevo partido de extrema derecha (Cabildo Abierto), asumió la presidencia de Uruguay el 1 de marzo de 2020. Su llegada implicó la alternancia después de 15 años de gobiernos del Frente Amplio (centro-izquierda). La pandemia ocupó la agenda política, económica y social prácticamente desde su  primera semana en el cargo. La administración actuó muy rápido rastreando y aislando contagios con un éxito que se explica por la combinación de los siguientes factores: 1. la fortaleza del sistema de salud, 2. la acción rápida y basada en un consejo de expertos, 3. la baja densidad demográfica del país, 4. una estrategia comunicacional efectiva que se combina con la responsabilidad colectiva demostrada por la población y 5. el consenso político relativo. Un elemento muy destacado es que no se decretó el estado de alarma, el confinamiento tomó la forma de recomendación, no de obligación. Se cerraron escuelas y se suspendieron actos públicos masivos. Al momento de grabar la conversación había fallecido un total 25 personas, todas grupo de riesgo por la edad avanzada. No se detectaban nuevos contagios hacía más de dos semanas y las escuelas habían reabierto. Las industrias no pararon en ningún momento. Como elementos negativos las analistas resaltaron la aprobación de leyes que restringen libertades y no se vinculan a la gestión de la pandemia por procedimientos de emergencia y la insuficiencia de las medidas económicas en una situación de crisis severa.

1. Detección temprana, lockdowns selectivos, sistema de salud fuerte

El desarrollo temprano de un sistema de salud público en Uruguay, sumado a la baja densidad demográfica y la cultura de responsabilidad individual garantizó el éxito del confinamiento. La estrategia del gobierno funcionó en la medida en que el miedo al contagio en una población muy envejecida alimentó la responsabilidad colectiva. Si bien se suspendieron eventos públicos y clases, no hubo estado de alarma. La recolección de cosecha no se paró, la industria tampoco. Por eso no hubo presión del empresariado como en otros países. En julio las iglesias y los artistas presionaban para la reapertura, expresando su descontento con que reabrieran los centros comerciales pero no otras actividades sociales. Las escuelas cerraron algunas semanas y volvieron a abrir sin convertirse en focos de contagio. Las escuelas rurales abrieron antes y el resto se organizó de forma escalada, con medidas de distanciamiento social. La apertura fue gradual y escalonada.

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2. Relativo consenso político, no se decretó el estado de alarma

El gobierno asumió el 1 de marzo y las primeras medidas tomadas para contrarrestar la pandemia se tomaron el 13 de marzo. Argentina tomó medidas de confinamiento muy fuertes, lo que afectó mucho a Uruguay económicamente pero evitó que el país debiera tomar medidas estrictas en una frontera que ya estaba cerrada. Con Brasil ha sido más problemático y se ha enviado militares a custodiar la frontera. No se decretó la alarma porque no se contaba con el marco legal para hacerlo. El gobierno armó un comité de asesores universitarios que hicieron una serie de recomendaciones sobre lo que se podía hacer y lo que no, infundiendo confianza en la gestión.

3. La crisis económica, ayudas insuficientes

Las analistas destacan el considerable aumento de la pobreza y el desempleo que se prevé que aumente la desigualdad. Se ha creado un ‘fondo coronavirus’ basado en la disminución de salarios públicos, no se ha tocado el interés de los empresarios ni de las grandes fortunas. A contracorriente, las medidas de acompañamiento en plena pandemia han sido el aumento de las tarifas públicas y la disminución del gasto del estado. Las ayudas directas o indirectas se han orientado exclusivamente a las empresas. No hay renta básica ni hubo aumento de protección a la población en situación de vulnerabilidad.

4. Aprobación de leyes por procedimientos rápidos que no tienen que ver con la pandemia

El gobierno asumió con la promesa de promover un paquete de reformas orientadas a la restricción de libertades (restricción a las huelgas y a la protesta, a la información, entre otros) y el achicamiento del estado (reducción de empleados públicos) que ahora se propone tramitar en el contexto de emergencia sin que tenga relación con la gestión de la pandemia. La Ley de Urgente Consideración implica que si no se aprueba en 45 días se aprueba automáticamente sin que exista ninguna razón para adoptar ese procedimiento más allá del riesgo de no contar con los votos, considerando que la coalición de gobierno es diversa y nueva. Constanza Moreira señala que tres aspectos son los más preocupantes, primero, el ajuste que conlleva la ley, que implicará un empobrecimiento del estado. En segundo lugar, las cuestiones de seguridad, que dan cuenta del avance de una agenda que habilita mayores niveles de violencia institucional. En tercer lugar, que todos los ministerios se vean obligados a reducir su presupuesto con la excepción del Ministerio de Defensa. Alicia Lissidini muestra preocupación por el avance de un relato que penaliza la pobreza como si fuera el resultado de opciones individuales y no estructurales y resalta nuevamente la prisa por aprobar unas leyes que implican un cambio radical sin que tenga que ver con la gestión de la pandemia.

* Una versión en inglés de este sumario puede consultarse en esta página del Albert Hirschman Centre on Democracy y un resumen del video aquí.

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