Voto electrónico en Perú: auditoría y clima de confianza

En Perú, gran parte de la ciudadanía se encuentra sumergida en la era digital. Es habitual el uso de las aplicaciones o soluciones tecnológicas, que organismos públicos (municipalidades, organismos autónomos, etcétera) o privados (la banca, universidades) ponen a disposición de las personas para facilitar trámites o transacciones, evitar desplazamientos o simplificar procedimientos en los que se involucra una política global sobre el cuidado del medio ambiente, con el objetivo de cero papel en el envío de comunicaciones.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando trasladamos la innovación de la era digital a los mecanismos que utilizamos para mantener viva la democracia, y que nuestros sistemas políticos-electorales reconocen y afianzan a través de los comicios para elegir autoridades?

En Perú, el voto electrónico (cuya finalidad es automatizar los procesos de la jornada electoral) se presenta como una solución tecnológica que “permite una mayor rapidez en la comprobación de la identidad del elector, conteo de votos y generación de resultados”. Fue con la Ley Nº 28581, promulgada el 20 de julio de 2005, cuando se autorizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) iniciar la implementación gradual y progresiva el voto electrónico en el país, y más tarde, con la Ley Nº 29603, se otorgó a la Onpe autonomía para establecer el procedimiento necesario para aplicar esta nueva modalidad.

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Sin embargo, no fue hasta la segunda elección presidencial de 2011 que este mecanismo, en su modalidad presencial, se implementó por primera vez en un distrito del Perú, con un total de 1.180 electores para esa convocatoria (distrito de Pacarán, provincia de Cañete, región Lima).

Como toda medida que busca cambios y aborda retos para evolucionar en un proceso, se plantean interrogantes y cuestionamientos. En el caso del voto electrónico, y el valor agregado que este mecanismo procura, éstos se centraron en la nueva forma de votar y en la seguridad sobre los resultados que se producen el día de la elección, así como en la posibilidad de manipulación por parte de un agente externo para otros fines, así como otras garantías que deben existir para traducir fielmente la voluntad popular en votos, de acuerdo a la Constitución Política del país.

En este escenario, uno de los retos principales que afronta el voto electrónico en Perú está relacionado con el fortalecimiento de los niveles de comunicación, considerando los diferentes escenarios que una coyuntura política puede presentar, para evitar la sospecha (o abierta desconfianza) en los resultados. La situación más recurrente podría ser una votación con márgenes estrechos, en donde la solución tecnológica debe, sobre todas las cosas, garantizar la confiabilidad sobre la integridad del voto y los resultados.

La incorporación al debate del voto electrónico en Perú se produjo tras los resultados de las elecciones de 2016, donde con una participación de poco más del 80% de electores, los resultados marcaron una diferencia del 0,2% entre los dos candidatos más votados. Para ese proceso de elección se planificó la implementación de este mecanismo en 30 distritos, que abarcaron 8.871 locales de votación, que en su gran mayoría estuvieron ubicados dentro de la capital (Lima). Sin embargo, debido a la preocupación de algunas organizaciones políticas por el uso del nuevo sistema y la coyuntura política del momento, la Onpe consideró reducir el alcance de la solución tecnológica, teniendo en cuenta la gradualidad de su puesta en funcionamiento, lo que llevó a la selección de 19 distritos con 2.194 locales de votación y 743.169 electores cansados.

Hubo incidentes en el desarrollo de la votación electrónica. Un sistema de esta naturaleza puede presentar fallos en los equipos o en los servicios de conectividad y, por ello, necesariamente se produjeron contingencias que se resolvieron mediante el voto convencional, alternativa ante eventuales situaciones de este tipo. Sin embargo, durante la primera elección sólo fueron ocho los casos en los que fue necesario el uso de la contingencia, según el Jurado Nacional de Elecciones). Asimismo, se registraron unas pocas incidencias referidas a la capacitación de los electores para el uso de las máquinas. Los riesgos en el uso de los sistemas que involucran tecnología están ahí, pero las incidencias permiten también tomar las medidas correctoras necesarias a futuro y mejorar de esta forma el mecanismo.

La exigencia en un proceso de elección se focaliza en la confidencialidad del voto y en la transparencia de todos los actos previos y posteriores para lograr resultados que sean respaldados por la ciudadanía y los actores involucrados. En el caso del voto electrónico, se sabe que está garantizada por el organismo electoral responsable de su implementación, del organismo fiscalizador, organizaciones políticas, ciudadanía organizada y de observadores nacionales o internacionales. De esta forma, la confiabilidad de la operación reside directamente en la confianza hacia los organismos electorales y a la participación de todos los actores involucrados para la transparencia y la gestión de la seguridad del sistema.

La comunicación permanente y  la participación de todos los actores debe ser una regla general para contrarrestar la desconfianza. Otro elemento a tener en cuenta son las auditorías al sistema y la difusión de los resultados como parte esencial en la generación de ese clima de confianza hacia los nuevos mecanismos, pues pueden surgir dificultades técnicas, pero las sociales y políticas son las que se deben prever para evitar un conflicto. En el debate, llevar los cuestionamientos a la situación de países vecinos, es colocar la herramienta per se, como una potencial arma.

En el caso peruano, las autoridades electorales son elegidas por colegiados o por concurso público y, por tanto, son sometidas al escrutinio de la ciudadanía durante el proceso de postulación, evitando con ello que personas no idóneas lleguen a ocupar esos puestos de responsabilidad. Reclamar la eliminación de la herramienta para evitar que el proceso de elección sea vulnerado por personas con dominio de las herramientas electrónicas es seguir colocando a la solución tecnológica como el problema cuando puede ser la solución.

Hasta aquí sólo hemos hablamos del voto electrónico presencial. Pero si uno de los objetivos de todo proceso democrático es garantizar el derecho al voto a toda la ciudadanía, y eso incluye a los ciudadanos peruanos en el extranjero, el voto electrónico no presencial podría llegar a convertirse en una necesidad. Este mecanismo aún no se utiliza en comicios de calendario fijo; tan sólo se ha probado en elecciones de asociaciones o colegios profesionales, en donde su operatividad en relación al tiempo para obtener los resultados es más que notoria. Sin embargo, insistimos, la comunicación en el uso de la tecnología es importante para garantizar su utilidad y confianza, sobre todo en procesos democráticos.

Surge la pregunta ¿Hasta dónde está dispuesta la ciudadanía a confiar los destinos de la democracia en la tecnología?

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