El 21 de noviembre pasado se celebraron elecciones ejecutivas y legislativas, regionales y municipales en Venezuela. Al conocerse los resultados, la coalición del Gobierno (el Polo Patriótico) se llevaba 19 de las 23 gobernaciones; las fuerzas de oposición, tres, postergándose una semana los resultados del Estado de Barinas, patria chica del comandante eterno y bastión de la familia Chávez. En un reñido final, los números en Barinas finalmente favorecieron a la Plataforma Unitaria, paraguas que acogía a los principales partidos opositores, incluyendo al llamado G4 (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular). El hermano de Chávez, Argenis, gobernador de este Estado, era el candidato oficialista. Para evitar la inevitable proclamación de Freddy Superlano, el Gobierno ha urdido un golpe electoral.
Los resultados municipales arrojaron los números siguientes para las 335 alcaldías en disputa: el Polo Patriótico se ha hecho con 205, mientras 117 han ido a fuerzas opositoras diversas, pues en este nivel hubo un universo partidario y de alianzas más fluido. Así, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que lidera el
G4 con su emblemática
tarjeta de la manito, ha ganado 59, mientras 37 las ha ganado Alianza Democrática, otra unión de partidos opositores, y 21 se las han adjudicado otras agrupaciones no oficialistas.
Novedades del proceso
Se puede pensar que las elecciones regionales y locales no son, por lo general, muy relevantes; y que tampoco se esperan grandes sorpresas de ellas si tienen lugar en un contexto autoritario sin garantías y donde reinan las arbitrariedades y represión. Sin embargo, no fue el caso. Si bien el régimen es autoritario, ha habido sorpresas que pueden alterar algunos componentes del
statu quo e, incluso, llevar a la sociedad a nuevos escenarios.
Observemos primeramente al Gobierno: con el control de todos los poderes públicos, Nicolás Maduro y su entorno
son percibidos como hegemónicos, estables y consolidados. Por ello, aceptaron un juego electoral más flexible, hicieron concesiones que perseguían maquillar su faz autocrática, aliviar su aislamiento internacional, seguir sembrando cizaña entre los partidos opositores para mantenerlos divididos y alentar una oposición a su medida.
Por su parte, las fuerzas opositoras aparecen como muy fragmentadas, dispersas y débiles, tras el fracaso de sus estrategias para desplazar al Gobierno de Maduro. Además, con tres años optando al abstencionismo electoral y muchos de sus dirigentes en el exilio o inhabilitados, se han ido extinguiendo organizativamente y desconectándose de la población. Desde 2019, habían designado un presidente interino, Juan Guaidó, en la Asamblea Nacional (AN), que controlaban, y luego un Gobierno paralelo al de Maduro, con la pretensión de abrir un proceso electoral que lo quitara del poder. La estrategia fracasó, vino una pandemia que lo empeoró todo y
la población se fue desconectando de la política, frustrada por los fracasos y sumida en la peor crisis de su historia contemporánea.
[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Pero como las sociedades no dejan de buscar soluciones, actores políticos y sociales independientes del Ejecutivo y de la cúpula opositora del
G4 se han movilizado y activado en busca de alternativas. Acudieron al nuevo Parlamento, ahora enteramente controlado por el oficialismo, contactaron también con dirigentes del
G4 y lograron, mediante el diálogo, que se formara un Consejo Nacional Electoral (CNE) con rasgos que están a medio camino entre la arbitrariedad del poder de Maduro y la institucionalidad. Con dos de los cinco rectores propuestos por organizaciones de la sociedad civil, este organismo creado en mayo por la AN es la primera señal de una eventual y anhelada re-institucionalización que devuelva la gestión pública al servicio de la ciudadanía. Como han constatado la Misión de Observación de la UE (MOE) y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), sin duda las elecciones han seguido siendo inequitativas e injustas; ha persistido el ventajismo mediático y el uso de recursos públicos para las campañas de sus candidatos, así como las inhabilitaciones a candidatos opositores, esta vez con más saña contra disidentes
chavistas postulados por el Partido Comunista de Venezuela (PCV)... pero todo eso no ha impedido que la voz de la soberanía popular se hiciera presente, aunque aún como un susurro.
Qué nos dicen los resultados
Unos comicios de esta complejidad, pues estaban en disputa 3.082 cargos, se prestan necesariamente a diversas interpretaciones y a que cada uno lleve el agua a su molino. Todos han querido presentarse como triunfadores, aunque sus debilidades han emergido con fuerza por doquier.
Si analizamos el mapa de gobernadores y alcaldes, el oficialismo se puede atribuir el triunfo al controlar 19 de las 23 gobernaciones y 205 alcaldías. Sin embargo,
el total nacional de sus votos es el menor histórico del 'chavismo-madurismo'. Además, en el caso de las alcaldías, su número ha disminuido significativamente pues antes controlaba 305. La fuerza política del
chavismo tiende al declive, lo que corroboraría el caso de Barinas, que veremos más adelante.
Por su parte, los opositores han mantenido su número de gobernaciones y aumentado considerablemente sus alcaldías. Si se suman los votos de los candidatos que obtuvieron los puestos segundo y tercero, en 14 estados se puede ver que, de haber presentado candidaturas unitarias, habrían ganado esas gobernaciones. La división, la ausencia de un pensamiento estratégico, el individualismo y la poca inteligencia política explican este resultado insatisfactorio, sobre teniendo en cuenta que, según las encuestas, el 80% de los venezolanos quiere un cambio. En el Estado de Zulia, arrasó el candidato a gobernador de la Plataforma Unitaria, y además
capturaron 15 de las 21 alcaldías en disputa.
La participación es la que concita opiniones más disímiles. El promedio nacional oficial fue del 42,2%. Como el padrón electoral no ha depurado los millones de electores que están fuera del país, se puede asumir que la participación fue superior en varios puntos, cercana al 50%. Es un porcentaje satisfactorio, incluso bueno, porque no siendo una elección presidencial, ni nacional ni el voto obligatorio, la participación fue mayor que la de las elecciones parlamentarias de 2020, apuntando a un discreto regreso de la confianza en el voto que se había perdido debido a los comicios fraudulentos, los llamamientos a la abstención, el desencanto hacia la política y los políticos y otros factores.
Qué toca ahora
La concurrencia de la mayoría de los partidos opositores a estas elecciones ha sido una buena noticia; también, el repunte de la participación. El mayor mérito de estos
regresos ha sido de actores sociales y políticos emergentes, especialmente de organizaciones cívicas, que han ido movilizándose, organizando y tejiendo redes y plataformas, planteando nuevas estrategias para que la participación popular recuperara protagonismo. Muchos partidos políticos se habían montado sin convicción ni entusiasmo, buscando más bien quedar como cabezas de la oposición y negándose a construir estrategias unitarias. Los resultados están a la vista. En vez de 12 o 14 gobernaciones, han logrado tres. En este contexto, cobran mayor importancia los modestos avances promovidos por las organizaciones cívicas y la ciudadanía, que votó pese a las adversidades.
Una semana después de la votación, el CNE aún esperaba tres actas del Estado de Barinas retenidas por el jefe militar de la Zodi (Zona de Defensa Integral) de esa región; instancia que, como encargada del
Plan República, tenía la función de llevarlas a la Junta Electoral regional. Ante el
impasse, el CNE ordenó trasladarlas a su sede de Caracas, donde se produjo el recuento que otorgó la victoria del opositor Freddy Superlano. Fue entonces (27 de noviembre) cuando se produjo el golpe electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), brazo operativo de Maduro.
En una primera decisión, ordenaron detener el recuento. Pero como el CNE ya lo había terminado, emitieron de inmediato una segunda reconociendo la victoria de Superlano aunque, inmediatamente después, suspendiendo la elección bajo el argumento que el candidato estaba "inhabilitado". Convocaron nuevas elecciones para el 9 de enero de 2022. Ninguna de estas medidas es legal, pues en Venezuela el CNE es un poder independiente y esas medidas forman parte de sus atribuciones. La inhabilitación, por su parte, nunca había llegado oficialmente. De haberlo hecho, se habría rechazado la candidatura en el momento en que se registró. Al conocerse la decisión de ir a nuevas elecciones, el candidato oficialista renunció. En una apretada votación (tres a dos), el CNE acató las medidas del TSJ.
Cuando el
soberano se expresa, pasan cosas como en el Estado de Barinas. El coste político del zarpazo dependerá, sin embargo, de que la ciudadanía, la sociedad civil y los partidos opositores sepan aprovechar la debilidad que ha exhibido la dictadura en estos comicios. A corto plazo, toca mantener la movilización y unirse tras un solo candidato para seguir descolocando al poder neo-patrimonial en ejercicio en Barinas; pensar estratégicamente para convertir ese susurro de noviembre en una voz potente. Para ello, es imperativo reclamar la celebración de elecciones postergadas durante años en gremios, sindicatos, colegios profesionales, universidades y partidos políticos, reactivando así la participación pacífica con todo su potencial para generar organización, empoderamiento y apertura de espacios democráticos.
