Uruguay, ¿un oasis en peligro?

Uruguay, junto con Costa Rica, es uno de los países de América Latina que mejor ha sorteado, al menos de momento, el avance de la Covid-19. Hasta la fecha han fallecido 25 personas, cuatro están siendo atendidas en terapia intensiva y sólo hay 42 casos activos, como se señala en la página oficial del Sistema Nacional de Emergencia.

Sin duda, las variables sociodemográficas y geográficas juegan a favor. Un país chico (176,215 km²), con una población de apenas 3.286.314 habitantes según el último censo, en un territorio de fácil acceso, sin grandes accidentes geográficos; aunque hay que aclarar que esa población está concentrada en las áreas urbanas, en especial en su capital, Montevideo, donde vive casi la mitad, y en Canelones. Además, es una población envejecida: el 14,1% tiene 65 o más años y sólo el 21,8% tiene menos de 15.

Al igual que en la mayoría de los gobiernos, se creó un comité de expertos científicos que asesora al Poder Ejecutivo. La política sanitaria incluye el testeo, el seguimiento de los casos positivos y el rastreo de posibles contagios. Otro aspecto central es que la ciudadanía cuenta con un sistema sanitario integral, que además evita que las personas concurran a los hospitales ante a un posible coronavirus. Es decir, el personal de salud va a los hogares en caso de alarma. La red sanitaria incluye una extensa cobertura pública.

Pero lo llamativo del caso uruguayo es que no se han implementado medidas de restricción legal de circulación, como en otros países, aunque se han cerrado todos los espectáculos públicos y todas las actividades de educación y las oficinas estatales. Se han mantenido abiertas las ferias vecinas, así como las oficinas y servicios privados. El Gobierno de Luis Alberto Lacalle ha optado por la exhortación pública, con una presencia proactiva del presidente y del ministro de Salud a través de conferencias de prensa, que durante los primeros meses de pandemia fueron prácticamente diarias. Además, se ha promovido por diversas vías el aislamiento y luego el uso generalizado del barbijo (mascarilla).

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Las claves del relativo ‘éxito’ uruguayo, al igual que en el caso de Costa Rica, se asientan en una solidez institucional y una cultura política proclive al acuerdo político. Ambos países son considerados democracias plenas. Además, comparten la calidad del sistema de salud, más universales y equitativos que el resto de los países latinoamericanos. Quizás una diferencia a destacar es que Uruguay es uno de los más sólidos estados laicos de la región, con escaso peso de la religión, mientras Costa Rica es un Estado confesional y las iglesias neopentecostales tienen un peso creciente. 

Aunque el Gobierno uruguayo no respondió a la convocatoria promovida por la oposición, de la cual dimos cuenta aquí, en los hechos el Frente Amplio ha respaldado ampliamente a las medidas sanitarias; incluso promovió una cuarentena más estricta que puede haber contribuido a reducir la circulación y el aislamiento de las personas. El Frente Amplio ejerció lo que la propia fuerza política denominó como una «oposición responsable» y eso la llevó a apoyar la creación del Fondo Solidario de la Covid-19. Esta ley incluye un impuesto a los salarios públicos más altos, lo cual no está exento de polémica; además, puede estar incurriendo en inconstitucionalidad, genera inequidad horizontal (como lo demuestran Mauricio De Rosa, Andrea Vigorito y Joan Vilá) y contribuye a la profundizar el prejuicio respecto a los empleados públicos, a los cuales suele asociarse en el imaginario social como ineficientes y poco trabajadores.

Los riesgos para la calidad democrática

A 100 días del Gobierno de coalición de centro-derecha, con un componente de extrema derecha como analizamos previamente aquí, el Gobierno avanza con una ley de urgente consideración que nada tiene que ver con la pandemia y sus efectos económicos. Una ley ‘ómnibus’ –es decir, de más de 400 artículos, que modifica unas 50 normas– que debe tramitarse en menos de 90 días, porque de lo contrario quedará aprobada tal como fue enviada por el Poder Ejecutivo.

Si bien la versión original de la ley está siendo modificada a medida que avanza su debate en las comisiones y se escuchan diversas voces de las organizaciones de la sociedad civil y de la propia coalición gobernante, que objetó aspectos sustantivos de la ley, lo cierto es que la propuesta conlleva una serie de modificaciones que afectan a los derechos humanos y suponen un retroceso histórico para el Uruguay democrático. Así lo afirma el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en su último informe: «La INDDHH entiende que en el proyecto hay varias disposiciones que tienen consecuencias directas sobre los derechos fundamentales. En particular, en los siguientes temas: seguridad pública y garantías, protección de la libre circulación y derecho a la manifestación pacífica, derecho de huelga, derecho a la libertad y prisión preventiva, derecho de acceso a la información y secretaría de inteligencia, derechos ambientales y reglamentación de áreas protegidas, derecho a la vivienda y normativa de desalojos, y, derechos de la infancia y adopciones (9 de junio de 2020).

[Escuche el ‘podcast’ de Agenda Pública: ¿Qué pasa con la solidaridad en la Unión Europea?]

Es decir, se trata de una ley que, por su relevancia política, debiera al menos ser profundamente debatida, sin ‘urgencias’. Y máxime en un contexto en el que la sociedad está sufriendo los efectos de la pandemia: aumento del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad, además de las consecuencias a nivel psicológico.

Por otra parte, si bien la ley de urgente consideración es una vía contemplada por la Constitución, en la práctica sólo ha sido usada y aceptada por el Parlamento en muy contadas ocasiones desde la vuelta a la democracia, pues atenta contra la deliberación y el debate públicos. Con una agravante: la sociedad civil tiene poca capacidad de movilización, dado el peligro que representa la Covid-19 para la salud y en tanto el aislamiento sigue siendo la única forma de evitar el contagio.

Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo ha decretado la reducción de los empleos públicos mediante la no renovación de contratos, con el fin de limitar lo que considera “una situación de elevado déficit fiscal” y de “gran presión tributaria sobre la población”. Es decir, el Gobierno sigue adelante con un plan de ajuste del Estado a pesar del contexto de pandemia y de que el mundo debate justamente cuál debería ser la participación pública frente a la catástrofe, como ha señalado Fernando de la Cruz en Agenda Pública.

Hay, por tanto, una ausencia de políticas sociales proactivas de parte del Estado. Las personas que tienen –o tenían– trabajos informales e independientes, y que vieron interrumpidas sus actividades por la pandemia, no reciben ayuda especial. A ello se suman otras ausencias en la agenda pública, como la falta de reacción frente al aumento de los femicidios y de los homicidios, de los episodios de violencia en las cárceles, del crecimiento de la brecha educativa por la falta de clases presenciales, la desaparición de ciertos trabajos por la robotización, las consecuencias del teletrabajo sobre la vida cotidiana –y, en particular, sobre las mujeres–, entre otros. Varias organizaciones sociales y políticas promueven el ingreso ciudadano –o renta básica–, sin que ello haya sido al menos discutido en el Parlamento.

Si el coronavirus sigue controlado en Uruguay, cabe esperar que la sociedad civil reaccione, ya sea a través del sindicalismo y del gremialismo o de otras formas y otros mecanismos de acción colectiva. Si la Covid-19 continúa siendo la preocupación central, el Parlamento aprobará las leyes, aumentando así su productividad a costa de la calidad deliberativa.

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