Todavía no conocemos qué defenderá el Gobierno español en Europa respecto a la prohibición de coches y furgonetas que no sean de
cero emisiones a partir de 2035.
Puesto que el acuerdo alcanzado en la COP-26 no era vinculante, ¿por qué nuestro país no lo suscribió?
En la pasada COP-26, España se mantuvo en muchas cuestiones bajo el paraguas europeo, posiblemente para evitar conflictos políticos tanto a nivel europeo como nacional. Se estaban ya negociando los Presupuestos Generales del Estado para 2022, esenciales para la continuidad del Gobierno, y hay una fuerte presión del sector del automóvil hacia cualquier medida que ponga en peligro los golosos números de su cuenta de resultados. También hay cierto recelo entre los sindicatos. Sin embargo, no hay que olvidar que
el sector del transporte y la movilidad es el segundo más contaminante de España.
En 2020, año pandémico, fue el responsable del 27,7% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que en 2019 se había alcanzado el 29%. A pesar de esta reducción, se prevé que la reactivación económica provoque un aumento de las emisiones de entre un 4,1% y un 5,7%, y se vuelva a niveles anteriores a la crisis, según señala el último informe de
Global Carbon Project.
Es cierto que
el sector del automóvil es estratégico para el PIB nacional y para el empleo. Al menos así lo afirman fuentes del sector, cuyas cifras han utilizado tradicionalmente los distintos gobiernos para justificar su papel y cualquier medida que les favorezca. Esto les otorga una gran capacidad de influencia política que, entre otras cosas, da como resultado la concesión de millones de euros en ayudas públicas, recibidas por las compañías para que mantengan la producción en el país y, con ello, los niveles de empleo y las condiciones.
[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
Sin embargo, mientras la industria se aferra a esta argumentación, la transición es inevitable y se corre el riesgo de que España sea superada por otros países que apuestan claramente por las tecnologías de
cero emisiones.
Ya hay empresas que concentran la producción de vehículos 100% eléctricos en su país matriz y la de vehículos contaminantes en España. Esto puede sacarnos fuera del tablero, con sus consecuencias para la economía y el empleo en el medio y largo plazos.
Aunque la Ley de Cambio Climático y Transición Energética fijó 2040 como el año en el que quedaría prohibida la venta de vehículos que no fueran de
cero emisiones, fuentes gubernamentales señalaban que
la fecha se adelantaría a 2035 si se aprobara la propuesta de la Comisión Europea presentada en el marco del paquete 'Fit for 55'. Hasta donde sabemos, la posición española en esta negociación no está fijada, pero tampoco se apoyó la declaración suscrita en Glasgow en este sentido. Ser coherentes con los objetivos y compromisos adoptados debiera ser la premisa a seguir por el Gobierno, máxime cuando ya hay una región española (Islas Baleares) que estableció esta prohibición para 2025 y 2035, según la tecnología, y hay ciudades y empresas que suscriben esta fecha e incluso anteriores. Además, según una
encuesta realizada por el diario
El País en el marco de la COP-26, el 63% de españoles apoya adelantar el veto a 2035.
En un momento en el que tan
sólo siete ciudades, de entre las 80 españolas más pobladas, cumplirían con las nuevas recomendaciones de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), suscribir compromisos como el de la prohibición de venta de vehículos contaminantes para 2035 es indispensable. No podemos olvidar que
en España mueren prematuramente cada año alrededor de 30.000 personas por enfermedades asociadas a la contaminación y que, según un reciente estudio,
Madrid es la ciudad europea con más muertes por la polución del aire provocada por el tráfico,
y Barcelona la sexta. Esto demuestra que deben darse pasos a nivel nacional que lleven a cualquier rincón del territorio a disponer de un aire limpio y saludable, superando también medidas locales vendidas como pioneras y sostenibles cuando realmente se alejan enormemente del significado de estas palabras; también a nivel regional y municipal.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima incluye una reducción del 33% de las emisiones de este sector antes de 2030 y alcanzar, al menos, los cinco millones de vehículos eléctricos. A su vez, el Gobierno dedicó el primer Plan Estratégico de Recuperación y Transformación (Perte) a la movilidad eléctrica y lo dotó con 24.000 millones de euros para 20212023. Y, desde marzo, está en marcha el Plan Moves III que, con 400 millones hasta 2023, incentiva la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga. Es momento que las regiones también se comprometan con el fin de la venta y circulación de esta clase de vehículos. El camino para lograr una transformación de la movilidad hacia las emisiones cero y hacia la reducción del número de vehículos pasa por aprobar medidas que permitan cumplir estos objetivos, a todos los niveles.
Que 30 países y seis compañías automovilísticas suscribieran este acuerdo en el marco de la COP-26 no debió sorprender a nadie.
La sorpresa real fue que ni Alemania, ni Francia ni España lo hicieran, puede que por buscar una posición comunitaria común o porque los contextos nacionales pesaran más. La Agencia Internacional de la Energía recomienda que los vehículos de combustión interna se eliminen gradualmente de las grandes ciudades para 2030, y que se prohíba su venta a partir de 2035. En abril de este año, 27 empresas europeas ya hicieron un llamamiento para que los legisladores comunitarios fijen en 2035 el final de la venta de nuevas furgonetas y automóviles de combustión. Sin olvidar que Naciones Unidas instó a todos los países desarrollados a dejar de fabricar coches de gasolina, diésel u otros combustibles fósiles en ese año.
Nos encontramos en un momento transicional y de grandes cambios en el que el gran reto es conseguir compromisos firmes (públicos y privados) antes de 2030 porque sólo así España podrá lograr la neutralidad climática en 2050. Directa e indirectamente, no debe haber lugar para los combustibles fósiles y los pasos hay que darlos ya, actuando y comprometiéndose. El papel lo aguanta todo, pero no hay que olvidar que para la contaminación no habrá vacuna y que lo que está en juego es la existencia de todos. Nuestro país debe ser consecuente y debe apostar, tanto a nivel europeo como nacional, regional y local, por la completa
descarbonización del sector.
