Villarejo: lo público y lo privado

Gorra, gafas de sol y carpeta que oculta medio rostro. La enigmática imagen de José Manuel Villarejo, policía jubilado desde agosto de 2017, es ya una imagen familiar en los medios de comunicación y un icono de lo que se conoce como ‘cloacas del Estado’. Se le supone en posesión de una ingente cantidad de información sensible (32 Terabytes en ficheros encriptados, señalan algunas fuentes) que amenaza constantemente con revelar si continúan sus actuales problemas judiciales que le mantienen en prisión provisional desde noviembre de 2017 en el marco de la ‘operación Tándem’. La nómina de damnificados por estas supuestas revelaciones empieza ya a ser bastante larga: el rey emérito, la ministra de justicia Dolores Delgado, la ex secretaria general del PP Mª Dolores de Cospedal y, últimamente, el BBVA.

Este último episodio reúne algunos elementos sobre el funcionamiento de nuestras instituciones públicas que merece la pena analizar como, por ejemplo, la tendencia de nuestros gobernantes a intervenir en el funcionamiento interno de las grandes empresas del país. De ser cierto lo que hemos conocido estos días -y esta cláusula de precaución hay que mantenerla muy viva en todo lo que tiene que ver con los manejos del excomisario-, estos supuestos hechos que se remontan a los años 2004 y 2005 reflejarían los intentos por parte del gobierno de Zapatero para forzar un cambio en la cúpula del banco. De esta forma, se trataría de forzar la salida de quien había llegado a esa posición con el apoyo del gobierno anterior de José María Aznar. Todos estos movimientos estratégicos y supuestas conspiraciones con los que construir vínculos privilegiados con grandes empresas, parecen haber sido una constante de todos nuestros gobiernos en todos los niveles territoriales y reflejarían la construcción de grandes redes clientelares con las que se ha tratado de reforzar las posiciones de poder conquistadas.

Muchos economistas, como por ejemplo Luis Garicano o Carlos Sebastián, vienen denunciando desde hace años los enormes costes en productividad y desarrollo que tienen estos juegos políticos. Más recientemente, en un informe escrito con Paco Alcalá, hemos tratado de calcular someramente cuánto nos cuesta este déficit de calidad de nuestras instituciones públicas y de insistir en la relevancia de mejorar el funcionamiento de las mismas.

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Pero, más allá de los problemas de este capitalismo de casino, las diversas andanzas del comisario Villarejo reflejan también algunos problemas de organización, diseño e incentivos de nuestras administraciones públicas, ejemplificados en este caso en la organización de la policía. Villarejo ha sido un funcionario público desde su entrada en la policía con 22 años en 1972 y hasta su jubilación en 2017. Es cierto que gozó de una excedencia durante diez años, de 1983 a 1993, en los que aprovechó para crear una trama empresarial que mantuvo vigente incluso después de su vuelta al servicio activo. Por tanto, mientras trabajó para el BBVA en la ‘operación Trampa’ y, en años posteriores, era un funcionario público en activo. En su primera declaración ante los fiscales del ‘caso Tándem’, Villarejo admitió que nunca había solicitado formalmente la compatibilidad para realizar actividades privadas, pero que sus superiores conocían estas actividades y las toleraban. La gran pregunta en torno a este caso es precisamente cómo fue posible que se permitiera a este personaje llevar a cabo tales actividades privadas de manera groseramente irregular.

Hay dos grandes claves para contestar esta pregunta. La primera tiene que ver con las debilidades del control de los conflictos de interés de los funcionarios y, en concreto, de la policía. Es cierto que, en general, el Departamento de Asuntos Internos de la policía suele funcionar de manera contundente cuando hay sospechas sobre posibles actividades irregulares. De hecho, aunque tardía, en el caso de Villarejo asuntos internos llevó a cabo una investigación en 2015 que concluía que los negocios privados del comisario eran incompatibles con su función pública. Sin embargo, este informe acabó dando lugar a la destitución de su autor en lugar de la del implicado, lo que evidencia que, en casos como éste en el que el afectado cuenta con la protección de sus superiores, los mecanismos diseñados para mantener la integridad de los miembros de la organización son demasiado débiles.

La segunda clave tiene que ver con este resultado. ¿Por qué han protegido a Villarejo sus superiores, tanto con ministros socialistas como con ministros populares? Está claro que Villarejo llevaba a cabo tareas de dudosa legalidad que se ofrecía a realizar o que le eran encargadas, como por ejemplo, los informes supuestamente falsificados para desacreditar a líderes del ‘procés por la así llamada policía patriótica y casos semejantes. Una vez que entraba en ese tipo de intercambios, el comisario se aseguraba de guardar información clave que permitiera evidenciar de dónde procedía el encargo. De esta manera, realizando este tipo de tareas inconfesables, se garantizaba su protección dentro de la organización policial. Si a esa práctica sumamos la tendencia que casi todos los partidos han tenido de instrumentalizar a la policía (como a otros sectores de las administraciones públicas bajo su control) para llevar a cabo tareas que solo servían a los intereses de tales partidos, el resultado es una trama de intereses cruzados que le proporcionaba un estatus de intocable.

Ante una situación como la descrita, muchos observadores pueden verse tentados a dejarse llevar por una indignación tan profunda como para sostener que “todo el sistema está podrido” o que “hace falta una limpieza integral que complete la transición democrática que nunca se realizó del todo”. Sin embargo, creo que estos discursos apocalípticos no son justos ni prácticos. Los datos del CIS muestran que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son la institución pública mejor valorada, con diferencia, en nuestro país y que no ha sufrido la pérdida de credibilidad del resto de instituciones públicas como consecuencia de la Gran Recesión.

Si nos fijamos en este caso, aunque tarde, Asuntos Internos cumplió con su función y quienes fallaron fueron los mandos de la Dirección General de la Policía y los responsables políticos del Ministerio de Interior. Es más, ante lo que estaba ocurriendo, alguien hizo llegar un informe anónimo sobre las actividades irregulares de Villarejo a la Fiscalía Anticorrupción y el autor del informe que denunciaba la incompatibilidad de los negocios del comisario acabó presentando una querella contra la cúpula policial. Por tanto, la posibilidad de evitar que haya más Villarejos en la policía no pasa por derribar nuestras instituciones públicas, sino por mejorarlas mediante al menos dos tipos de medidas. Por un lado, reforzando los mecanismos de integridad y dotando de mayor independencia y autoridad a quiénes han de controlar los comportamientos de los miembros de estas organizaciones. Por otro, haciendo más difícil si no imposible que los políticos que están al frente de una organización pública puedan instrumentalizar a ésta para perseguir sus intereses particulares a costa del interés general.

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