Ha terminado la última
cumbre del clima, y para muchos no está claro si se ha logrado algo importante. El titular es el
Acuerdo de Glasgow, el compromiso internacional para limitar la subida de temperaturas a 1,5ºC, con una mención explícita al abandono progresivo de los subsidios al carbón. En el lado positivo, hay que valorar el acuerdo respecto al metano, la colaboración bilateral China-EE.UU. y muchos avances técnicos respecto a las métricas y la transparencia con la que los países van a medir el cumplimiento de los objetivos. Al mismo tiempo, en los análisis del Climate Action Tracker (CAT) se afirma que las previsiones de emisiones de varios países no casan con el objetivo designado. Según los planes nacionales para 2030, el planeta se enfrentaría a una
subida de 2,4ºC. Además,
con la excepción del acuerdo con Sudáfrica, habría faltado un mayor compromiso financiero de los países ricos con la transición climática en el sur global. Esto supone una clara decepción para los países más vulnerables, que ya están ya sufriendo las sequías, tormentas y otros factores climáticos asociados al calentamiento global.
Este último elemento, el de las finanzas, es relevante para todos los países. Además de los costes de mitigación en países en desarrollo,
sólo el 25% de las tecnologías necesarias para la transición climática estaría en una fase 'madura' de implementación. Si bien la cobertura de cumbres como la COP suelen tratar la diplomacia y las líneas rojas de cada país, de lo que se está hablando en esta fase de la crisis climática es de algo mucho más importante. Una vez aceptada la premisa de que cabe prevenir un calentamiento global, lo que resta es hablar del camino a seguir. Y si esto suena mucho a planificación es porque lo es. En lo que queda de siglo XXI, la incógnita clave en la política climática es la naturaleza de la financiación y planificación que nuestros líderes contemplan para alcanzar los objetivos fijados. Y,
por el momento, la vía elegida puede que sea impracticable para alcanzar los objetivos de una manera clara y justa para ciudadanos de todo el mundo.
Los fundamentos de la planificación climática asentada en las señales de mercado
Pese a que el término 'planificación' puede sonar exagerado, lo cierto es que este elemento es consustancial a las economías contemporáneas. Como
describió Polanyi a mediados del siglo pasado, estados y mercados actúan de manera coordinada para proveer de bienes y servicios. Desde el lado de los estados se toman medidas muy importantes para los negocios, como las regulaciones bancarias, pasando por las normas urbanísticas o los planes de coordinación de inversiones que conocemos como
política industrial. Igualmente, en el interior de las empresas privadas y sus proveedores existen altos grados de centralización de información y planificación. Un
ejemplo es Wal-Mart, cuya cadena de suministro informatizada responde a los flujos de información que generan sus almacenes y tiendas. Cuando estos sistemas colapsan, observamos periodos de desajuste entre oferta y demanda con su consiguiente subida de precios; como ha sucedido tras la pandemia.
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El problema es que, como
indica el Instituto de Capacidades para el Desarrollo del Fondo Monetario Internacional (FMI),
esta convivencia del Estado y el mercado se ha convertido en tabú. El análisis minucioso de las recomendaciones de los informes nacionales del FMI confirma una transición clara desde los años 80. La disciplina económica hasta ese momento reconocía normalmente el importante papel estatal en promover las infraestructuras y políticas necesarias para el desarrollo económico. A partir de esa época, sin embargo, una revolución en el seno de la disciplina abandonó esta perspectiva. Aunque es un tema que podía tratarse con varios libros, en lo referente a este texto es una transición que resitúa al
mercado como la institución clave para asignar recursos. El Estado y sus agencias quedan desacreditados ya que, según Hayek y otros, son incapaces de predecir la miríada de decisiones individuales que suceden cada día para maximizar la utilidad. Como
narra Mirowski, la doctrina neoliberal sostiene que el mercado y su sistema de precios suponen el mecanismo planificador definitivo, y el único papel que el Estado debe ejercer es el de construir los mercados y defenderlos de distorsiones.
Influida por esta visión de la economía, la acción contra el cambio climático se plantea a menudo en el contexto de mero fallo de mercado, la clásica
tragedia de los comunes. Es decir,
la degradación del halo protector de la atmósfera y de nuestros ecosistemas tendría lugar porque el coste marginal a corto plazo de dejar de contaminar se percibe mayor que el beneficio, que además llegaría a largo plazo. Si la cooperación internacional en un mundo multipolar es ya de por sí complicada, sólo cabe añadir a la ecuación los sacrificios que implican cerrar minas y centrales de carbón, regular el vehículo privado o frenar la deforestación. De ahí que la lógica imperante sea la de las cumbres globales, donde las potencias y los países reticentes deben negociar para limar costes y repartir beneficios. Desde este punto de vista, la intervención debe limitarse a la
internalización en el cómputo de los costes atribuibles a cada actividad, teniendo en cuenta también la necesidad de incentivar acciones favorables a la transición ecológica.
Sin embargo,
hay problemas con esta perspectiva fundamentalista de mercado que nos alejan del objetivo de 1,5º. Sobre todo, su puesta en práctica es (por el momento) una utopía que no cumple ni con sus propios principios. Tomemos como ejemplo el diseño de nuestros bancos centrales. Según la teoría imperante en macroeconomía, estas instituciones funcionan de manera independiente al Gobierno de turno, buscando la estabilidad de precios. Pero las medidas monetarias extraordinarias tomadas desde la crisis anterior son de todo menos
neutrales. Por ejemplo,
el 57% del valor de los bonos corporativos adquiridos por el Banco de Inglaterra desde 2016 están asociados a actividades con altas emisiones que, sin embargo, sólo contribuirían con un 13,8% al empleo y un 19% al PIB. ¿Si ahora el Banco internaliza los precios al carbono, estaría incumpliendo su neutralidad? O, al contrario, ¿estaba actuando de manera sesgada cuando sostenía a empresas con elevadas emisiones?
Esta imposible compatibilidad entre el banco central de los libros de texto y los que existen en el mundo real nos devuelve a la casilla de salida. Efectivamente, el diseño de nuestras instituciones y sus objetivos importa, y mucho, para alcanzar la transición climática. Es decir,
la intervención estatal es más que deseable; existe ya 'de facto'.
Evitar los riesgos de basarse exclusivamente en criterios de mercado
Fuera de los designios utópicos de la
hipótesis del mercado eficiente,
nos enfrentamos a una crisis sin precedentes cuya solución no llegará (únicamente) mediante la introducción de tasas a lo que molesta y de subsidios a lo que nos gusta. Al contrario, como
indicaron Rosenbloom y otros, el cambio climático es un problema sistémico cuyos aceleradores son interdependientes y están profundamente ligados a la manera en que vivimos (y consumimos).
La fijación con los precios prioriza las soluciones más baratas, pero no las suficientes; optimiza de manera incremental lo que ya existe, frente a la construcción de nuevos mercados; y confía en la aplicación universal del principio mercantil, frente a la necesidad de localizar medidas. Pero quizá el argumento más importante sea el de las consecuencias distributivas:
efectivamente, la promoción de las señales de precios pretende que los consumidores (individuos y empresas) carguen con el peso de la transición. En parte, es
lo que estamos viviendo con la actual crisis en torno a los precios de la energía.
¿Son esto simplemente malos augurios? Existe un precedente histórico para esta senda de transformación, basada en la hipótesis de los mercados eficientes. Gabor y Weber la han
asociado con la transición post-socialista en Europa Central y del Este. En un momento dominado por el giro anti-estatal de los 80, los asesores de estos nuevos gobiernos democráticos aplicaron una
doctrina del shock mercantil. Los motivos, de nuevo, estaban respaldados por la teoría económica. Las economías planificadas habían fracasado por la abundancia de empresas poco productivas apoyadas por límites de crédito artificiales y la ausencia de incentivos para competir. Si se abrían estas economías a los circuitos internacionales de inversión, el resultado sería el despliegue de los incentivos de precio apropiados para una transformación productiva.
El resultado al corto plazo fue un desastre sin paliativos: cierres de empresas, desempleo, privatizaciones, fugas de capitales, inestabilidad política y, en países como Rusia, un aumento de la mortalidad y un descenso de la natalidad extraordinarios. Aunque quizá fue una consecuencia inevitable,
el paralelismo con China (de la que Weber es especialista) es llamativo: su apertura comercial tuvo lugar durante décadas, sujeta a reformas graduales. Es cierto que hay que moderar esta visión con un hecho indiscutible, ya que China sigue siendo un país autoritario mientras que la mayoría de la Europa ex soviética contiene democracias consolidadas. Pero la lección económica, que ya señaló Polanyi, es que
descontar el papel del Estado en las grandes transformaciones económicas es una receta para el desastre.
En el contexto del cambio climático, la imposición de esta
terapia del shock sin políticas públicas adicionales implicará una subida de precios generalizada para que reflejen los costes de carbono.
Sin protección, las consecuencias recaerán sobre los más débiles y sus hábitos de consumo.
Es un proceso que ya estamos viviendo y que está alimentando la polarización política.
Desde un punto de vista más optimista, el trabajo de Carlota Pérez
reflexiona sobre la importancia del Estado en apuntalar las revoluciones tecnológicas de siglos pasados. Para ello, es fundamental incidir en la necesaria planificación de infraestructuras clave: en los años de la posguerra, el predominio del vehículo privado y la
suburbanización fueron de la mano. Lo que se necesita ahora es otra clase de
terapia del shock:
una política industrial activa, que incentive nuevas tecnologías, cree nuevos mercados y construya las infraestructuras necesarias para evitar superar el límite de 1,5º.
"Nos podemos permitir todo aquello que seamos capaces de hacer"
En las cumbres del clima se enfatiza mucho la necesidad de la cooperación internacional; pero también es urgente la cooperación económica. El Estado y sus agencias deben comprometerse para poder financiar y acelerar la transición de nuevos sectores, sin que ello suponga un rescate encubierto de empresas fallidas. Hay muchas ideas al respecto. Como
indican Mazzucato y Thompson, una red de bancos verdes públicos, que emule al alemán KfW, puede proporcionar inversión a largo plazo; fondos de inversión soberanos, al estilo de Temasek en Singapur, pueden redistribuir ayudas que aminoren los costes del ajuste los ciudadanos; en la UE, organizaciones similares a la Cern en otros campos pueden generar iniciativas a escala continental; y las condicionalidades a empresas, a través de los fondos NextGenEU, pueden proteger empleos y promover la innovación.
¿Es más utópica esta propuesta de economía mixta que la convicción de que los precios correctos y un mercado autónomo llevarán a cumplir el mandato del 1,5º? En 1942, voces en el Banco de Inglaterra y la
City de Londres temblaban ante el auge constante de la cifra de endeudamiento y exigían un ajuste del gasto. Para defenderse de un continente europeo en manos de la Alemania nazi, el Gobierno de concentración nacional había exprimido al máximo los recursos del Imperio. ¿Como sería posible pagar esa deuda, se ganase o no la guerra?
"Nos podemos permitir todo aquello que seamos capaces de hacer", fue la respuesta de J. M. Keynes. Efectivamente,
los datos confirman esta hipótesis del economista británico. En las siguientes décadas, los países europeos pagaron sus deudas y también crecieron, sentando las bases del Estado del bienestar y del periodo conocido como los
treinta gloriosos.
Hoy tenemos la tecnología, los conocimientos, los trabajadores y los recursos necesarios para ganar esta guerra existencial para las generaciones futuras: la capacidad de pago debiera ser el menor de los obstáculos.
