Venezuela: coronavirus y dictadura

El coronavirus llegó oficialmente a Venezuela la segunda semana de marzo. El domingo 15, Nicolás Maduro, en cadena nacional, ordenó una cuarentena en los estados más vulnerables (incluyendo el Distrito Capital) que poco después extendió a todo el territorio nacional. Para el sábado 29, la cifra oficial de afectados era 199 y se reconocieron dos decesos. 

Sólo le faltaba esto a Venezuela. Sumida desde 2016 en lo que Naciones Unidas define como una «emergencia humanitaria compleja», caracterizada por afectar y destruir todos los ámbitos de la vida social, y con epidemias de sarampión y malaria que no ha podido controlar, debe ahora afrontar esta pandemia

Señalemos como contexto algunas cifras del derrumbe del país, sin pretender ser exhaustivos. Son siete años consecutivos de decrecimiento económico, tres de hiperinflación; se ha dado una dolarización espontánea y caótica de la economía, cuya consecuencia ha sido que los sueldos en bolívares han perdido casi toda capacidad adquisitiva. En Venezuela, la agricultura, ganadería, agroindustria y manufactura están postradas, y se depende de la importación para comer, vestirse y abastecerse de medicinas. Pero para importar hay que tener divisas y éstas son un bien escaso, dado el derrumbe petrolero y económico. Por ello, más de cuatro millones de venezolanos se han ido del país buscando ingresos y seguridad ante la violencia reinante, que también alcanza cifras espeluznantes. 

El último informe Encovi, que se elabora en tres universidades para subsanar la ausencia de cifras oficiales, encontró un 87% de las familias venezolanas en condiciones de pobreza y más de la mitad en pobreza extrema. Muchos de los venezolanos en el exterior con trabajo envían remesas a sus familiares en el país, pero otros están en condición de refugiados, mendigos o con empleos en la economía informal que, con la pandemia, se han reducido en los países de América Latina. El virus también dejará a muchas familias dentro del país sin esta ayuda esencial.

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Las alertas del coronavirus comenzaron a inicios de febrero, cuando expertos epidemiólogos advirtieron en foros públicos de que el virus se estaba propagando desde diciembre por el mundo y había que actuar en medio de la profunda precariedad en que se encontraban la población y los sistemas de salud pública en Venezuela. Decía el doctor Julio Castro, que hoy preside la Comisión de Expertos de la Salud del Gobierno interino de Juan Guaidó, que el virus podía llegar rezagado al país por el creciente aislamiento internacional, pero que, en cualquier caso, no existían condiciones para enfrentarlo. La Cruz Roja venezolana y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría informaban de que no llega el agua corriente de forma continua al 70% de los hospitales, el 63% registra fallas eléctricas, el mismo porcentaje en transporte público y un 53% en carencias en el suministro de gas. Gremios de médicos, enfermeras y otros vinculados al sector han venido denunciando durante años la falta de camas, medicamentos, insumos, productos de limpieza en hospitales y ambulatorios, y ahora de trajes especiales, mascarillas y demás equipos para afrontar la nueva situación.

Para cuando Maduro declaró la cuarentena, ya se habían suspendido las actividades en las escuelas y los vuelos aéreos comerciales, y el presidente de Colombia había cerrado la frontera con Venezuela. Con las medidas contra el coronavirus aumentó la militarización del país, ahora para proteger al sistema de salud, el estrangulamiento de la información que puede circular y planes de racionamiento de bienes básicos como la gasolina, que ya es muy escasa en la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo. El gobernador del Zulia, chavista, explicó que los reportes del coronavirus “son temas de seguridad del Estado”, mientras se ha sabido de denuncias de coacciones a médicos para que no pongan el virus como causa de defunción. Hasta la fecha, el ministro de Salud no es quien da los informes oficiales, sino el brazo derecho de Maduro, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, o su hermana, la vicepresidenta y encargada del operativo contra el coronavirus por indicación de Maduro. En suma, en dictadura no pueden saberse a ciencia cierta ni planes, ni estrategias ni cifras.

El último reporte de Cáritas, organización de la Iglesia Católica dedicada a asistencia y ayuda humanitaria, reconoce que se tomaron medidas de mitigación temprana en el país y que Maduro ha abierto también canales de comunicación con la ONU y la Organización Panamericana de Salud (OPS) en busca de ayuda en esta hora complicada. También informa de que se ha prorrogado la cuarentena hasta mediados de abril, y que Maduro ha anunciado dos bonos (dinero) a través del Carnet de la Patria, en el que personas se registran para recibir bienes a cambio de lealtad política; una especie de cédula de identidad chavista.

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Maduro también ha prometido una intensificación del reparto de cajas con alimentos llamados CLAP, entre otras medidas. Pero hasta ahora los dos millones de estas cajas ofrecidas no se han hecho realidad, aunque siempre llegan en algunos barrios que permiten atenuar algo la situación. Y la cuarentena no opera eficientemente porque la inmensa mayoría de la población no tiene ni ingresos ni servicios básicos (agua, luz, gas, alimentos, medicinas) para resolver su cotidianidad sin salir a la calle. 

El 28 de marzo se anunció el arribo al aeropuerto de Maiquetía de dos cargamentos con 55 toneladas de equipos médicos y medicamentos provenientes de China para apoyar a Maduro en la lucha contra el Covid-19. Es un alivio.

Sin embargo, las malas noticias no dejan de llover sobre la dictadura. Dos días antes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios y ex funcionarios chavistas de traficar cocaína hacia EE.UU., ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por información para apresar al dictador. Y ese mismo día, la petrolera rusa Rosneft informó de su retirada de Venezuela y traspasó sus activos a una compañía del Estado ruso. Aunque ambas noticias son muy negativas para Maduro, no implican necesariamente que saldrá, se debilitará o buscará negociar una transición política en el país.

Mientras tanto, en medio de tanta incertidumbre y precariedad, las organizaciones sociales y políticas de la sociedad venezolana alzan la voz exigiendo que aparezcan señales de sensatez en el Gobierno y en los otros actores del prolongado conflicto político (tanto nacionales como internacionales) para que se pueda acordar algún tipo de tregua mientras dure la pandemia. Maduro dice que hablará con todos y Guaidó que hay que llegar a un gran acuerdo para afrontar la emergencia, pero lo cierto es que no hay señales tangibles en esa dirección.

Sin abdicar de principios ni valores, es momento de poner la vida de la gente por encima de los intereses políticos. La población venezolana, dentro y fuera del país, está en una situación de precariedad máxima y necesita con toda urgencia todos sus recursos y talentos actuando de manera mancomunada al frente en esta gravísima coyuntura. Si el Covid-19 ha postrado sistemas de salud robustos como los de España e Italia, ¿qué podemos esperar en Venezuela? ¿Cuánto más puede hundirse el país y sufrir su población?

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