Venezuela: ¿de la erosión democrática al Estado fallido?

La crisis que atraviesa Venezuela ha dejado de ser un problema doméstico para dar paso a una preocupación regional con implicaciones globales. El deterioro del país ha desencadenado una de las crisis humanitarias más serias de la última década, con una migración forzosa que supera los cinco millones de venezolanos que afecta, además, a los países latinoamericanos de acogida. Las repercusiones políticas, sociales y económicas de esta crisis han llevado a los estados de la región más afectados por la ola de refugiados a promover soluciones negociadas como las que se han planteado en el seno del Grupo de Lima, mientras que otros han planteado una ruta más intrincada, con consecuencias desfavorables para la parte más vulnerable: los venezolanos.

Por otra parte, la crisis doméstica en Venezuela continúa agudizándose con la pugna entre un Gobierno sin legitimidad y un interinato luchando por alcanzarla, en medio de renovadas fricciones entre los distintos actores que conforman la oposición. El deterioro de la economía es el telón de fondo de la profunda desintegración del tejido social de un país donde una minoría con acceso a privilegios logra subsistir, mientras que la gran mayoría está condenada a padecer las consecuencias de la ineficiencia en el manejo del Gobierno y la negligencia en la distribución de bienes, a lo que se suma la persecución política, sin distinción entre inocentes y culpables.

Luego de dos intentos fallidos para derrocar a Nicolás Maduro, por la vía de sublevaciones militares en 2019 y 2020, la situación política ha dado paso a un recrudecimiento de las persecuciones políticas y las violaciones de los derechos humanos; agudizada además, por los efectos de la reciente pandemia causada por el nuevo coronavirus Sars-CoV-2. A mediados de septiembre de 2020 fue presentado el informe de la Misión Internacional Independiente, delegada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para investigar las denuncias contra el Gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad, en una investigación in situ que tuvo como encargo corroborar la comisión de estos delitos a partir de 2014, y del que el régimen de Maduro rechaza sus conclusiones.

Más recientemente, y a pesar de la celeridad de las medidas tomadas por Maduro para afrontar la pandemia, el sector sanitario ha denunciado la falta de transparencia en el registro epidemiológico, una política que el régimen ha practicado durante años (el Gobierno ha limitado su acceso, hasta el extremo de destituir a la titular de Salud por divulgar un boletín estadístico). La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha señalado las consecuencias devastadoras del coronavirus sobre una población vulnerable, sin acceso a la atención médica, en situación de inseguridad alimentaria y sin servicios básicos como agua potable y electricidad, agravándose con la centralización del Gobierno en materia de seguimiento de casos y la opacidad en el manejo de la información.

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La discusión sobre la crisis venezolana ha pasado de la cada vez más improbable salida de Maduro del poder a enfocarse en las consecuencias de la consolidación de su régimen autoritario y el subsecuente dilema opositor de participar en unos comicios que le legitimen. El debate sobre si se trata de su fortalecimiento en el poder o de una oportunidad para la negociación de una transición termina inevitablemente con la pregunta de si Venezuela es un Estado en crisis, débil, colapsado o fallido (Polga-Hecimovich; Bastidas; Fisher y Taub; Torres).

Nation-states fail when they are consumed by internal violence and cease delivering positive political goods to their inhabitants. Their governments lose credibility, and the continuing nature of the particular nation-state itself becomes questionable and illegitimate in the hearts and minds of its citizens.

R. Rotberg, 2003

Esta noción de Estado fallido según Robert Rotberg es imprecisa, además de poco investigada. En su trabajo sobre las fallas y el colapso de las naciones- estados, el autor diferencia al Estado fallido del Estado débil, mientras los estados ‘fuertes’ son aquellos que ofrecen altos niveles de seguridad frente a la violencia política y criminal, en los que hay respeto por las libertades políticas y civiles; evidencias de crecimiento económico; garantías de Estado de derecho e independencia del Poder Judicial; calidad de infraestructuras, servicios públicos, educación, salud pública y promoción de la paz y el orden social. Frente a éstos, los ‘débiles’ son estados en crisis, que pueden presentar debilidades estructurales: geográfica, física, o limitaciones económicas. También puede tratarse de estados fuertes que atraviesan por crisis temporales debido a conflictos internos, fallas en el manejo del gobierno, codicia, despotismo o ataques externos, pero que aún no se han consumido en la violencia.

El Estado ‘fallido’ es visto como aquél cuya autoridad se ha desintegrado, viéndose imposibilitado de cumplir con sus tareas fundamentales, según Bressan. Por su parte, Rotberg lo describe como una situación caótica en la que se combinan la anomia con la necesidad de alivio humanitario, es decir, cuando son consumidos por la violencia interna y cesan de proporcionar bienes políticos positivos a sus habitantes. Siguiendo con Rotberg, el Estado ‘colapsado’ es una versión extrema del fallido, cuando los bienes políticos son obtenidos por medios privados o improvisados, acentuando el vacío de poder.

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La Crisis States Research Network de la London School of Economics ofrece una clasificación en la que, además de Estado frágil y fallido, define también el Estado en crisis como aquél bajo un estrés agudo, donde la institucionalidad afronta serios desafíos sin la posibilidad de responder a conflictos.

La definición del Estadodébil’ nos parece más cercana a la realidad contemporánea de Venezuela, que de acuerdo con la ‘Classification of Fragile and Conflict-Affected Situations’ del Banco Mundial se encontraría en la categoría de ‘alta fragilidad institucional y social’. Este organismo multilateral define a los estados débiles como aquéllos que reúnen una o varias de las siguientes características: (a) el entorno institucional y de políticas está debilitado; (b) cuenta con una operación de mantenimiento de la paz de la ONU; y (c) presenta una migración de 2.000 o más personas por 100.000 habitantes, considerados internacionalmente como refugiados necesitados de protección internacional; y/o aquellos que no están en conflicto de mediana o alta intensidad.

A pesar de la dificultad de lograr una definición más homogénea de Estado fallido, hay consenso en cuanto a las funciones básicas por las que se puede medir el desempeño estatal: como lo sintetiza Moritz, la representación, seguridad y bienestar de la población. Ahora bien, para que el Estado desarrolle la capacidad de responder a esas expectativas, su proceso original de construcción va a influir en su posterior habilidad para la gobernanza; porque dichas funciones, según Moritz, son más producto del proceso de formación estatal que su consecuencia. Por otra parte, y en contraposición a la noción de vacío de poder como consecuencia del colapso del Estado, Titeca y De Herdt han encontrado que no lo hay ante la ausencia del Estado, pues cuando esto ocurre otros actores no-estatales satisfacen la demanda de bienes públicos.

La discusión sobre si la crisis en Venezuela debe plantearse a partir de la naturaleza de un Estado fallido todavía no encuentra consenso. Por una parte, Naím y Toro, por un lado, y Torres, por otro, consideran que el país ya transita por ese camino; en otra aproximación se discute en términos condicionales (Bastidas), o se define como quiebra estatal, evitando llegar a la clasificación de fallido (Polga-Hecimovich). No es tan sólo un problema de etiqueta, sino más bien de las condiciones de desarrollo de unas bases metodológicas para la democratización que sean viables.

El deterioro de la institucionalidad y, con ello, de su capacidad de provisión de bienes públicos resulta incontrovertible en el caso de Venezuela. Las condiciones materiales de vida han sido suprimidas hasta extremos infrahumanos, a lo que se le añade la alta tasa de criminalidad y de violencia política. Si los indicadores socioeconómicos y de desarrollo humano son suficientes para decidir si un Estado es viable operativamente, no hay duda de que Venezuela no cumple con estos criterios. Sin embargo, los venezolanos han respondido a la incompetencia estatal en la provisión de servicios públicos con la iniciativa privada, desde la compra de plantas eléctricas hasta la construcción de pozos de agua para cubrir la demanda de servicios públicos. Sin embargo, el asunto de la seguridad es más complicado, porque se trata de un fenómeno en donde el Estado venezolano y su régimen político han sido señalados por organismos internacionales como los principales promotores de la violencia, haciendo prácticamente imposible garantizar esa seguridad por outsourcing. Esto sería la antesala de un conflicto civil.

Finalmente, la consolidación del chavismo ha estado ligada a la preponderancia del poder militar en la conducción política del país, cuyas funciones de vigilancia del orden público y defensa de la soberanía han sido vinculadas a la comisión de delitos de lesa humanidad. Con la reciente creación de las Zonas Económicas Especiales Militares, bajo el argumento de fortalecer la capacidad productiva en el país, queda evidenciado el rol preponderante del poder militar en el manejo de la economía del país, que arrancó con Hugo Chávez y su preferencia por designar militares en altos cargos burocráticos y se profundizó con las sucesivas reformas legislativas, asociadas a la estrategia de ‘coup-proofing’ ; sobre todo tras el intento de golpe de Estado de 2002. Lejos de la desintegración estatal, lo que ha ocurrido con el monopolio legítimo de la violencia física ha sido la diversificación de su portfolio de funciones, donde actores estatales y no estatales sirven para los propósitos del poder político.

Puede que el Estado venezolano no calce todavía en la definición de fallido, pero no es menos cierta su incapacidad para la representación, provisión material y seguridad que justificaría su existencia. En todo caso, su fragilidad hace pensar que, de no haber una corrección en el rumbo, en poco tiempo estaremos frente a mayores razones para justificar esa categorización.

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